Uno de los argumentos que he escuchado en contra de la sentencia de la Corte Constitucional a favor de la adopción de niños por parejas homosexuales es que Colombia no está preparada aún para leyes como esta y debo decir que hay algo de cierto en ello pero no solo en este tema sino en todos aquellos que atañen a las libertades individuales (aunque particularmente esta sentencia haya sido abordada desde el punto de vista de los derechos de los niños).
Con casi el 30% de la población en la pobreza y por tanto con bajos niveles de educación y además siendo nuestro país altamente religioso y muy conservador, es fácil entender el rechazo de la gente frente a ello. Por eso la única salida que han encontrado los detractores para impedir o retroceder estas decisiones, aún con todo lo anti-democrático que es imponer la opinión de las mayorías sobre las minorías, es a través de un referendo donde eventualmente ganarían.
Los esfuerzos para cambiar los índices de pobreza y educación deben ser muchos y en un largo plazo. Pero hay una situación aún más inquietante. Ni siquiera las propias instituciones del Estado reconocen estas leyes y por tanto no las hacen cumplir. Ni el procurador ha dejado que los hospitales practiquen abortos en los tres casos permitidos por la ley, ni el congreso quiso reglamentar favorablemente el matrimonio homosexual como se lo ordenó la Corte Constitucional, ni la policía deja que las personas fumen marihuana en los lugares públicos a pesar de que la dosis mínima está despenalizada hace dos décadas. Entonces, ¿cómo exigirle a la sociedad sabiduría sobre estos temas si el Estado como responsable de la educación y socialización de la ley no la cumple?
Esta es la consecuencia de la politización de órganos del Estado que deberían ser totalmente independientes no guiados por agendas partidistas sino por el cumplimiento de la ley. Infortunadamente no solo las cabezas de la procuraduría y la fiscalía pretenden imponer sus ideologías políticas sino que al parecer la utilizan en su propio beneficio para sus aspiraciones electorales. La reforma al equilibrio de poderes sin duda alguna mejorará la realidad actual del país en este tema pero también se necesitan actuaciones éticas de las personas y organismos involucrados.
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