“Dice el adagio popular: “lo que se hereda no se hurta”. Conmoción que generó la captura del hijo de su presidente, propicia reacciones de todo tipo, hiere susceptibilidades, pero no puede minimizar lo que trae por detrás: imputación de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito conexos a la campaña de 2022.”
Gustavo Francisco Petro Urrego se encuentra hoy al frente del golpe político más estratégico frente a su gobierno. En menos de un año, su mandatario, ha tenido que sortear más de una tormenta, pero esta es la de mayor coyuntura dado que trasciende lo gubernamental y se constituye en un drama personal para él y su familia. Show mediático que trajo consigo la noticia bomba del fin de semana, y las reacciones que se han desencadenado frente a la detención del diputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa, Day Vázquez, es la materialización de la inmoralidad que se ha tomado el ejercicio de la política, y la normalización del comportamiento inapropiado, al interior del colectivo social. A parte de ideologías, análisis paralelos con hijos de otros burgomaestres, ambos contravinieron la ley y deben responder ante la justicia.
Oscuro panorama, que se tiende sobre Colombia, siembra una fuerte incógnita sobre la sagacidad de su presidente para sacar adelante la gestión y no sucumbir en los próximos años con un gobierno a la defensiva y un país estancado. Barco a la deriva, que capitanea Petro Urrego, lo tiene absorto haciendo el quite a las tormentas, políticas y personales, que atomizan la gobernabilidad con líos judiciales, crisis mediáticas y una agenda legislativa fracasada. Que su mandatario hubiese dicho hace unos meses, en el marco de una entrevista con la Revista Cambio, que no había estado presente en la crianza de su hijo, no rompe los vínculos de afinidad, el dolor y la preocupación que debe tener Gustavo Francisco Petro Urrego por las pesquisas que parecen tomar un curso decisivo que llevará a juicio a Nicolás Petro Burgos. Respeto a la autonomía de la rama judicial y el ente investigador, que se ofreció desde Presidencia, será el eje que se necesite en el momento de acatar y respetar el fallo, sea cual sea, en el momento en que se produzca.
Nicolás Petro Burgos, hijo de su presidente, Fernando Petro Urrego, hermano de su presidente, Armando Benedetti y Laura Sarabia son solo la punta de un Iceberg que tiene en jaque, no mate, a Gustavo Francisco Petro Urrego que cada día está más cerca de verse impedido para ternar al próximo Fiscal, por un posible conflicto de intereses. Con un dedo es imposible tapar, o desviar la atención, de lo que en cada momento se hace más evidente, este gobierno fue elegido con alianzas non-sanctas con actores de la mafia y el crimen organizado. Captura de uno de los seis hijos de su mandatario desata en Colombia una tormenta política perfecta que se extenderá hasta las elecciones locales, comicios que tendrán lugar exactamente en tres meses. Difícil será para el Pacto Histórico negar las pruebas que se están observando y los vídeos en los que se delegó a Petro Burgos como responsable de la campaña en la costa, testarudo es defender lo indefendible.
Incómodo resulta para la izquierda los detalles del allanamiento, que se conocen conforme pasan los minutos, en la lujosa propiedad de Nicolás Petro Burgos se encontraron 25 millones de pesos en efectivo al momento de la captura. Diversos son los indicios que enredan al hijo de su presidente con prácticas conexas a la corrupción. Antes que victimizar a Petro Burgos, los fanáticos de la ideología progresista deberían ser críticos y con carácter admitir que lo que ahora ocurre distante está de ser una “jugadita” o “persecución” de la oposición y la institucionalidad que representa la Fiscalía. Asumir la responsabilidad es el camino para una apuesta política que por ahora tiene, como único argumento de defensa, el discurso de falta de garantías al desarrollarse las audiencias desde las instalaciones del búnker del ente acusador en Bogotá.
La celeridad del proceso, que resulta extraña para muchos, no desvirtúa la gravedad de los hechos, pero sí llama a que la Fiscalía sea igual de eficaz con casos que, con el show mediático, pasan a un segundo plano: Oscar Iván Zuluaga y Odebrecht, Centro Poblados, Robo a Ecopetrol, entre otros. Cada cual es dueño de sus miedos y responsable de lo que calla, mensaje de Rubén Blades a su mandatario, duro, pero acertado, es directo y trasluce lo que ahora ocurre, «el deber de un padre no acaba jamás», contraste fuerte que condena la infamia del «yo no lo crie» y el dejarlo solo en el marco del proceso. Presión social, que trae consigo la orden de captura, apartada está de alguna maniobra orquestada o coordinada de la Procuraduría o la Fiscalía, lo que ahora ocurre, que deleita a algunos con la desgracia ajena, es una cuestión de justicia y verdad. Si alguien termina tras las rejas será porque sus acciones lo han llevado allí.
Los delitos, que se imputan a Nicolás Petro Burgos, son actos que no ocurrieron en un solo momento, son muchas las pruebas y el acervo probatorio de vídeos, entrevistas y mensajes de WhatsApp que denotan que la Fiscalía no improvisó, y tampoco vulneró el debido proceso en este caso. La contravención a la ley ha sido evidente, lo que sale a la luz pública permite comparar este hecho con casos del pasado, situaciones que implican a familiares de quien ejerce la presidencia y selectivamente despiertan solidaridad o indignación. Episodio del hijo de su presidente hace recordar a Fernando Botero, y el proceso 8.000, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, entrada de dineros calientes a la campaña en donde los beneficiados pasan de agache, y no se responsabilizan, aduciendo que todo fue a sus espaldas. Son muchas las personas que se ven obligadas a amarrarse la lengua y morderse los labios porque el implicado en este episodio no es un tercero, en la campaña, sino el primogénito de su mandatario.
Los escándalos que salpican a Gustavo Francisco Petro Urrego, actos consumados que han cobrado la cabeza de ministros y funcionarios del gobierno, despiertan el delirio de persecución de una corriente que es dueña de los insultos, la injuria y la calumnia, sujetos expertos en mover la línea ética para obtener lo que quieren. El Pacto Histórico, sus militantes, y los partidos aliados deben asumir la responsabilidad política que les asiste en estos hechos. El grave daño que reportan estos actos a Colombia debe traer consecuencias a los partidos y sus dirigentes, el que Nicolás Petro Burgos tenga que responder ante la justicia penal no debe eximir al partido, y su presidente, de la responsabilidad disciplinaria que les corresponde por la financiación de la campaña. La extrema pasividad que ha tenido la izquierda, en el ejercicio del poder, es la que abre espacio para que ad-portas del primer año de gobierno lo que se destaque sean las jugadas sucias, los escándalos y las estrategias de cambio ligadas a un obsesión pagada con privilegios en el legislativo.
Convergencia de actores en el Pacto Histórico, con divergente experticia política, atomiza el futuro de la izquierda en el gobierno, perspicacia para capotear a la justicia hace enigmáticas figuras como la de Armando Benedetti y deja en el patíbulo, sacrificado, a personajes como Nicolás Petro Burgos. Lo que ocurre en Colombia, por estos días, no es un golpe blando al gobierno del cambio, la denuncia que tiene en aprietos a la familia de Petro Urrego fue interpuesta directamente por la exesposa de Petro Burgos, materialización de la conducta inapropiada de dineros del narcotráfico que circuló en la costa y llevaron a la captura de un delincuente. Falta de responsabilidad hace daño notable a su mandatario, el saber sortear a los enemigos no será suficiente para explicar cómo buena parte de la casta política del país tiene un maridaje con los sectores más tenebrosos de la nación.
Todas las columnas del autor en este enlace: Andrés Barrios Rubio
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