Opinión

Ni víctima ni victimario

El 15 de mayo del 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos con el objeto de dinamizar la economía colombiana a partir del aumento en el ingreso derivado del incremento en las exportaciones de bienes primarios colombianos –como frutas, verduras y demás alimentos poco procesados- a la economía gringa, y el crecimiento esperado en la inversión y productividad que los bienes de capital foráneos más baratos lograrían generar dentro del aparato productivo nacional. Cualquier economista serio se lo pensaría más de dos veces antes de argumentar en contra de los beneficios del comercio. No obstante, el principal agregado en oposición al comercio libre se basa en que en ausencia de barreras comerciales que sirvan para proteger a la industria nacional de los bienes extranjeros más baratos, se tornaría intuitivamente imposible plantear una competencia seria ante las nuevas mercancías extranjeras que incursionarían en el mercado nacional. A este último punto se hace referencia cuando se habla de baja competitividad. En pocas palabras, hace referencia a que no hay un aparato productivo que logre generar mercancías acorde a las necesidades del mercado y que a su vez sean suficientemente baratas para competir de manera sostenible con las mismas mercancías producidas en otros lugares del mundo.

Buscando incrementar la competitividad del campo colombiano en los mercados internacionales y por ende lograr entrar al mercado estadounidense con mayor fuerza y una marca país en cuanto a calidad se refiere, (una vez entrara en rigor el TLC Colombia-Estados Unidos), el Ministerio de Agricultura lanzó -al tiempo que se negociaban los términos del TLC- un ambicioso y técnicamente soportado programa de subsidios en el que se entregarían sumas poco despreciables de dinero a quienes demostraran su condición de actores activos en la producción de bienes de origen agrícola. La entrega de estas sumas de dinero debía estar discriminada por si bien iban dirigidas a la inversión para nuevos proyectos productivos por parte de cada uno de los beneficiarios, o si estaban destinadas a socavar el efecto negativo en sus ingresos percibidos a raíz de la contracción en la demanda de bienes agrícolas colombianos en el mercado nacional que las nuevas mercancías extranjeras podrían llegar a producir. El programa estaba tan técnicamente bien estructurado que inclusive contaba con toda una aglomeración de herramientas expresamente dirigidas a la reforestación de las áreas que fuese sosteniblemente conveniente volver a poblar de árboles y, lo más importante, incorporaba un esquema de monitoreo constante y evaluación técnica de los resultados periódicos del programa. Toda una joya, toda una invención técnica salida de la cabeza no sólo de los mejores economistas del país, sino que también involucraba enseñanzas impartidas por las experiencias más exitosas en cuanto al incremento de la productividad agraria en los demás países de la región. Por último, es bastante necesario resaltar que el programa estaba dirigido a incentivar la productividad del campo, no a entregar dinero a los campesinos pobres: En el proyecto de ley que lo formula se establece que “se identifica como Población Objetivo –del programa- a toda la población rural del país (DANE, Proyecciones Censo, 1993), sin diferenciar los distintos niveles de vulnerabilidad y la heterogeneidad de las condiciones de productividad y competitividad en los diferentes sectores agropecuarios y rurales del país.”

¿Y si les hablara de quien llevaba la batuta de tal programa prometedor que saldaría al menos en parte la impagable deuda que tenemos en el interior con el campo colombiano? Un joven paisa tecnócrata de pura cepa, “un verraquito”, un genio afín al pueblo: Uno de esos “buenos muchachos” que a los 28 años ya era economista de la Universidad de los Andes, tenía una maestría en economía de la misma Universidad y ya contaba con un doctorado en Economía de la Universidad de California (UCLA), ambos posgrados cursados gracias a que se hizo merecedor de dos becas, una por parte de la Universidad de Los Andes para cursar su M.A en Economía, y la segunda otorgada por el Banco de la República de Colombia para sus estudios de PhD. en Economía en UCLA.

Sin más preámbulos les contaré que el ambicioso programa, de acuerdo a la ley 1133 del 2007 que lo promulga, recibió el nombre ni más ni menos que de Agro Ingreso Seguro y que el “buen muchacho” que se lo “craneó” y ejecutó –hasta donde se pudo- lleva el nombre de Andrés Felipe Arias.

Agro Ingreso Seguro, el programa que le apuntaba a “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía colombiana” de acuerdo con la Ley 1133 del 2007, quedó hecho trizas a partir de un escándalo de corrupción que estalló en el año 2009 gracias a una publicación de la hoy extinta revista Cambio, obligando a su suspensión definitiva en octubre de ese año; y Andrés Felipe Arias, el promisorio Ministro de Agricultura hecho a pulso y a punta de méritos académicos se ha encontrado desde entonces en el ojo del huracán: Viviendo desde 2014 escondido en Estados Unidos y encarcelado en ese país desde el 2017; inhabilitado por 16 años de la función pública por el entonces procurador Alejandro Ordóñez y declarado culpable de múltiples cargos de corrupción por la entonces fiscal Viviane Morales; extraditado semanas atrás desde Estados Unidos a Colombia y recluido en una “cárcel-club” en Bogotá desde el 12 de julio de este año, donde comienza a pagar una condena de 17 años y 4 meses de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, condena emitida en 2014 que confirmaba las acusaciones establecidas en 2011 por parte de la fiscalía de Viviane Morales.

Una gran decepción, ¿verdad? Pero… ¿Qué pasó?

Pasó que un plan técnico maestro fue utilizado para sacar beneficio político en lugar de promover la productividad agraria; pasó que la ambición del joven Andrés Felipe pudo más que su integridad y su promisoria carrera; pasó que el facilismo crónico de nuestra sociedad por escalar y llegar a la cima a como dé lugar permeó en la cabeza y el accionar de un man que se había hecho a sí mismo la promesa de ser intachable durante toda su vida y que en torno a eso se la había guerreado para llegar donde estaba. Andrés Felipe utilizó su posición como Ministro de Agricultura para saltarse la asignación contractual en Agro Ingreso Seguro y para mirar hacia otro lugar mientras familias que habían aportado recursos económicos a la campaña del gobierno en el que él trabajaba –y  del que el mismo Andrés Felipe sería años más tarde el propuesto sucesor y por ende podría decirse que los aportantes a su campaña serían potencialmente los mismos- hacían jugadas sucias para apropiarse con millonarios fondos provenientes de las bolsas de subsidio de Agro Ingreso Seguro.

Los esquemas de corrupción utilizados por estas familias, los escándalos –pseudotelenoveleros- por la presunta participación de miembras de la farándula colombiana, y la estrategia de señalar a Andrés Felipe de criminal de lesa humidad por un extremo político del país y de perseguido político por el otro, no son el objeto de esta columna.

Por mera franqueza intelectual es necesario decir que Andrés Felipe Arias no se robó un peso de Agro Ingreso Seguro como el mismo ha dicho en repetidas ocasiones, –dentro de lo que se sabe hasta ahora- y tampoco entregó dinero a los terratenientes ricos que iba dirigido a los campesinos pobres dado que la focalización de recursos en esa población no era el objetivo del programa, pero Andrés Felipe si decidió “hacerse el loco”, por ejemplo, cuando las familias del Magdalena que habían aportado dineros a la campaña de Uribe decidieron segmentar sus predios en papel para multiplicar hasta por cinco y seis el volumen de los recursos que originalmente captarían por parte de Agro Ingreso Seguro, y también otorgó sin estudios previos la contratación de convenios de cooperación técnica y científica, (el 003 del 2007, 055 del 2008 y el 052 del 2009), al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Lo cierto es que Arias ya está en Colombia pagando su pena, quienes le defienden idearán estrategias para alivianarle el martirio que supondrá La Picota –su traslado a esta cárcel fue ordenado el pasado 15 de julio- y sus indignados contradictores y adversarios políticos harán lo similar para exacerbar dicho martirio.

El caso de Andrés Felipe deja una clara enseñanza que debería ser tema de conversación en las cátedras de Policy Making en todas las universidades del país: No politizar lo técnicamente diseñado, parar de utilizar programas de alto impacto económico y social para sacar réditos electorales y separar lo técnicamente apropiado de lo políticamente oportuno, porque saltarse el dilema ético que esto plantea puede terminar borrando todos los posibles efectos positivos que las iniciativas que el país necesita podrían terminar logrando cargándose a su paso con hasta la más brillante de las carreras, tal y como le pasó a Andrés Felipe, que en todo este dilema no es ni tan víctima ni tan victimario.