¿Por qué el desproporcionado impacto de los recursos del narcotráfico en la regulación social colombiana a pesar del limitado tamaño de su aportación al PIB?
Una mirada desde la economía política.
A raíz de una pregunta que se ha hecho en los medios de comunicación social de manera más o menos reiterada en la última década en Colombia, y que recientemente se señaló en el periódico de circulación nacional por parte del profesor Gustavo Duncan, se desarrolla el presente texto. Este ensayo pretende presentar tres nociones (que podrían convertirse en hipótesis) de trabajo básicas en torno a la pregunta de ¿Por qué el desproporcionado impacto de los recursos del narcotráfico en la regulación social colombiana a pesar del limitado tamaño de su aportación al PIB?.
Considero que el enfoque para responder esta cuestión no puede ser únicamente un enfoque clásico de medición económica y establecimiento de un modelo explicativo, y no porque no sea necesario, sino porque con las evidencias actuales y con el carácter económico, pero también político, es preferible poner en discusión unas nociones básicas explicativas, que luego de ser refinadas puedan convertirse en hipótesis que permitan identificar una variables y un esquema de medición que las confirme por medio del instrumental empírico disponible.
Dado que los recursos del narcotráfico no transitan, en principio, los canales formales y legales de circulación económica tradicionales, en los que sobre la base de la demanda (que se determina vía la señal precio) los productores de manera descentralizada y en un marco de reglas de competencia (perfecta o no), toman decisiones de inversión que permiten obtener una producción y una ganancia que sirve de incentivo para mantener funcionando el ciclo.
Los productores de bienes y servicios legales, dependiendo de la escala de sus operaciones determinan el destino de las ganancias obtenidas, ya sea para consolidar las operaciones en el mismo mercado en el que se obtuvieron las ganancias, o si se trata de grandes firmas, tomar decisiones de inversión en función de los objetivos estratégicos de grupos empresariales que hacen circular el capital y sus utilidades dentro o fuera de las unidades de negocio en los que obtuvieron esos recursos, dentro o fuera de las fronteras nacionales o simplemente las destinan para la distribución y el consumo.
Este proceso, que en los países en vías de desarrollo (o subdesarrollados según la postura ideológica o teórica), tienden a vivir este proceso de circulación económica sobre todo entre las firmas y las personas del percentil más rico de la población (riqueza medida en ingresos), que además son aquellas personas y organizaciones que tienen conexiones más sólidas con los flujos de capital y negocios más moderno e internacional, y por tanto con tasas de retorno de la inversión más estables y de magnitudes más importantes.
Es decir, la mayor parte de la formación de capital del país se genera y permanece entre las personas y las organizaciones de mayores ingresos. No solo porque son estas personas las que utilizan de manera intensiva este capital, sino porque construyen sus relaciones económicas en el mundo de la formalidad, de las reglas y el Estado de Derecho, donde los activos que intercambian y consumen tienen seguridad jurídica, posibilidades de exigibilidad de la tenencia y por tanto valor económico sostenible.
A lo anterior se suma, que el nivel de encadenamiento productivo entre las empresas más rentables que se integran (en muchas ocasiones verticalmente) en medio de los grupos económicos más complejos, tienden a tener poco nivel de articulación con las micro, pequeñas y medianas empresas que actúan a su alrededor. Una demostración de ello, es que en ciudades como Bogotá y especialmente Medellín, cuando se han construido iniciativas público privadas de encadenamiento productivo estilo cluster o programas colaborativos de articulación empresarial, los niveles de integración entre empresas grandes de los grupos económicos y proveedores de pequeñas compañías, son realmente limitados.
Lo que refleja esta situación en el caso empresarial se replica en las razones que generan la desigualdad en el plano individual. Es decir, los ciudadanos que más recursos tienen, tienden a tener más relaciones económicas (inversión, producción y consumo) con personas de su misma condición económica y social, o con flujos de recursos y conocimiento internacionales, más que relaciones verticales con el entramado empresarial de MIPYMES al que podríamos llamar la economía popular (o de sobrevivencia).
De esta misma manera, las empresas por razones de rentabilidad, seguridad jurídica y física, tienden a construir relaciones más fluidas entre empresas de su mismo nivel sobre todo en las fases de inversión y producción. Otra cosa sucede en la fase de consumo de los bienes que producen, que muy probablemente se dé en los sectores populares para aquellas compañías de productos masivos.
En síntesis, podríamos establecer la existencia de una economía dual, en la que los grupos económicos más concentrados (incluyendo los públicos), tienden a hacer fluir el capital y la rentabilidad de este entre compañías de su mismo tipo en el plano local e internacional, sobre todo en las fases de inversión y producción (podríamos llamarle economía concentrada). Este hecho hace que las posibilidades de la otra parte de la economía a la que podríamos llamar “popular” por condiciones de escala (MIPYMES), de capacidad productiva, de alcance territorial, los niveles de formalización, de bancarización, tienden a ser más pequeñas, locales y de menor rentabilidad.
La noción inicial para explicar el desproporcionado impacto de los recursos del narcotráfico en la regulación social colombiana, a pesar del proporcionalmente limitado tamaño de su aportación al PIB, es que los recursos del narcotráfico tienden a ingresar de una manera mucho mayor, inicialmente, a la esfera de la “economía popular” y no a la esfera de la “economía concentrada”. De hecho, la representatividad y nivel de influencia de ese capital, a pesar de afectar la arena de la economía popular donde están la mayor parte de las firmas y consumidores individuales, la tendencia de estas firmas (como ya se dijo) es a ser menos formales, más pequeñas y menos rentables.
Del mismo modo, los consumidores que toman sus decisiones de consumo en el marco de las reglas informales de esa economía popular solo tienen contacto con la economía concentrada cuando consumen los productos que estas organizaciones venden o al utilizan las redes de pagos que estas proponen para recaudar sus ventas. Sin embargo, gran parte de los hábitos de consumo de estos consumidores siguen siendo locales, informales y limitados por la inexistencia de una sociedad salarial, dependiente de los trabajos a destajo irregulares y de baja cualificación, más asociados al intercambio que a la producción.
En síntesis, la primera noción, se refiere a como el capital legal, está fundamentalmente en la esfera de la economía concentrada, y el capital originado en el narcotráfico toma decisiones de inversión y producción en la esfera de la economía popular, al ingresar este nivel de recursos (entre 1 y 1.5% del PIB), a una parte de la economía que dispone de mucho menos capital y a costos superiores, el nivel de perturbación de las decisiones de inversión, producción y consumo es mucho más alto.
Sin embargo, el capital del narcotráfico no se queda allí, sino que una parte se queda en la esfera de lo popular para obtener rentas ilegales (cooptar la producción de huevo o arepas en los barrios populares), financiar tragamonedas, pequeñas fábricas de textiles o inmuebles para uso como plazas de vicio, moteles ilegales o cualquier actividad inmobiliaria que requiera espacio físico para funcionar, así como, los costos de seguridad y logística del propio negocio del narcotráfico. Sin embargo, la mayor parte tiende a fluir hacia la economía concentrada con el objetivo de lavar esos recursos.
Es así que, aparece la segunda noción, estos recursos actúan en la frontera de las esferas de los legal y lo ilegal (en la informalidad), en lo que podría llamarse el límite del origen del capital legal. La distribución de estos recursos incluye tres caminos: dedicar recursos a la inversión directa en actividades legales, dedicar recursos a la producción y/o comercialización de productos que llegan por canales ilegales o informales y fluyen hacia la legalidad y ajustar las reglas y controles para el funcionamiento del ciclo completo del negocio.
En el primer caso, la inversión directa en actividades legales tiende a ser marginal en comparación con la totalidad de las inversiones realizadas por la economía formal en la esfera de la economía concentrada, sin embargo, puede llegar a ser muy importante en los territorios específicos de los nodos de ilegalidad que se concentran temporalmente dependiendo de las necesidades del negocio ilegal. Por ejemplo, las inversiones que se hicieron en San Andrés en los ochentas, o el aumento inusitado de la construcción en ciertos sectores de Medellín o Cali, a través de firmas constructoras legales en momentos de expansión del negocio del narcotráfico, o la expansión económica de Caucasia o la Dorada.
En este caso, a pesar que la inversión del narcotráfico tiende a ser pequeña en comparación con la que hace la formalidad para, por ejemplo, construir grandes superficies, centros comerciales o vivienda para la clase media, puede tener una gran capacidad de perturbar de manera localizada territorialmente y concreta en el tiempo, el nivel de precios de los bienes y servicios donde se inserte. Así como sucedió con el precio medio de la vivienda en estratos altos en la ciudad de Medellín, que se vio alterado al alza a pesar de las restricciones económicas de los noventas. Y en el mismo sentido, puede llegar a estimular las inversiones de manera contra-cíclica en momentos que la economía va mal pero el negocio va bien.
En segunda instancia, el otro camino que toma el capital del narcotráfico está orientado hacia actividades de producción o comercialización que aprovechan el conocimiento de rutas y contactos del mismo negocio del narcotráfico, y articulan los flujos de recursos a los flujos de comercio internacional de cierto tipo de artículos. Con respecto a las actividades de producción, permite en condiciones de competencia desleal, debido a la mayor disponibilidad de capital de trabajo e inexistencia de estímulo a la eficiencia, realizar actividades productivas a precios más bajos o con presiones, eliminar la competencia y lograr el monopolio de la venta de lo producido, sobre todo en bienes y servicios que se producen y consumen dentro de la esfera de la economía popular. Con respecto a las actividades de comercialización, corresponden esencialmente a las actividades de contrabando de todo tipo de bienes de consumo masivo, e incluso de materias primas de la misma economía popular, como las telas, el azúcar, el arroz o el maíz.
Y por último, y no menos importante, las actividades de corrupción, que se constituyen en un costo del ciclo de producción del narcotráfico, pero que tiene un triple efecto, modifican las condiciones de los mercados (precios y cantidades), afectan de manera determinante la capacidad del Estado de financiarse, y corrompen con relativamente pocos recursos las autoridades que están involucradas en el control, de una actividad que por su bajo nivel de violencia se entiende como una actividad sin víctimas.
Esto es particularmente complejo, porque el nivel de institucionalidad medido como cantidad de funcionarios, muestra que Colombia es de los países de América Latina con menor cantidad de funcionarios en comparación con las personas en edad de trabajar y en comparación con el total de trabajadores. Y además gran parte de los funcionarios están en áreas de seguridad (cerca de 500.000) destinados a mantener la garantía de los derechos de propiedad de la economía concentrada. Cuidar infraestructuras, escoltar personas, o cuidar patrimonios y mucho menos agentes destinados a la regulación social o garantía de los contratos en la economía popular, tanto en temas de policía como de justicia.
Esto hace que el efecto corruptor de los recursos se amplifique en asuntos de regulación social y en especial en la esfera de la economía popular en la que no existen terceras partes para su desarrollo y mantenimiento del valor de los activos, dado que las transacciones dependen es de la voluntad de los participantes la mayoría de las veces en la informalidad. Es así que la proporción de recursos se ve desproporcionadamente distribuida en el ámbito territorial alrededor de los nodos de actuación y en lo individual por la limitada capacidad de control de la economía popular y la regulación social de sus participantes.
La tercera y última noción explicativa surge del hecho que la economía del narcotráfico, al estar tan dinámicamente articulada a los flujos internacionales de capital y divisas duras, se constituye en una fuente invaluable de nueva inversión, más allá de las propias capacidades de la economía de generar nuevo capital. Una economía puede crecer más rápidamente si logra invertir en actividades productivas más capital, y este capital puede provenir de fuentes endógenas como el ahorro o la rentabilidad reinvertida o de fuentes exógenas como de la inversión extranjera directa. Como la economía colombiana, tiene serias restricciones para generar ahorro, la inversión depende de la capacidad productiva del stock de capital existente vía la producción y venta (nacional y extranjera de bienes y servicios) o de la inversión extranjera.
Cuando este análisis se hace en función de hacia donde se dirigen las inversiones extranjeras y de donde proviene la rentabilidad, nuevamente llegamos a la conclusión que estos flujos que permiten aumentar el Stock de capital nacional, se orientan desde y hacia la economía concentrada o rentística (grupos económicos públicos y privados). Como las actividades esenciales de esa economía concentrada son actividades fundamentalmente de extracción de materias primas, explotación de monopolios naturales, comercialización de bienes de consumo masivo y menos actividades de alto valor agregado, estas actividades suelen tener rentabilidades más inestables, dependientes de reglas que mantengan monopolios o precios y de la señal cambiaria.
De allí que los recursos del narcotráfico suelen dirigirse, como ya se vio, a los límites de la esfera de los legal y lo ilegal, entre las economías concentrada (o rentìstica) y economía popular o de subsistencia, o a la inversión en la economía popular o de subsistencia. Que dicho sea de paso tiene pocas o nulas fuentes de financiamiento formal. A esto se le suma el hecho que la capacidad de generación nueva de capital de la propia economía concentrada depende de sus propias tasas de retorno destinadas a la reinversión o de la inversión extranjera directa. Cómo las tasas de retorno de las inversiones de la economía concentrada son menores que las de la economía del narcotráfico, el poder perturbador que tiene en la economía concentrada es importante, dada la poca elasticidad que tienen esas compañías y personas para encontrar unidades de inversión nuevas que permitan incrementar el stock de capital y por tanto crecer.
Lo que se genera aquí es un efecto multiplicador de la capacidad de influencia de ese nuevo capital, alto en la economía rentística y muy alto en la economía de sobrevivencia. Es importante en la economía rentística porque permite explicar unidades marginales con rendimiento crecientes que generan incentivos, y en muchos casos explican la mayor rentabilidad del mercado de capitales, por inversiones que de no hacerse afectarían las tasas de rentabilidad globales. Y para la economía de sobrevivencia, tienen un efecto multiplicador desproporcionadamente alto, porque en esa esfera de la economía dual colombiana, las posibilidades de obtener capital nuevo y rentabilidad son muy limitadas.
En conclusión, aunque limitado en magnitud, el efecto multiplicador de los ingresos del narcotráfico en los incentivos para la dinámica económica y por tanto para la regulación social conexa que permita sostener el flujo de recursos, es desproporcionadamente alto en la esfera de la economía de sobrevivencia o popular en la que se inscribe buena parte de la mano de obra que está alrededor de las decisiones de inversión, producción y consumo relacionada a la economía del narcotráfico. Mientras las condiciones de regulación social y jurídicas que le dan valor a los activos de la economía rentística o concentrada, así como las fuentes legales de financiamiento no se amplíen en torno a una sola economía productiva para la base de la pirámide, el desproporcionado impacto de los recursos del narcotráfico en la regulación social colombiana a pesar del limitado tamaño de su aportación al PIB, seguirá siendo la marca característica de la sociedad colombiana.
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