Sí nacieron «pa’ semilla»

En el Anteproyecto de Plan de Desarrollo «Medellín cuenta con vos» 2016-2019 se plantea la visión de una ciudad más segura, más legal y más equitativa, entre otras cosas. Lo cierto es que la llamada “Dimensión Estratégica Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”, carece de un diagnóstico serio y documentado y por lógica, las metas y los indicadores no apuntan al problema nodal de la seguridad en la ciudad

«Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo».

(Entrevista apócrifa al capo brasileño Marcos Camacho, alias Marcola)

 

«Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes»

(Confucio)

 

En el Anteproyecto de Plan de Desarrollo «Medellín cuenta con vos» 2016-2019 se plantea la visión de una ciudad más segura, más legal y más equitativa, entre otras cosas. Lo cierto es que la llamada “Dimensión Estratégica Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”, carece de un diagnóstico serio y documentado y por lógica, las metas y los indicadores no apuntan al problema nodal de la seguridad en la ciudad: el control ilegal de territorios por grupos armados al margen de la ley y su articulación con el crimen organizado. Además, la arquitectura institucional diseñada por la anterior administración para soportar el esfuerzo de seguridad fue desmontada, creando con ello serios problemas de ejecución y eficacia.[1] Llama la atención que para los cuatro años de gobierno que ya empezaron y para una inversión inicial de más de 700 mil millones de pesos, la burocracia local solo atine a fijarse como metas bajar la tasa de homicidio en 0.13 por cien mil habitantes (hpcmh), pasar de 307.2 hurtos pcmh a 277.0 pcmh y dejar la tasa de feminicidios igual, en 0.2 pcmh. Lo más curioso es la explicación a tan cicateras metas: que las proyecciones estadísticas así lo indican. Pero tienen razón. Cualquier esfuerzo por reducir criminalidad sin tocar la nuez de la misma, será fallido.[2] Veamos entonces como por décadas se repite un fenómeno que por lo expuesto en el Anteproyecto, se va a perpetuar.

Revivamos la historia

Desde que el estrecho Valle de Aburrá se quedó pequeño para albergar las miríadas de campesinos que llegaban a la ciudad atraídos por su empuje industrial primero y expulsados por la violencia luego, la ciudad empezó a crecer de manera desordenada hacia sus laderas. Desde esas primeras oleadas colonizadoras intraurbanas, el fenómeno de la apropiación ilegal y a veces violenta de un espacio para vivir, generó fenómenos de autodefensa para protegerse de otras invasiones y delincuentes que ya empezaban a pulular en esa informalidad. “Algunos barrios una vez asentados en la década del 50, debían defender el territorio de nuevos invasores o agentes externos al barrio. Fue el caso de los habitantes liberales del barrio Santa Cruz, antes Moscú, quienes soportaron el asedio de los conservadores que constantemente atacaban a piedra los buses del sector”.[3]

Estos grupos de verdaderas autodefensas comunitarias formados espontáneamente unos, más tarde capacitados por la Policía y la Defensa Civil otros, subsistirían durante muchos años, impondrían un orden en su entorno, enfrentarían las manifestaciones delincuenciales en contra de los miembros de la comunidad y luego desaparecerían cooptadas por las milicias, desterradas por las bandas delincuenciales o físicamente rebasadas por la oleada violenta que nos inundó. «El grupo estaba formado por los ciudadanos más reconocidos y honorables y actuaban con mucho sigilo. La Junta y sus colaboradores se armaron de machete, garrotes y hasta armas de fuego. Empezaron las batidas recogiendo a todo el que encontraban en las calles, se los llevaban, uno tras otro, prendidos de la correa o amarrados con un lazo». (Medina Franco).

Bandas de delincuencia común existían ya en Medellín desde los años 60’s. Sin embargo, su número era muy reducido y su modus operandi no implicaba el despliegue de violencia que caracterizaría a las bandas posteriores, en los años ochenta. Los consorcios delictivos de entonces, llamados «bandas de la pesada», operaban más bien como redes en las que intervenían comerciantes, contrabandistas, autoridades y algunos criminales que hacían el trabajo sucio[4].

Las bandas desde un principio fueron de dos categorías: las chichipatas o plebeyas, pues sus militantes eran niños, adolescentes y jóvenes de los barrios populares; sus  recursos provenían del cobro de vacunas, la venta de estupefacientes y el hurto. En su entorno imponían un orden criminal abusivo y atrabiliario que implicaba violaciones, vejámenes a la comunidad, muerte a delatores, confrontaciones con otras bandas y una guerra a muerte con las milicias. Estas bandas también se han llamado combos.[5] Las otras eran las «duras» u «oficinas», que se caracterizaban por su control territorial, sus niveles de organización, su poder de fuego y sus lazos con el crimen organizado, particularmente con el cartel de Medellín, a quien prestaban seguridad y le oficiaban como cobradores de cuentas y sicarios

En los años ochenta, las bandas delincuenciales ya asolaban barrios y comunas de la ciudad. A mediados de 1985, «Los Calvos» controlaban parte de la comuna uno y sus actividades comprendían el robo, la piratería terrestre, la protección de capos del contrabando y empezaban a oficiar como oficinas, esto es, como encargados del cobro de cuentas entre miembros de las mafias. (Medina Franco).

En los ochenta el narcotráfico permeó hasta el último intersticio de la sociedad. Todos los sectores: políticos, funcionarios, gremios, iglesia, fuerza pública y administración judicial, fueron tocados y corrompidos por los ingentes recursos provenientes del tráfico de drogas. El narcotráfico y luego su guerra contra el Estado, introdujo en la ciudad un incentivo perverso que atrajo a cientos de jóvenes y fortaleció las bandas que pronto se regaron como pólvora por la ciudad y el Valle de Aburrá. “Para los jóvenes marginados, las bandas y las actividades criminales se convirtieron en una opción atractiva que prometía dinero y prestigio. Entre 1985 y 1990 se reportó en Medellín la existencia de150 bandas, 30% de las cuales tenían vínculos directos con el cartel. En la comuna nororiental había 87 Bandas, en la suroccidental donde estaba el barrio Antioquia habían reportado seis bandas. Seguro que el número de bandas era mayor en toda la ciudad”.[6] (Riaño)

Con solo tres ventas de marihuana toleradas en la ciudad, la llegada de las sobras del procesamiento de cocaína llamadas «basuco» o «basuka» democratizó el acceso al vicio y puso en manos de las bandas un ingreso que pronto se disputaría a sangre y fuego. Los expendios de basuco empezaron a multiplicarse en la geografía de los barrios populares. Ya no eran necesarias las grandes caminatas de antaño para proveerse de la droga, pues esta se conseguía con gran facilidad en los mismos vecindarios, pequeñas tiendas de esquina, zapaterías, vendedores ambulantes, legumbrerías y hasta casas de intachables matronas se volvieron, de la noche a la mañana, jibariaderos. Para 1988 se estimaba que en la ciudad existieran unos 20 mil jíbaros de droga al por menor en la ciudad. (Medina Franco).

En la década del 80 al 90 la muerte se vuelve una mercancía de fácil acceso. Medellín inicia su recorrido hacia la ciudad más violenta del mundo. Asociados con los asesinos a sueldo y las bandas juveniles, los jóvenes se convirtieron en los administradores de esta valiosa mercancía y en los más visibles agentes del ejercicio del terror (Riaño). En este pandemónium de violencia los jóvenes llevaron la peor parte: Entre 1987 y 1990, más del 78% de las víctimas de muertes violentas en Medellín fueron jóvenes pobres entre los quince y veinticuatro años, y ocho de cada diez eran hombres. (Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, 1992)

A todas estas el Estado tampoco se quedaba atrás y por tiempos funge como otro actor ilegal. En 1990 se disuelve el temido Departamento de Orden Ciudadano-DOC, cuerpo parapolicial creado por decreto nacional, adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal, que terminó aliado del narcotráfico. En las comunas, eran cotidianas las incursiones de agentes del Estado, Policía sobre todo, que fusilaban y masacraban jóvenes en esquinas y sitios de diversión, en retaliación por los asesinatos de sus miembros. Años después, el Estado se aliaría con el cartel de Cali y grupos mafiosos locales para conformar “Los Pepes” y combatir a Pablo Escobar. Vendrán luego las “Convivir” que operaron como mascara del paramilitarismo y finalmente, los acuerdos con los narcotraficantes arropados bajo el manto de la contrainsurgencia paramilitar.

En una alianza inicial entre las autodefensas barriales y la guerrilla, particularmente el ELN, surgen las llamadas Milicias, especie de guerrilla urbana calcada de las experiencias insurgentes en Barrancabermeja, que con el beneplácito y el apoyo de amplios sectores de la comunidad, se dedicaron a combatir las bandas que asolaban los barrios de la Comuna Nororiental, luego de la Noroccidental y después de muchos lugares de la ciudad y del Valle de Aburrá.[7]

Las primeras confrontaciones con las bandas se dieron hacia 1987 y gracias a su disciplina, entrenamiento y mejor capacidad de fuego, las milicias lograron neutralizar rápidamente las desorganizadas bandas de Los Nachos, Los Calvos, La Gallada del Loco Uribe, La Caseta, y parte de Los Capuchos. Las reglas milicianas eran claras: ajusticiamiento como carta de presentación, persuasión y dialogo con la delincuencia como vía de pacificación y aprobación de la comunidad. Fueron una mano de hierro para las bandas chichipatas y se ensañaron con los farmacodependientes. (Medina Franco)

Las milicias también se regaron como verdolaga en playa. Además de las autodefensas barriales, se vincularon a ellas los grupos artísticos y sociales organizados, jóvenes que habían perdido seres queridos en manos de las bandas, militantes del Ejército Popular de Liberación-EPL- y muchachos que habían pasado por la formación política y militar impartida en los campamentos de Paz del M-19, durante el fracasado proceso de paz del presidente Belisario Betancur.[8]

En 1988 operaban en el barrio Popular Uno, las Milicias del Pueblo y para el Pueblo y para este mismo año, las Milicias Populares con asiento en Zamora, ya controlaban Manrique Central, San Pablo, La Cruz, Andalucía, Villa del Socorro y Granizal. Sucesivos desdoblamientos producidos por la influencia de otras guerrillas como las Farc, disputas internas, divergencias ideológicas, etc., dieron lugar a otras formaciones como las Milicias del Valle de Aburra y América Libre, los Comandos Obreros, COB, Comandos Obreros Populares, COAR y Los Comandos Armados del Pueblo, entre otras.

En una entrevista dada por el Comandante Lucho en 1991 al periódico El Tiempo, se ufanaba del poderío miliciano.[9] Estas declaraciones, que obviamente hay que recibir con beneficio de inventario, son muy dicientes del alcance del fenómeno de las milicias en la ciudad. Lucho sostuvo que:

«- El 70% de las bandas obedecen el mandato de las milicias, unos 150 miembros han sido ejecutados, 30 están en Ciudad Don Bosco y otros han ido a otros lugares de la ciudad.

– Hemos cerrado unos 80 expendios de droga en un solo sector.

– Somos alrededor de 8000 milicianos.

– Tenemos escuelas de operatividad urbana con la comunidad. Hemos hecho simulacros de combates. En diciembre hicimos uno de tres días en el barrio entero y el Estado ni se dio cuenta.

– Hablar de milicias es hablar de comunidad. Desde la señora de 60 años hasta el niño de seis, nos da la seña de lo que pasa. Pero no nos limitamos al problema de los pillos. Tenemos tres frentes de trabajo: formación en el arte, la cultura y la recreación. El político-organizativo es la acción de los grupos juveniles, de danza, asociación de padres de familia, acciones comunales, en el de economía alternativa hacemos estudios de mercadeo y tenemos microempresas».

Las Milicias reinaron y llegaron a establecer en sus zonas de influencia, un auténtico «régimen miliciano». Su tarea de limpieza social contó con la aquiescencia de la Policía y de muchos sectores sociales, el apoyo de políticos y la permanente solicitud de sus servicios «profilácticos» por comerciantes y gentes pudientes de la ciudad. «En el periodo comprendido entre 1992 y 1998, las milicias se convirtieron en los principales detentadores del control territorial de los barrios… Hacia 1997 existían numerosas milicias aún activas en los barrios, aunque sus abusos en el control de la población, sus desalmadas prácticas de justicia privada en contra de consumidores de droga o delincuentes, y la revitalización de algunas bandas menoscabaron su poder ». (Riaño)

Pero el reinado miliciano también se acabó. Entre las causas se cuentan el alejamiento de sus mentores insurgentes del ELN, el EPL y las FARC, la pérdida de legitimidad por sus abusos de poder y excesos con las comunidades, las pugnas internas, el reclutamiento de jóvenes sin mayor compromiso ideológico, las pugnas por poder, el haber caído en las mismas prácticas que combatían y la actividad policial y paramilitar.

El 26 de mayo de 1994 se desmovilizan, en una cancha de la Comuna 1 un total de 650 integrantes de las Milicias.[10] Del llamado «Acuerdo final para la paz y la convivencia, Gobierno nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín», hicieron parte las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Metropolitanas de la Placita de Flórez, Manrique La Salle, Marco Fidel Suarez y Aranjuez; y las Milicias Independientes del Valle de Aburrá. Los últimos reductos milicianos que quedaron en la Comuna 13 fueron dados de baja, ejecutados, expulsados o desaparecidos en la «Operación Orión», un operativo combinado de fuerza pública y paramilitares realizado entre el 16 y 17 de octubre de 2002.

La caída de Pablo Escobar y la desmovilización de las milicias generan un auge en la actividad de las bandas que se fortalecen territorialmente y resurgen en barrios y comunas, constituyendo cada una su propio territorio. Aún había presencia de autodefensas y pululaban bandas de jóvenes que proporcionaban servicios de limpieza callejera y vigilancia a los barrios, y una amplia variedad de grupos juveniles armados que suministraban servicios a las redes del tráfico de drogas y al crimen organizado. (Riaño). Es una violencia, que por la característica de los actores no es política. No significa que no existan actores políticos armados, como milicias e insurgencias, pero estos no son relevantes en este período.

La avanzada paramilitar sobre Medellín la encabezó el Bloque Metro, una organización de carácter rural con presencia en el oriente y el nordeste antioqueño. Su estrategia se orientó a aniquilar las milicias y a someter algunas bandas criminales, aunque con algunas de ellas, como La Terraza, subcontrataba servicios criminales. El grupo paramilitar respaldado por el Bloque Metro surgió como una fuerte presencia militar en Medellín a partir de 1998. Para el año 2000, había cooptado a muchas de las bandas delincuenciales y para el 2001 era el grupo paramilitar dominante de la ciudad. El Bloque Metro que no quiso desmovilizarse, fue exterminado en los años 2003 y 2004 por la alianza paramilitar encabezada por Don Berna y su Bloque Cacique Nutibara, el Bloque Central Bolívar y el Bloque Calima. Los miembros del Bloque Metro que sobrevivieron terminaron desmovilizados con estos bloques o con el Héroes de Granada.

Aunque algunas bandas no fueron cooptadas por los paramilitares que entonces oficiaban como un brazo armado y contrainsurgente de la llamada Oficina de Envigado, lo cierto es que las que no quedaron bajo su control y coordinación, tenían vínculos de colaboración con ellos. El punto culminante de la arremetida y sujeción de las bandas al paramilitarismo, fue la guerra que Don Berna ganó a su otrora aliada banda La Terraza. Para 2002, según los jefes paramilitares de los Bloques Cacique Nutibara y Metro, ya se habían posicionado en el 70% de la ciudad.

El Gobierno de Álvaro Uribe suscribió con los paramilitares el Acuerdo de Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003. En el marco de estos acuerdos, el 25 de noviembre de 2003 el Bloque Cacique Nutibara desmoviliza en Medellín a 868 efectivos y entrega 497 armas de fuego. Hasta el 2006 se desmovilizan cerca de 32 mil paramilitares y merced a los acuerdos, los jefes paramilitares irán a la cárcel en donde después de estar ocho años y confesar sus crímenes, quedarán en libertad. Del 2004 al 2008 se vivió en Medellín la llamada “Donbernabilidad”, época en la cual el férreo control que sobre las bandas delincuenciales ejercía Don Berna y su oficina de Envigado, consiguió bajar los homicidios a una tasa sin precedentes y regular la comisión de los delitos de mayor impacto. Esta época coincidió con el maridaje de la mafia con el comandante de la Policía Metropolitana y el Director Seccional de Fiscalías de ese entonces.

En el año 2005, por ejemplo, la organización Amnistía Internacional (AI) señaló en su informe de seguimiento al proceso de desmovilización de las estructuras Bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que en la capital antioqueña «el proyecto paramilitar ha entrado en una ”fase de legitimación” que incluye la transformación de las fuerzas paramilitares en cuerpos de seguridad privados o estructuras civiles de informantes similares a los grupos Convivir que surgieron en la década de 1990». Y a renglón seguido reseñó: «la desmovilización paramilitar en Medellín ha carecido de transparencia y de una supervisión efectiva, especialmente en lo que se refiere a la verificación y a la aplicación de las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación».[11]

El 13 de mayo de 2008 son extraditados 14 jefes paramilitares con el argumento de que seguían delinquiendo desde las cárceles en las cuales se encontraban. Dentro de los extraditados se encontraba alias Don Berna, el gran responsable de la pax romana que durante los últimos años se había vivido en Medellín. En ese año se hacen públicas las denuncias de los vínculos del Comandante de Policía y del jefe de Fiscalías, lo cual lleva a que el primero sea llamado a calificar servicios y el segundo sea condenado a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y destrucción y ocultamiento de documento público.

El vacío de poder dejado por el jefe paramilitar, las rencillas acumuladas y los apetitos de los mandos medios que no se habían desmovilizado o que una vez desmovilizados continuaron con sus fechorías, provocó una guerra entre las fracciones de la delincuencia agrupadas en la llamada Oficina de Envigado, que había dirigido con mano de hierro Don Berna. Alias Sebastián y alias Valenciano[12] fueron los protagonistas de esta guerra que utilizó las bandas y combos y tuvo como escenarios las calles de los barrios de la ciudad que las mismas controlaban. Este enfrentamiento en el año 2009 elevó los homicidios a 94.33 por cien mil habitantes, estadística que don Berna había dejado en 34.04 homicidios por cien mil. La escalada se mantuvo durante los dos años restantes del Gobierno de Alonso Salazar quien terminó su periodo en el año 2011 con 69.63 hpcmh.

La detención de Valenciano en Venezuela el 27 de noviembre de 2011 y la captura de Sebastián el 8 de agosto de 2012, dejó sin los jefes más visibles este enfrentamiento y permitió suscribir lo que se llamó “El pacto del fusil”, un acuerdo entre los Urabeños que apoyaron a Valenciano y la fracción de la Oficina de Envigado que apoyó a Sebastián. Fue precisamente este enfrentamiento el que abrió la entrada y posicionamiento de los Urabeños en Medellín, gracias entre otros, a que Valenciano los involucró como sus aliados.

El “Pacto del fusil” para la vida le funcionó a la administración de Aníbal Gaviria igual que la “Donbernabilidad” al entonces alcalde Fajardo. Ambos pudieron, al final de sus mandatos, ufanarse de haber dejado las tasas más bajas de homicidio en la historia de la ciudad. El “pacto del fusil” estableció una especie de statu quo entre los Urabeños y la Oficina de Envigado, sobre la base de respetarse los territorios y las rentas criminales que cada uno de ellos maneja en la ciudad. Don Berna por su parte, ejerció férreamente su liderazgo criminal haciendo méritos para la impunidad pactada a ocho años de cárcel. Hoy las bandas están más vivas que nunca, las rentas criminales que los alimentan les hacen poderosos y los territorios que han controlado siguen en sus manos.[13]

 ¡Son las bandas, estúpido!

La historia reciente de la ciudad da cuenta que a lo largo de medio siglo, la población más pobre y marginada ha sufrido un control que se vale de la violencia, la coacción y el miedo para mantenerse; que las rivalidades y disputas entre estas bandas delincuenciales son causantes de la tragedia humanitaria del desplazamiento intraurbano, del despojo y de la ocupación violenta de miles de inmuebles; que estas bandas y combos trazan fronteras en sus territorios e impiden el libre tránsito de personas y alteran las rutinas escolares de los niños y jóvenes; que estas agrupaciones delictivas son los administradores y dueños de las plazas de vicio, de la extorsión y de la vida y honra de las gentes, que subyugan y humillan; que estas bandas ayer y hoy sustituyen al Estado en sus funciones de tributación, justicia y seguridad.

Producto del crimen organizado y de la existencia de bandas y combos, solo entre 1985 y el año 2012, fueron asesinados 40.000 jóvenes, léase bien, cuarenta mil jóvenes. A las bandas también le debemos el título de la ciudad del país y de pronto del mundo, con más desplazados intraurbanos. El informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Medellín da cuenta de 10.000 deslazados intraurbanos en la ciudad y dice, textualmente, que el cuadro de desplazamientos intraurbanos de 2015 es aterrador y confirma una crisis humanitaria dentro de la ciudad.[14]

Varios documentos oficiales de la misma alcaldía reconocen expresamente el fenómeno. En el documento aprobado por el Consejo[15] como política pública de seguridad se lee: «Cuando se hace referencia a las acciones de estos grupos ilegales, debe tenerse en cuenta que son resultado de un proceso particular, ya que lo que se evidencia en Medellín “no es la desaparición de organizaciones criminales, hay permanentes reestructuraciones de intereses, actores y formas de actuación en el territorio; algunas coincidentes, otras nuevas y la mayoría resultado de los aprendizajes a lo largo de la historia de violencia de la ciudad» (UNODC, 2015: 77).

El Plan integral de seguridad y convivencia ya lo había dicho en forma contundente: «En términos generales esta es la problemática más compleja que atraviesa en la actualidad la ciudad de Medellín, en la medida en que es alrededor de las estructuras criminales que, directa o indirectamente, se articulan las prácticas delictivas de mayor impacto en el municipio, incidiendo fuertemente en los indicadores de seguridad. Adicionalmente, la manera en que estas estructuras se articulan con la economía que se genera en torno a las rentas criminales potencia la problemática, haciéndola aún más compleja. …Enfrentar esta problemática es una obligación ineludible para la Administración Municipal y las autoridades de seguridad y justicia corresponsables, pues es una de las problemáticas en torno a la cual (en el tema de seguridad) confluyen o gravitan las demás. Asimismo, genera dinámicas sociales que favorecen la solución de conflictos por vías armadas y violentas (con implicaciones graves en el tema de convivencia), propicia entornos de legitimidad de las estructuras criminales en detrimento de la legitimidad estatal, crea un sistema de incentivos perversos de gran poder corruptor, garantiza procesos de aprendizaje de prácticas delincuenciales en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que eventualmente nutren la criminalidad organizada, facilita procesos de apropiación de rentas por parte de las organizaciones delincuenciales y, entre otros asuntos, afecta la operatividad de las autoridades, rompiendo así el vínculo entre el Estado y la población, destruyendo el capital social en las comunidades, fomentando la desconfianza en la ciudadanía y generando temor».[16]

Gobernar el territorio o perecer…

La prolongada exposición a la violencia por parte de individuos y sociedades transforma el sentido de lo cotidiano en tanto lugar de las relaciones que se dan por sentadas. Bajo el impacto de la violencia sostenida, los referentes básicos de confianza en la vida diaria tienden a desaparecer y las personas se hallan a sí mismas luchando continuamente para recuperar alguna de las cualidades de una vida diaria «normal». (Riaño)

La violencia ha afectado profundamente el tejido social de sus comunidades y la postura ética desde la que se definen a sí mismos como agentes de sus acciones y miembros de comunidades específicas. Recalco en particular las profundas fisuras en el tejido social de los habitantes de Medellín en lo que se refiere a prácticas y representaciones de violencia sexual y de género y al terror. (Riaño)

Por más cincuenta años, los mismos del conflicto armado en Colombia, muchos barrios de Medellín han vivido bajo la egida de los grupos armados ilegales que controlan el territorio, ejercen la justicia privada, hacen regulación social y se financian por medios ilegales en alianza con el crimen organizado y la complicidad de funcionarios públicos.

Siempre hemos sabido cuantas bandas o combos operan en la ciudad, cuantos miembros tienen, cuales son sus cabecillas y que territorios controlan. No obstante, nos dedicamos a una especie de geometría criminal que traza cuadrantes de intervención policial, polígonos donde sucede el mayor número de homicidios o puntos calientes allí donde la delincuencia se ensaña con los ciudadanos. Si conocemos las geografías de las bandas, cual es la razón para no hacer de las mismas las unidades de intervención y coordinación de la acción estatal? Cual es la razón por la cual el Estado nacional se vuelca en torno a la negociación con las Farc mientras el conflicto armado urbano que padece Medellín, tan letal como aquel, lo relega al olvido?

¿ QUÉ ESTAMOS ESPERANDO PARA DEFINIR CON CLARIDAD UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD MEDIANTE LA CUAL SE COPEN LOS TERRITORIOS EN MANOS DE LA ILEGALIDAD Y SE GOBIERNEN POR LA AUTORIDAD LEGITIMA? ¿UNA POLÍTICA QUE VUELQUE SOBRE ESTOS TERRITORIOS TODA LA OFERTA Y CAPACIDAD DEL ESTADO PARA TRANSFORMARLOS Y DIGNIFICAR LOS CIUDADANOS QUE ALLÍ SUFREN? ¿CUÁNDO VAMOS A INICIAR UNA SERIA Y TITÁNICA LABOR PARA CORTAR EL CICLO DE VIOLENCIA DE ESTA CIUDAD?

 

¡Estamos en mora!

 

Posdata

El cerebro de los gobiernos que han sido elegidos en Medellín en los últimos 12 años, los alcaldes que ejercieron y quienes hemos acompañaron esas administraciones (mea culpa), deberían pedir perdón a gritos y además ser azotados en las plazas públicas por lo que no se hizo: devolver la legalidad, la seguridad y la justicia a todos los habitantes de la ciudad. ¿ No resulta impúdico candidatizarse sobre esta enorme fosa común que es Medellín?

 

 

[1] http://www.bajolamanga.co/index.php/columnas/item/1191-empalme-de-seguridad-en-medellin

[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-federico-gutierrez-contra-venta-ilegal-de-licor-y-drogas/466561#cxrecs_s

 

[3] Medina Franco, Gilberto. Una historia de las milicias de Medellín. En publicación: Una historia de las milicias de Medellín. IPC, Instituto Popular de Capacitación, Medellín, Colombia: Mayo 2006.

[4] Ceballos, Ramiro.  Violencia reciente en Medellín Una aproximación a los actores. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 2000.

[5] Combo: grupo informal de jóvenes con una membrecía definida y marcados límites territoriales, cuyos miembros comparten actividades sociales y ocasionales delitos menores. Junto con los parches, que eran lo mismo pero sin delitos, se transformaron en estructuras funcionales al interior de la compleja red y el funcionamiento de la economía de la droga. Unos para las milicias y otros para las bandas delincuenciales.(Riaño)

[6] Riaño Alcalá, Pilar. Antropología del recuerdo y el olvido. Jóvenes, memoria y violencia en Medellín.

[7] Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Medellín. Audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos. Julio 2015

[8] Salazar, Alonso. No nacimos pa´ semilla. Cinep, 1990

[9]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-155834

 

[10] Ver: Leslie Paz Jaramillo, Germán Darío Valencia Agudelo. Atipicidades del Proceso de paz con la Milicias populares de Medellín.

Jorge Giraldo Ramírez, Juan Pablo Mesa Mejía. Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias populares de Medellín

[11] https://sindicatodelocio.wordpress.com/2011/03/16/dudas-sobre-desmovilizacion-del-bloque-cacique-nutibara-denuncias-que-no-fueron-atendida)

 

[12]http://www.elcolombiano.com/historico/valenciano_maximiliano_bonilla_de_la_oficina_fue_capturado_en_venezuela-CCEC_160013

 

[13] http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/?p=7222#more-7222

[14] Personería de Medellín. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Medellín 2015.

[15] Acuerdo 25 de 2015

[16] Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Medellín-PISC-, Secretaría de Seguridad, 2012.

Jesús María Ramírez Cano

Ciudadano de Medellín, Abogado de la UDEA, Consultor independiente en temas de seguridad, convivencia y ordenamiento territorial.

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