El régimen venezolano de Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con el Estado colombiano en febrero del 2019, y no fue únicamente con el gobierno de Iván Duque; por lo que causa extrañeza, que el canciller Álvaro Leyva Durán nombrado por el gobierno de Gustavo Petro, se haya reunido con Carlos Faría, quien hace la veces de ministro de relaciones internacionales de la dictadura chavista, puesto que en sana lógica la nación que fractura las relaciones binacionales, es quien debe pedir formalmente el reinicio de las mismas, cosa que ha ocurrido a través de la historia; por lo que no se entiende el desespero por visitar a Venezuela de parte de futuras autoridades de nuestro país.
Y en Colombia tenemos ejemplos al canto, acerca del rompimiento de relaciones diplomáticas con otras naciones y su reinicio, como ocurrió en 1981, en el gobierno de Turbay Ayala, quien cesó las relaciones con Cuba, por entrenar en la isla a la guerrilla del M-19; sin embargo en 1993 en el gobierno de Cesar Gaviria se le pidió restablecer relaciones a La Habana, subrayando que el dictador Fidel Castro no le suplicó a Colombia el reinicio de las mismas, sino que la iniciativa fue de Bogotá, quien doce años atrás las había roto.
Otro ejemplo fue el de China, quien hasta 1971, no era reconocida por un buen número de países, quienes habían desbaratado las relaciones con Pekín al no reconocer el gobierno comunista que se tomó el poder en 1949, dándole esa distinción a China Nacionalista (Taiwán), pero varios de esos países que rompieron con Pekín, fueron los que ulteriormente le pidieron restablecer la diplomacia a la República Popular de China y no fue al contrario, como le ocurre a Colombia con Venezuela.
También hay que traer el caso de 1962, en Punta del Este- Uruguay, cuando se excluyó a Cuba de la OEA y la mayoría de naciones rompieron relaciones diplomáticas con la isla, empero años después un buen numero le pidió a Cuba restablecerlas, lo que demuestra que la diplomacia no se mueve por voluntarismo o capricho, sino que han existido históricamente unos protocolos en donde el país que rompe relaciones, sin importar el motivo, es el que tiene que pedir formalmente el restablecimiento, pero parece que eso no se va a cumplir en el gobierno de Gustavo Petro con respecto a Venezuela.
Frente a las relaciones con Venezuela, el gobierno nacional tiene la facultad de convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de acuerdo al Artículo 225 de la Constitución Política del Estado, puesto que las relaciones con el régimen de país vecino llevan más de 20 años en condiciones muy complicadas, en donde la hostilidad de Miraflores hacia Colombia ha sido notoria con amenazas y cobijo a grupos terroristas que conspiran en contra de nuestro país, conforme quedó demostrando tras la muerte de cabecillas guerrilleros en Venezuela en los dos últimos años.
Así que las relaciones diplomáticas con Venezuela, no deben de ser por obsesión o por identidad ideológica entre Petro y Maduro, dado que de por medio están dos pueblos hermanos con enormes dificultades, que sufren afujias indecibles, tal es el caso de los más de 6 millones de refugiados que tiene Venezuela en las naciones vecinas, según datos de la ACNUR(Agencia de la ONU para los Refugiados) de los cuales viven en Colombia dos millones trescientos mil; y esa situación generada por el fracaso del socialismo del siglo XXl en Venezuela, no se resuelve por las buenas intenciones de los gobiernos, puesto que la concepción leninista del poder a cualquier precio, no es la solución para las necesidades apremiantes de las masas hambrientas, de suerte que en las relaciones con Venezuela antes que acuerdos en disquisiciones doctrinarias, debe haber pragmatismo, porque de lo contrario se va camino a la frustración.
De manera que las relaciones diplomáticas con Venezuela, de parte de Colombia no pueden ser masoquistas, dejándose llevar por la similitud ideológica de los dos gobiernos, dado que está en juego el futuro de millones de seres humanos, a los cuales se les tienen que respetar sus derechos, entendiendo que ello es lo que justifica la existencia de los Estados, en concordancia como lo planteó Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social.
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