La manifestación pública o protesta es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, allí el constituyente reconoció la posibilidad que tiene un conjunto de personas de reunirse y expresarse públicamente. Pero también fue explícito en afirmar que dichos actos deben llevarse a cabo de forma pacífica.
Evidentemente es un derecho que debe ser respetado y garantizado a los colombianos. Además, particularmente considero que cuando una causa es justa debe ser apoyada, y nada más justo en nuestro país que propender por la educación, que tan buena falta nos hace.
Desde siempre hemos sostenido que el principal problema de Colombia es la falta de educación, pero cuando nos referimos a este concepto lo hacemos de manera integral, empezando por la formación cimentada en principios y valores, para luego pasar a las áreas del conocimiento académico y continuar el paso por las habilidades propias de cada persona.
Digamos algo de una vez, sin pretender detenernos en el debate de si educación pública sí o no, diremos que mientras logramos las condiciones para que más compatriotas puedan financiar los programas de formación por sus propios medios, es necesario apelar al principio de la solidaridad, e impulsar los niveles académicos con base en el sistema vigente.
Aterrizando el tema a las circunstancias que nos atañen y habiendo dejado clara nuestra postura, levantamos nuestra voz de protesta de manera enérgica y sin vacilación, contra los graves desmanes que se han presentado en las recientes marchas de estudiantes.
Es inconcebible que desadaptados sociales salgan a las calles con la excusa de protestar por sus derechos, al tiempo que aprovechan el escenario para generar caos y descontrol. Un sujeto que pretende incinerar vivo a un agente de policía ¿está exigiendo derechos o delinquiendo gravemente? Y si los estudiantes que participan en la marcha no están de acuerdo, por qué no actúan de inmediato y en un acto de rechazo lo aprehenden para entregarlo a las autoridades.
Debajo del uniforme de los hombres de la Fuerza Pública hay seres humanos, quienes al final de la jornada también son esperados en sus hogares por sus familias y muy seguramente ellos también tienen hijos beneficiarios de la universidad pública.
No creemos que a un estudiante afanado por continuar su formación académica le nazca espontáneo el deseo por salir a protestar a mitad de semestre y culpar de manera grave al actual gobierno, muy silenciosos se mantuvieron los señores de FECODE durante la administración Santos, pero en tan solo tres meses del periodo Duque ya han salido tres veces a las calles.
Aun cuando el derecho a la educación no se encuentra consagrado en el Título II, Capítulo I de la Carta Magna, para ser clasificado como derecho fundamental, por vía jurisprudencial sí se le ha reconocido dicha condición y el presidente Duque así lo ha aplicado, en la primera marcha destinó medio billón de pesos, en la segunda anunció que el presupuesto para educación será de más de 41 billones de pesos, el más alto en la historia de nuestro país.
Finalmente, uno empieza a escudriñar este enigma y nota que gran parte del estudiantado quiere regresar a las clases, que muchos comprenden que el gobierno no ha sido ajeno a la solución y que por el contrario decidió sentarse a negociar con una postura conciliadora. Entonces por qué no permitir el curso de la administración responsable y ejercer una vigilancia cívica a los casos en cuestión.
Es evidente el aprovechamiento de la situación por un sector de la izquierda radical al que le favorece la desestabilización de un gobierno que apenas acaba de empezar y que no ha mostrado ánimo revanchista sino ganas de gobernar para todos. Tendrá la administración actual que realizar el tan solicitado corte de cuentas, antes de que los sectores sociales decidan achacarle toda la responsabilidad por ocho años de desgobierno.
