Macartismo y matoneo contra Rodolfo Arango

Cuando me enteré que Rodolfo Arango fue escogido magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), me alegré de sobremanera, pues además de admirarlo por su historial académico y su visión del derecho y la filosofía, sabía que podría llegar a jugar un papel clave en este proceso tan importante para el Acuerdo de Paz, como lo es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. No hay que saber mucho de derecho, para comprender que la carrera del profesor Arango, es suficiente para tener méritos y ocupar este puesto con seriedad y objetividad.

En redes sociales no se hicieron esperar las lluvias de críticas y de matoneo a un excelente académico de nuestro país. Desde seguidores de Álvaro Uribe, congresistas del Centro Democrático, UTL’s y hasta periodistas, criticaron y calumniaron al profesor, pues este ha sido un opositor de Uribe, no solo en sus columnas sino también por Twitter. Las críticas iban dirigidas a que Rodolfo Arango al haber manifestado su oposición a Uribe, lo que pretende desde la JEP principal y únicamente es juzgarlo y enviarlo a la cárcel.

 

En defensa de Rodolfo Arango, hay mucho por decir. Primero, Rodolfo Arango no es ningún “gato”, ni ningún “twittero agresivo”, es un profesor de la Universidad de los Andes con varios títulos en otros países y prestigiosas universidades de Colombia. El matoneo de vincularlo con las FARC y Venezuela es una total mentira que busca sólo indignar a la gente para generar rabia y descontento.

Contrario a lo que el congresista Carlos Mejía dice, odiar a Uribe no es el requisito principal, los requisitos eran: “ser altamente calificados en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos o resolución de conflictos, no tendrán que ser funcionarios de carrera y no habrá límite de edad. Dependiendo del cargo, deberán demostrar una experiencia mínima de 15 años en la Rama Judicial”. Y aunque ese Tuit de Mejía no es literal, cabe aclarar los requisitos, pues hay personas que le creen de inicio a fin todo lo que los políticos dicen.

 

Odiar o no a Uribe, no es un requisito del Proceso de Paz, ni para la JEP. La política en Colombia y menos el post-acuerdo giran en torno a Uribe.

Segundo, macartizar a Rodolfo por ser de izquierda es descabellado. Afirmar que ser de izquierda es sinónimo de simpatía hacia las FARC en este proceso, es una falacia y un insulto muy grave. Ser de izquierda no significa tomar posición a favor de los guerrilleros. Recordemos que los magistrados van a defender principalmente las víctimas del Conflicto Armado Colombiano, para ello buscan que se sepa la verdad del conflicto, la JEP no se creó con la misión de condenar a Uribe.

Tercero, Arango no se postuló a la JEP para condenar al ex presidente, pero como él mismo dice en una columna de tiempo atrás (prediciendo lo que está pasando): “El fuero que mantiene en la Comisión de Acusaciones no le bastaría para salir indemne si lo involucran en la justicia transicional. Por eso dice que lo quieren meter a la cárcel, e inmediatamente después ofrece un acuerdo tripartita Gobierno, FARC y oposición, pero bajo condiciones sorprendentes: que los máximos responsables de las FARC acepten algo de cárcel y algo de no elegibilidad política, dos escollos ya superados en la negociación”.

La JEP estudiará los casos donde participaron diferentes actores del conflicto armado, si a Uribe lo llegasen a mencionar no es porque hayan antiuribistas, ni gente de izquierda, es porque cuando estuvo en el poder, tuvo incidencia en situaciones del conflicto.

Cuarto, él ha tenido una virtud y es que ha sostenido una posición política (como tenemos todos) y esto no le ha impedido separar la función del abogado y del actor político. La JEP no busca hacer política, como tampoco lo buscaría Rodolfo Arango.

Nota: Parece que muchos colombianos tienen en cuenta el espectro político para confiar y creer en algo. La experiencia, el recorrido, la seriedad y los méritos académicos parecen no importar nada. ¡Merecen respeto y consideración!

Diego Alejandro Casas Ramírez

Politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana.