El próximo 24 de enero el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre dará su veredicto acerca de la posibilidad de que el expresidente se presente a las elecciones en octubre. Una decisión que modificará radicalmente el panorama político brasileño
En los países latinoamericanos viene siendo ya algo habitual que los expresidentes, independientemente de que tengan o no interés y posibilidades de regresar a la presidencia, influyan de manera activa y directa en la vida pública. En algunos casos, como el de José Mujica en Uruguay, Cristina Fernández en Argentina y, en su momento, Eduardo Frei o Ricardo Lagos en Chile, esta influencia se ejerce desde un cargo público. En otros, en cambio, como el de Ernesto Zedillo y Vicente Fox en México, Patricio Aylwin en Chile o Leonel Fernández en República Dominicana, desde el sector privado y no gubernamental.
No se trata de algo exclusivo de Latinoamérica. Es posible encontrar ejemplos similares en casos como el de José María Aznar y Felipe González en España, Tony Blair en Inglaterra o Jimmy Carter en Estados Unidos, por mencionar algunos. Sin embargo, parece que lo verdaderamente relevante de dicha influencia recae, principalmente, en la existencia de la posibilidad de reelección, por un lado, así como en la popularidad y el desempeño que el expresidente haya tenido durante su mandato, por el otro.
En este sentido, luego de haber sido presidente de Brasil entre 2003 y 2011, Lula da Silva siguió teniendo una notoria presencia en la vida pública brasileña. Desempeñándose fundamentalmente en el ámbito no gubernamental, creó el Instituto Lula, una institución sin fines de lucro cuya sede se ubica en el mismo lugar donde funcionó durante su gobierno el Instituto de la Ciudadanía, responsable por la formulación de políticas que tuvieron gran popularidad, como ‘‘Hambre Cero’’.
A pesar de haberse apartado del sector público, el popular expresidente sabía que tenía la posibilidad de ser reelegido. Hoy, de cara a las elecciones de octubre de este año, parece estar presente más que nunca en la vida política brasileña. En los últimos meses su popularidad ha llegado a los niveles más altos desde el jucio político de su sucesora, Dilma Rousseff, y faltando poco tiempo para los comicios, parece ser el candidato que cuenta –por mucho – con mayores posibilidades de ganar.
Sin embargo, la posibilidad siquiera de presentarse como candidato pende de un hilo. En julio de 2017 Lula fue condenado en primera instancia a nueve años de cárcel por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, como parte de la polémica Operación Lava Jato. Así, el principal juez responsable del escrutinio de la operación, Sergio Moro, declaró al expresidente ‘‘culpable de haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de Sao Paulo por valor de 3,7 millones de reales, pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos’’.
Moro asegura que hay pruebas suficientes para dejar constancia de que Lula aceptó dicho departamento como soborno, mientras que el exmandatario sostiene que no hay siquiera una prueba documental que permita corroborar su titularidad como propietario de la vivienda.
En cualquier caso, el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre fijó como fecha de resolución del recurso interpuesto por Lula ante la condena el próximo miércoles 24 de enero. Si los tres jueces del Tribunal ratifican la sentencia de Moro, la inhabilitación política de Lula será casi un hecho y no podrá presentarse como candidato.
Con todo, ante las voces que aseguran que la sentencia contra Lula se trata de una ‘‘persecución política’’ como parte de una estrategia de las élites políticas y económicas para continuar con el ‘‘golpe’’ contra su sucesora Dilma Rousseff, están las de aquellos que celebran la sentencia y defienden las instituciones judiciales, argumentado que la justicia de primera instancia suele ser más ágil en sus resoluciones.
Sin embargo, dado que el expresidente nunca ocultó su intención de presentarse como candidato a las elecciones, la extraña celeridad en la resolución de su caso frente al de otros similares ha propiciado suspicacia acerca de que se está haciendo uso político de las instituciones judiciales. Michel Temer, quien se desempeña como presidente de Brasil desde el impeachment de Rousseff, fue acusado por corrupción por parte de anterior fiscal general de la República, Rodrigo Janot, pero la denuncia, que debía ser avalada por dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados, fue rechazada.
A pesar de que el próximo miércoles se decidirá si Lula puede volver a ser candidato o no, es innegable que el pronunciamiento del Tribunal, en cualquiera de los dos sentidos, cambiará radicalmente el curso de las próximas elecciones brasileñas.
Referencias:
Benites, Afonso. (2017, 27 de junio). El fiscal pide procesar por corrupción al presidente de Brasil. El País. Fecha de consulta: 2018, 1 de enero. En línea: https://elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498519847_629936.html
Gosman, Eleonora. (2017, 2 de agosto). El Congreso de Brasil salva a Temer y rechaza su juicio por corrupción. Clarín. Fecha de consulta: 2018, 1 de enero. En línea: https://www.clarin.com/mundo/camara-diputados-frena-causa-suspender-temer-corrupcion_0_Sk3Vlklvb.html
Hermida, Xosé. (2017, 20 de diciembre). Lula se dispara en las encuestas mientras avanza el proceso que puede inhabilitarle. El País. Fecha de consulta: 2018, 1 de enero. En línea: https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513791174_649004.html
Avendaño, Tom C. (2017, 13 de julio). Lula, condenado a nueve años de cárcel por corrupción. El País. Fecha de consulta: 2018, 1 de enero. En línea: https://elpais.com/internacional/2017/07/12/actualidad/1499879884_595530.html
La Nación. (2017, 13 de diciembre). Lula sabrá el 24 de enero si puede volver a ser candidato. Fecha de consulta: 2018, 1 de enero. En línea: http://www.lanacion.com.ar/2090847-lula-sabra-el-24-de-enero-si-puede-volver-a-ser-candidato
