Desde el ascenso del chavismo al poder en Venezuela, el hermano país ha sufrido un marcado deterioro político, social, económico, cultural y hasta espiritual, situación que se agravó mucho más cuando Nicolás Maduro asumió el control del régimen.
Bajo este panorama, y con la pérdida de la democracia, los derechos civiles y una economía en ruinas en la nación bolivariana, una migración masiva era de esperar, y al ser Colombia un país fronterizo, se convirtió en destino de paso o fijo para una gran cantidad de personas que buscaban un mejor presente y futuro.
Esto le ha planteado grandes retos a Colombia, primero, para atender la grave situación en la que algunos venezolanos llegan país, y segundo, para crear un marco normativo y ético que nos permita afrontar la masiva llegada de extranjeros al país, y recibirlos con los brazos abiertos como otrora ellos nos recibieron a nosotros.
Obviamente esto no ha sido una tarea sencilla, y cuando hay un choque cultural y migratorio tan fuerte, muchos habitantes de la nación anfitriona tienden a generar un rechazo y hasta odio por los huéspedes, lo que podríamos denominar xenofobia, que se agrava aún más cuando ante hechos delictivos, algunos titulares de prensa se enfocan más en el origen de la persona que en el delito en sí ¿Qué tal si la prensa antioqueña empieza a decir que X o Y crimen fueron cometidos por oriundos de Bogotá? El resultado sería un rechazo generalizado hacia toda la población bogotana que vive en Antioquia.
Yo fui diplomática en España, y la experiencia me ha dejado una sensibilidad marcada frente al tema migratorio, por lo que me genera gran consternación las explosivas declaraciones de algunos ciudadanos e incluso de algunos dirigentes como la alcaldesa Claudia López, que se han referido en diferentes oportunidades de manera despectiva contra nuestros hermanos venezolanos. Prefiero las sensatas palabras del expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho que el crimen es de la persona, no de la nacionalidad hermana.
Respecto a este tema de la migración venezolana a Colombia, y muy especialmente a Medellín, hace unos días tuvimos la discusión en el Concejo de la ciudad, a propósito del estatuto migratorio que impulsó el Gobierno Nacional, y en plenaria fui enfática en preguntar cuál es la verdadera oferta institucional que tenemos para atender a la población migrante, y más aún, cuál es la articulación del conglomerado público con los entes departamentales y nacionales para hacerle frente a esta situación.
También recalqué la necesidad de hacer un empadronamiento de la población migrante que llega al país, independientemente de si están o no regularizados, porque eso nos permite entender quienes llegan y en qué condiciones, ya que esto puede ser un factor para prevenir futuras violencias y para atender integralmente a quienes llegan. Hoy la población venezolana en Medellín tiene grandes deficiencias en temas de acceso a salud, educación y vivienda, entre otros temas, y no podemos hacernos los de la vista gorda ante estas necesidades.
Necesitamos una oferta institucional sólida, planes concretos y articulación con las entidades nacionales y departamentales para tener una verdadera política de fraternidad con los hermanos venezolanos que vivieron el yugo de la dictadura y hoy buscan una oportunidad para rehacer sus vidas.
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