Los problemas de la justicia y el gobierno Petro

“Cuando los órganos de justicia se demoran en resolver un problema más de cinco años en ese momento ya no hay justicia”.


En mi ejercicio profesional como abogado me he encontrado con que la principal pregunta de los clientes es “¿Y ese proceso cuanto se demora?” y aunque el profesional del derecho no puede comprometerse a dar con exactitud un tiempo donde los casos tendrán solución, los promedios de respuesta en la justicia si son bastante demorados. Solo basta mirar, por ejemplo, la demanda que junto con otro colega interpusimos contra el Decreto 575 de 2021 que decretó la asistencia militar en el marco de las protestas por el paro nacional del 2021, esta demanda, que surte su trámite en la Sección Primera del Consejo de Estado, en septiembre de 2022 va a completar un año sin que la consejera expida el auto que descorra traslado para los alegatos de conclusión y finalmente dictar sentencia.

Y como ese hay muchos otros ejemplos, esta semana, la Seccion Tercera del Consejo de Estado expidió una sentencia en la que condenaba a la Nación a reparar los perjuicios causados por el secuestro y muerte de los diputados del Valle hechos que sucedieron en el 2002 y que veinte años después apenas la justicia viene a pronunciarse sobre la reparación, sin contar con que este caso en la justicia transicional y en la Fiscalía avanzan a paso lento, muy lento. Otro ejemplo, es el caso Colmenares, que lleva más de doce años sin tener una solución de fondo.

Estos tres casos confirman la crisis que vive el sistema de justicia en Colombia y que corroboran las cifras dadas por la Corporación Excelencia de la Justicia quien para el 2019 estableció que cerca de 1.8 millones de procesos no avanzaban en los despachos judiciales, cifra que muy seguramente para el 2022 aumento debido a la crisis generada por la pandemia y el cierre de los juzgados durante buena parte del 2020. Pero ¿Cómo solucionar este problema? Algunos ministros de justicia vienen hablando de que es necesaria una reforma a la justicia, pero todos se quedan cortos a la hora de presentar los proyectos ante el Congreso ya que las reformas se limitan a ajustar los criterios de competencia de las altas cortes, tal como sucedió con la última reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No creo que las soluciones a los problemas pasen por abrir más despachos judiciales ni designar más fiscales, ni tampoco crear una supercorte, ni reformar la tutela como lo proponen algunos sectores. La solución pasa primero por recuperar la confianza de los ciudadanos en los jueces, investigar y sancionar a los jueces responsables de casos de corrupción, hay que dotar a la justicia de un buen presupuesto y para eso es clave el apoyo del gobierno nacional, reconocer la prelación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las demás cortes. Se deben fortalecer los procesos de selección de jueces y magistrados, deben llegar los mejores y de una vez por todas eliminar la famosa puerta giratoria en las cortes y los amiguismos en los juzgados y tribunales, hay que recuperar los valores por parte de los servidores judiciales, que estén los idóneos. Finalmente, hay que quitarle las funciones sancionatorias a la Procuraduría y que estas funciones pasen a la Fiscalía, no comparto la propuesta del nuevo gobierno de eliminar esta entidad ya que esa no fue la recomendación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la Procuraduría tiene otras funciones como la defensa y promoción de los derechos humanos, consultora en las demandas ante la Corte Constitucional y conciliadora en los procesos administrativos.

La solución a los problemas de la justicia no parece estar cerca, el gobierno que inicia el próximo 7 de agosto no parece priorizar una propuesta clara para acercar la justicia al ciudadano, reducir los tiempos de respuesta de los juzgados y de los entes investigadores. Por el contrario, parece que las prioridades del próximo gobierno pasan por no presentar una reforma a la justicia, por no aumentar el presupuesto para la rama judicial, limitándose solamente a proponer la eliminación de la Procuraduría, idea que no soluciona los problemas y tampoco cumple la orden dada por la Corte Interamericana. Amanecerá y veremos.

About the author

Andrés Gonzalez Puerta

Abogado de la Universidad Icesi de Cali, litigante en derecho administrativo, responsabilidad civil, seguros y arbitraje y socio director de la firma de abogado RGA Legal Group.

Add Comment

Click here to post a comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.