Sin duda, los hechos llevan a pensar que existe una acción deliberada que ha traído consigo la operación de varios carteles de la droga que usan la posición geográfica del Ecuador, así como sus inofensivas leyes, para generar toda una ruta para el desarrollo de actividades ilícitas; y asimismo, apoderarse de las cárceles y tecnificar la operación de varios grupos delincuenciales que operan, tanto dentro de los “centros de rehabilitación”, como en las calles. Si bien ningún país está libre del mal de la droga, el Ecuador se ha convertido en un epicentro continental de esta actividad. De ahí que el accionar del Gobierno nacional y local, las Fuerzas de Seguridad y la sociedad en su conjunto, debe ser coordinado. Para ello es primordial el desarrollo de un Plan Nacional de Seguridad que brinde total apoyo a las acciones de las Fuerzas del Orden, precautelando el bienestar de los ciudadanos ante una acción criminal. Existe también, la necesidad de realizar una medición del impacto económico y social de la inseguridad, para así determinar la forma de combatir la violencia en sus distintas presentaciones, pues lo vivido en los últimos días llena de zozobra al país entero, a pesar de estar focalizado en las zonas de Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos; ninguna provincia es esquiva a que le roben la tranquilidad.
Conociendo los costos de la inseguridad, las autoridades podrán determinar la cantidad de recursos y el tipo de acciones a realizar, y los actores que deben intervenir desde la sociedad para hacer un frente común de lucha contra la criminalidad. ¿Qué consecuencias ha creado esta ola de inseguridad? A ciencia cierta, la primera de ellas es la limitación a nuestra libertad de movilidad por el miedo de ser víctimas del hampa, lo que a su vez conlleva a una segunda consecuencia: la disminución de la actividad de consumo de las personas, que afecta directamente a la reactivación económica que necesita desarrollar el país, ya sea por la crisis en la que venimos sumergidos desde hace algunos años, como también por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. La tercera es el aumento en los costos de las empresas que deben destinar recursos para la protección de sus activos, acarreando un costo de oportunidad importante por tratarse de recursos que pudieron darse para otra finalidad; similar situación ocurre con las familias que aumentarán su gastos en seguridad para su protección familiar, así como de sus propiedades (vehículos, casas, entre otros). La cuarta es la pérdida de confianza en las autoridades que, a pesar de sus acciones para combatir la criminalidad, evidencia aún altos índices de inseguridad, así como también de irracionalidad y salvajismo en los ataques perpetrados a las Fuerzas del Orden, como si se tratase de una cacería despiadada; es necesario tener presente que lo que se vive actualmente es producto de años de inacción de las leyes, y lo que se enfrenta el resultado de dicha inacción, a lo cual se está combatiendo decididamente ¡por fin!. La quinta es la imagen del país afectada de forma importante, y es que algunos Gobiernos han sugerido a sus ciudadanos no visitar el Ecuador, o ciertas zonas del mismo, para de este modo evitar ser víctimas de la inseguridad que se vive, provocando que menos turistas vengan; por ende, menos divisas se reciban, perjudicando la creación de mayor número de nuevos puestos de trabajo.
He ahí la importancia del enfoque de las soluciones, mismas que deben atacar, simultáneamente, los problemas coyunturales y los estructurales. Por consiguiente, es fundamental:
- Contar con un Plan Nacional de Seguridad que tenga acciones de corto, mediano y largo plazo.
- Identificar los actores que intervendrán desde la sociedad civil.
- Determinar los recursos, desde lo público y privado, con los que se contarán para combatir la inseguridad.
- Desarrollar operativos en las ciudades, especialmente, en las “zonas calientes”, para así limitar el accionar delictivo.
- Reformulación de leyes que favorecen la impunidad de los delincuentes.
- Mejorar las condiciones de trabajo de las Fuerzas del Orden, para que cuenten con un mayor respaldo.
- Intervención de las cárceles del país, a fin de garantizar la desarticulación de los grupos delictivos que operan en su interior.
- Continuar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el combate de la delincuencia.
- Desarrollar cooperación interinstitucional con los estímulos adecuados dirigidos al sector empresarial. Esto ampliará las oportunidades de contratación de los jóvenes, pues la carencia de empleo es un factor que, en algunos casos, incide en que se opte por alternativas relacionadas con el crimen organizado.
- Desarrollar planes de formación ciudadana en ética y valores dirigidos a niños y jóvenes en aras de mejorar su educación, para que así entiendan los riesgos de actuar fuera de la ley.
Innegablemente, ¡hay mucho por hacer!, y es necesaria la colaboración de todos los actores de la sociedad. Por ello, toda iniciativa adecuadamente estructurada debe apoyarse, entendiendo además que, el problema, se viene suscitando desde hace varios años, y que la solución no está a la vuelta de la esquina.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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