“Por ahora solo sabemos que la designación de la Dra. Corcho es garantía de que los cambios en el sistema serán una realidad. Pero aún falta mucha tela que cortar ya que estas reformas, que seguramente se harán a través de una ley estatutaria, son discusiones que se deberán adelantar en el nuevo Congreso que se instalará el próximo 20 de julio para el periodo 2022-2026.”
El pasado 5 de julio el presidente electo Gustavo Petro designó como próxima ministra de salud a la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra y politóloga que ha liderado desde hace algún tiempo las iniciativas de cambiar estructuralmente el Sistema de Salud en Colombia. En el anterior artículo de opinión expuse algunas razones por las cuales las EPS habían llegado a una situación de extinción (sin importar cual gobierno fuese elegido pues ambos proponían eliminarlas) a través de algunas cifras y de situaciones financieras adversas al sistema. El presente artículo, que es una continuación del primero, tiene como propósito responder algunas de las preguntas que más inquietan con el cambio que se avecina.
Por ahora solo sabemos que la designación de la Dra. Corcho es garantía de que los cambios en el sistema serán una realidad. Pero aún falta mucha tela que cortar ya que estas reformas, que seguramente se harán a través de una ley estatutaria, son discusiones que se deberán adelantar en el nuevo Congreso que se instalará el próximo 20 de julio para el periodo 2022-2026.
Recordemos que en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo los sectores elegidos con mayor representación para el próximo Congreso fueron el Pacto Histórico, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y a juzgar por las recientes declaraciones de estos y otros partidos minoritarios en términos de no declararse en oposición a la agenda legislativa de Petro, tenemos que esta mayoría parlamentaria garantizará que las iniciativas legislativas del próximo gobierno no terminen engavetadas o en el fracaso.
¿Mejorará el Sistema de Salud si se acaban las EPS con el gobierno de Gustavo Petro? ¿El redireccionamiento de los recursos a las IPS mejorará la atención de los usuarios y los salarios del personal de salud? ¿Qué ventajas y desventajas traería el cambio del modelo de salud hacia un sistema público?
Vamos poco a poco y empecemos de atrás para adelante.
¿Qué ventajas y desventajas traería el cambio del modelo de salud hacia un sistema público? La respuesta a esta pregunta es una incógnita por ahora, habrá que esperar a que “vivamos” el nuevo modelo para saber lo bueno y lo malo y lo que haya que corregir, lo cierto es que siempre habrá cosas por mejorar. La pregunta por ahora sería: ¿cuáles son los riesgos y los retos que plantea este cambio? La principal preocupación de una transición a un Sistema de Salud Público no radica tanto en la prestación de los servicios, ya que las IPS’s no van a desaparecer. Incluso me atrevería a decir que se van a fortalecer y se va incrementar la oferta de los prestadores como una respuesta al cambio de modelo. El tema fundamental está en el manejo de los recursos y el riesgo que puede existir de que las mafias políticas lo usen como objeto de corrupción.
Actualmente los dineros que se recaudan, a pesar de que gran parte de ellos son de orígenes privados (trabajadores y empresas) una vez recaudados pasan a ser parte de los recursos públicos que el ADRES (antiguo FOSYGA) administra para ambos regímenes a través de sus cinco subcuentas (Compensación, Solidaridad, PyP, ECAT y Subcuenta de Garantías de la Salud).
Lo que sabemos por ahora, según algunas declaraciones y entrevistas previas que la Dra. Corcho ha ofrecido con anterioridad a su designación como ministra de esta cartera, es que se plantea descentralizar el ADRES para conformar sedes regionales para que los recursos se distribuyan directamente a los prestadores, tanto privados como públicos, en dichas regiones.
Tendría entonces el ADRES que encargarse del recaudo de los recursos, hacer los procesos de contratación de la red de prestadores en su jurisdicción, garantizar el pago, gestionar el riesgo financiero y en salud de la población inscrita, adelantar las auditorías para evitar que la falta de autorregulación de los médicos ocasionen gastos innecesarios por falta de pertinencia médica. En esto hay que ser claros, porque si parte del negocio de las EPS es negar servicios para obtener ganancias financieras de estos recursos, el negocio de las IPS es justamente lo contrario: facturar lo que más se pueda. Por eso el rol de los auditores será fundamental, y el rol de los entes de control y de los sistemas de autorregulación al interior de los prestadores y del mismo ADRES va a ser un punto importante a tratar.
El flujo directo y sin demora de los recursos a los prestadores sin la intermediación de las EPS sería una gran ventaja, ya que es bien sabido que algunas de estas empresas pagan con una mora que en ocasiones superan los 60 días, disfrutando ellas (no el Sistema de Salud como debería ser) las ganancias por los intereses financieros. Si es un gran reto la descentralización del ADRES sin que se genere una enorme burocracia en su interior para operativizar todo este cambio, es un reto aún mayor el sistema de vigilancia y control que se debe establecer para evitar que los dineros terminen en manos de los corruptos en dichas regiones. Para esto es fundamental la participación de la Superintendencia de Salud, la sociedad civil, los entes de control, los gremios e incluso los mismos empresarios.
Si se eliminan las EPS se incrementa por lo menos en un 10% los recursos del Sistema ya que este es el porcentaje que usan para sus gastos operativos. Según el ADRES, en la vigencia 2021 el presupuesto fue de 64.1 billones de pesos, si hacemos la operación sencilla de calcular el 10% de esta cifra representaría la no despreciable suma de un poco más de 6 billones de pesos que se reorientarían a la salud.
La primera conclusión es que la primera pregunta plantea un gran riesgo por cuenta de la corrupción que debe evitarse a toda costa, y un gran reto operativo por cuenta del control del gasto, la gestión del riesgo financiero y del riesgo en salud, pero también el reto que tendrá el nuevo gobierno de actualizar y homogeneizar el régimen tarifario que actualmente es un verdadero galimatías.
La segunda pregunta es si ¿el redireccionamiento de los recursos a las IPS mejorará la atención de los usuarios y los salarios del personal de salud? Sin duda cambiar el sistema tiene que mejorar la atención de los usuarios y debe redundar en una mejora de las condiciones del personal de salud a todos los niveles. Garantizar contratos laborales con las prestaciones sociales a todos los trabajadores y mejorar la brecha salarial y la inequidad laboral. Pero también debe incluir un programa de educación integrado con las facultades de salud, los hospitales universitarios y la academia para aumentar la oferta de especialidades de difícil acceso, sobre todo en zonas apartadas de los centros urbanos donde es casi imposible una cita con un especialista.
Si eliminar las EPS implica eliminar toda suerte de trabas administrativas que dificultan el acceso real a los servicios para los pacientes, como autorizaciones, filas eternas, comités innecesarios, y un monton de tramites engorrosos que hoy en día deben asumir los mismos pacientes y los médicos, sin duda habrá mejorado el servicio. Esto no será inmediato y seguramente se irá refinando con el paso del tiempo.
No podemos saber si mejorará el Sistema de Salud si se acaban las EPS con el gobierno de Gustavo Petro, lo cierto es que el cambio no tiene vuelta atrás. Esperemos a que el nuevo Congreso se instale y adelante la agenda legislativa del nuevo gobierno.
Ahora más que nunca los gremios, los profesionales de la salud, la academia, los empresarios y toda la sociedad civil debemos estar pendientes de lo que va a pasar con este tema y con otros al interior del congreso de la República.
La preocupación es mayúscula para los actuales trabajadores de las EPS por el futuro incierto y la incertidumbre que plantea todo este remezón político. Pero como siempre, estos cambios plantean retos pero también oportunidades que pueden ser aprovechadas por empresarios competentes: algunas EPS aprovecharán la infraestructura que ya tienen para transformarse en IPS de primer nivel y/o ampliar sus servicios a otros niveles de atención, otras se dedicarán al negocio de la medicina prepagada. Lo cierto es que las IPS no van a desaparecer.
¿Volverán los consultorios privados de médicos particulares como antes de la ley 100? ¿Cómo se harán los recaudos en el sistema? ¿Cómo se harán los pagos a los prestadores? ¿Se unificará y actualizará el régimen tarifario? ¿Cambiará la proporción empleado/empleador de las cotizaciones en salud? ¿Se crearán más impuestos para financiar la salud con el nuevo modelo?
Prepárense para estar pendiente de los debates en el Canal del Congreso.
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