El reciente anuncio del ministro de educación de Chile, el profesor Marco Antonio Ávila, sobre la disminución del presupuesto y comienzo de un proceso de evaluación del programa Liceos Bicentenario, es una buena noticia para quienes creemos en un fortalecimiento en serio de la educación pública en el país.
Lo planteo ya que desde sus inicios, en el año 2010 y durante el gobierno de Sebastián Piñera, el programa Liceos Bicentenario respondió a una idea de educación proveniente del pensamiento neoliberal, el cual se ha centrado en la competencia entre colegios y en la estandarización curricular y evaluativa, generando altos índice de segregación y apartheid escolar, que ubica a Chile dentro de los casos más dramáticos del mundo.
De ahí que el programa Liceos Bicentenario, desde un comienzo, buscó focalizar sus recursos económicos y técnicos en ciertos liceos de excelencia del país, que supuestamente permitiera que los estudiantes más talentosos de sectores vulnerables tuvieran una educación de calidad, cerrando la posibilidad de generar mecanismos de financiamiento basal y universal para todos los colegios con aporte público.
El problema de aquel programa por tanto, es que durante estos más de 10 años de funcionamiento en Chile, al estar inserto en lógicas economicistas de la educación, y no bastando con la brutal desigualdad entre educación pública y privada, pueda estar generando una nueva segregación territorial.
Quienes han defendido este programa y han puesto el grito en el cielo con lo señalado por el ministro Ávila, han dicho que esta decisión significa nivelar para abajo en la educación, dañando la calidad, ya que esos Liceos Bicentenario tienen mejores resultados en pruebas estandarizadas y en retención escolar, lo que es cierto.
No obstante, se olvidan que este programa nació en un contexto en donde no existía la ley de inclusión, y por tanto son liceos que han seleccionado, expulsado y dejado fuera a estudiantes, a pesar de recibir fondos públicos, con el argumento de que son de excelencia, al igual como pasó históricamente con los llamados colegios emblemáticos.
Por lo mismo, habría que tomar a los 320 Liceos Bicentenario que existen actualmente, y ver en qué medida esos establecimientos replican o no una cultura de la segregación y discriminación escolar, que sigue existiendo aún con la ley de inclusión, pero de forma mucho más sutil.
En consecuencia, la evaluación de un programa de este tipo, como lo son los Liceos Bicentenario, no puede sostenerse en la discriminación de estudiantes, con el objeto de sacar mejores puntajes en pruebas estandarizadas, lo que va acompañado también en una concentración de los mejores docentes en esos establecimientos, lo que genera colegios en un mismo territorio de primera y segunda categoría.
Asimismo, habría que preguntarse también en qué medida esos establecimientos están aportando a nivel curricular, en tanto no sólo en cómo se enseña, sino en qué se enseña, en tanto proyectos educativos integrales e innovadores, que se hagan cargo de los desafíos actuales, o por el contrario, sean solo centros educativos de entrenamiento de ciertas materias o contenidos (matemáticas, lenguaje y ciencia), que empobrecen los procesos de aprendizaje.
No hacerse cargo de estas preguntas, es seguir anclado en un paradigma educativo individualista y descontextualizado, que podrá haberse vendido en el 2010 por el gobierno de turno y por los grandes medios concentrados de la época como algo exitoso, pero que el tiempo nos ha mostrado que sólo ha servido para aumentar el malestar de la sociedad y perpetuar las desigualdades.
La necesidad por tanto, de transitar a un sistema educativo distinto sigue en marcha, aunque los sectores más conservadores del país quieran seguir haciendo más de lo mismo y rechazando cualquier intento de mayor justicia social y escolar, al seguir pegados a formas de entender la educación de manera autoritaria y mercantil, que niegan la posibilidad de construir una sociedad más inclusiva, participativa y colaborativa.
Al parecer, ciertos sectores siguen negando todo lo ocurrido en los últimos 20 años en el país, que aunque se haya rechazado la nueva propuesta constitucional, no quita en lo absoluto toda la impugnación que se ha hecho a distintos ámbitos de Chile, en donde la crítica al modelo educativo ha sido central, multitudinaria y ha tenido mucho apoyo en la población en general.
Dicho lo anterior, que la educación pública esté en el centro, para todas y todos en Chile, sin exclusiones, y sin medidas que solo agravan el problema, el cual debe ser abordado de manera seria, sin atajos, junto a las comunidades educativas y con la mayor evidencia posible.
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