Hoy en Perú la libertad de expresión se encuentra en grave peligro. Eduardo Quispe, periodista de un canal peruano, fue secuestrado durante cinco (5) horas por un grupo de entre 30 y 40 personas que presuntamente pertenecían a las rondas campesinas de la localidad de Chota (Cajamarca). El periodista había acudido a ese lugar en compañía de un pequeño equipo para investigar unas acusaciones contra la cuñada del Presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien había sido captada en el transcurso de esa semana ofreciendo obras de saneamiento en la región. Según lo declarado por el periodista, este grupo de “ronderos”, entre los que se encontraría el Alcalde de Chadín, César Castillo, les decomisaron los materiales de trabajo como cámaras de video y teléfonos celulares, para luego retenerlos en contra de su voluntad y cuestionar las actividades que el equipo se encontraba realizando en el lugar. Posteriormente, para que se les permitiera abandonar la comunidad, fueron obligados a leer un comunicado interrumpiendo la señal del canal de televisión América TV, en el cual, Eduardo Quispe, tuvo que declarar que la imputación contra Yenifer Paredes hecha por el Ministerio Público era falsa, haciendo un llamado expreso a la defensa del Gobierno y los familiares del Presidente en representación de “los intereses y necesidades de su pueblo”. Este es un hecho sumamente delicado, principalmente por la fuerte connotación política que trae consigo, puesto que las acciones que tomen las autoridades ante este acontecimiento expondrán la posición del Gobierno con relación a la prensa y a la libertad de expresión.
La respuesta de Pedro Castillo, luego de que se difundiera este acto de amedrentamiento, fue un pequeño pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter, donde declaraba que:
Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho. (1/2)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 7, 2022
Sin embargo, las palabras y los actos deben ser consecuentes, y hasta el momento las acciones del Presidente lo que han logrado es contradecir cada uno de ellos. Por ejemplo, un día antes de que ocurriera el atentado contra el periodista, el poder ejecutivo estaba presentando un proyecto de ley conocido popularmente como “Ley mordaza”, el cual castiga con hasta tres (3) años de cárcel a quienes difundan “información reservada” sobre procesos penales. Si bien dicha ley está enfocada principalmente hacia los Operadores de la Justicia, restringiría la labor periodística, pues impediría que estos puedan acceder a la información y fiscalizar a los agentes políticos; además que, según esta ley, el periodista sí podría ser incorporado en un proceso penal como cómplice o instigador.
A pesar de que el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Aníbal Torres, declaró que esta no es una ley que atenta contra la libertad de expresión y de prensa, sino que es un proyecto que busca proteger los “derechos fundamentales” de toda persona investigada por la Justicia, vemos que a los únicos que beneficia la “Ley mordaza” es a aquellos investigados por la Fiscalía, como al actual Presidente y a su familia, ya que impide que los actos por los cuales se está acusando a alguien se hagan de conocimiento público. Por lo tanto, no se estaría atentando únicamente contra la labor periodística, sino también contra el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información sobre asuntos de interés público.
Claro que esta no ha sido la única ocasión en la que el nuevo gobierno ha demostrado su rechazo hacia la prensa y la libertad de expresión. Durante el primer año de mandato hemos observado un discurso muy estigmatizante hacia la prensa, que es comúnmente calificada de “golpista”, “vendida” y de estar aliada con la oposición. En un mitin realizado en la ciudad de Ayacucho, recientemente Pedro Castillo declaró: “¿Ustedes creen en las encuestas?, ¿Ustedes creen en esa prensa?, ¿Ustedes creen en los periódicos? Ha llegado el momento de creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo”. Un discurso que va en sintonía con acciones como el impedir que los periodistas tengan acceso a eventos gubernamentales, como fueron el Reconocimiento del Presidente como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional o la Ceremonia de las credenciales de los nuevos Embajadores en la Cancillería, asimismo ha habido un rechazo constante por parte del Presidente a dar entrevistas, algo que también conllevó a que se cometiera en diversas ocasiones actos de agresión contra periodistas por parte de diferentes agentes del gobierno. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) y el Consejo de la Prensa Peruana han emitido en su conjunto alrededor de 25 alertas en rechazo a acciones en desmedro de la libertad de expresión durante los últimos meses.
La intimidación, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, las agresiones, el impedimento de cobertura, el robo de equipos, la destrucción de material, la criminalización y la descalificación de periodistas y medios informativos que estamos observando en Perú, son prácticas frecuentes en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, los cuales mantienen a todas luces regímenes dictatoriales que atentan no solo contra la libertad de expresión, sino contra todos los derechos individuales. Hace quince (15) años, cuando se clausuró Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de televisión más antiguo y de mayor tradición de Venezuela, Hugo Chávez, Presidente de Venezuela para ese momento, dijo que la decisión estaba relacionada con la posición que el canal había tomado durante el Golpe de Estado de 2002; “(…) no se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo y en contra del pueblo, de la nación”, declaró Justicia y Verdad (2022). En este punto son evidentes las similitudes con el discurso actual de Castillo, e igual de similares podrían llegar a ser las consecuencias.
Según revela un estudio acerca de las libertades informativas realizado por el IPYS Venezuela (2021), actualmente en Venezuela se ha normalizado la censura en el ámbito periodístico, volviéndose parte fundamental del sistema gubernamental. Los principales señalamientos que analiza el estudio son la criminalización y desacreditación de “la labor de la prensa crítica, y la censura como condicionamiento que prevalece en los instrumentos articulados por el gobierno para deteriorar, aún más, el ecosistema mediático, y la independencia, la pluralidad, la diversidad y la calidad informativa” (IPYS Venezuela, 2021, p. 3). Asimismo, observa que “El acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela” y que es muy común la negativa de funcionarios públicos a ofrecer declaraciones sobre información relevante, “lo que deja de manifiesto que situaciones como la posibilidad de preguntar de los reporteros está siendo abarrotada por el «no» como respuesta y los diversos voceros se niegan a dar declaraciones. Es prácticamente imposible concertar entrevistas con ministros, representantes de los poderes públicos, gobernadores y alcaldes del oficialismo, presidentes de organismos públicos o de empresas del Estado. Estas personalidades parecen haberse enmudecido” (p. 7).
Siendo así, podemos llegar a la conclusión de que todo socialismo es censura. Y es que en la búsqueda de una sociedad homogenizada se vuelve necesario el adoctrinamiento para la obediencia total. No puedes crear un orden social que tenga como principio moral el saqueo del otro con individuos libres e independientes, para ello se requiere de un Gobierno autoritario que a partir del uso de la violencia controle cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Entonces se vuelve obvia esta constante represión de la libertad de expresión, evidenciada en un primer lugar por el ataque a los medios de prensa, puesto que “Sin datos no se pueden construir versiones informativas veraces. Sin versiones informativas veraces no hay espacio para la difusión. Sin difusión no hay formación de la opinión pública” (IPYS Venezuela, 2021, p. 4).
Referencias
Instituto de Prensa y Sociedad [IPYS Venezuela]. (2021). LA ORQUESTACIÓN DEL SILENCIO – ESTUDIO DE LIBERTADES INFORMATIVAS 2021. IPYS Venezuela. https://ipysvenezuela.org/wp-content/uploads/2022/04/Orquestacion-Del-Silencio-1.pdf.
Justicia y Verdad. (2022, 27 de mayo). A 15 años del cierre de RCTV, la censura en Venezuela se acentúa. Justicia y Verdad en Venezuela. Recuperado el 26 de julio de 2022 de: https://www.justiciayverdad.org/es/a-15-anos-del-cierre-de-rctv-la-censura-en-venezuela-se-acentua/.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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