Como lo dice la filósofa y política marxista Ángela Davis “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”.
Ningún colombiano puede ser indiferente ante las concurridas marchas de protesta que desde principios del mes de febrero se vienen realizando en todo el país. Las miles de personas que salen a las calles portando pancartas y coreando estribillos contra el Gobierno lo hacen con el convencimiento de que sus reclamos son justos y, por lo tanto, deben ser escuchados. Estamos siendo testigos de un estallido social motivado por la inequidad, por la falta de oportunidades, por la excesiva carga impositiva, por la inseguridad reinante, por el descontento de la gente ante tanta corrupción, por acabar con la exclusión social y por la reforma de la salud. A esto se suma la situación de pobreza originada por el coronavirus y la angustia de quienes vieron cómo, por esta razón, de un momento a otro la vida les cambió.
Por ello, las manifestaciones se llevaron a cabo Bogotá, Medellín, Cali, Neiva y Popayán son algunas de las ciudades que se movilizaron en las calles en apoyo y rechazo a las reformas presentadas por el Gobierno Nacional en temas sociales, laborales, de salud, pensiones, educación y justicia.
Pues el paro nacional organizado por las centrales obreras con el respaldo de estudiantes universitarios, comunidades indígenas, personal médico, transportadores, personas sin filiación política, amas de casa, magisterio, líderes sociales y trabajadores independientes buscó, en su primer momento, tumbar la reforma tributaria presentada a estudio del Congreso por el gobierno de Iván Duque. Conseguido esto, y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la gente sigue protestando. Lo hace porque siguen vigentes medidas que afectan el bolsillo de las clases vulnerables y porque quieren hacerse sentir como ciudadanos con derechos. No basta con lograr que no se les ponga IVA a los servicios públicos, ni que personas con ingresos de dos millones y medio de pesos no tengan que declarar renta.
En este momento, la clase política debe entender que las manifestaciones son una herramienta para exigir cambios. La corrupción es el boquete por donde se van billones de pesos que llegan a los bolsillos de quienes hacen política no para prestarle un servicio a la patria sino para enriquecerse con los dineros públicos. Quienes salen a protestar saben que los corruptos se roban cincuenta billones de pesos al año. Entienden entonces que si se frenara la corrupción no habría necesidad de reformas tributarias. También que los ríos de dinero que corren en campaña electoral no lo recupera un congresista con el salario. Lo recupera con los negociados en entidades donde ha puesto sus fichas. Las manifestaciones son también contra los corruptos. Con ellas se exige cárcel para quienes se apropian de los recursos de la nación.
Finalmente, las manifestaciones sociales se ven como el camino para lograr la equidad social siempre y cuando se haga con respeto por la propiedad privada, alejada del vandalismo, enarbolando banderas de redención social, buscando reivindicaciones para quienes siempre han estado excluidos de los beneficios del Estado. No se necesita que tiren piedra, ni que destruyan vidrios en entidades públicas ni que la emprendan contra la autoridad para hacerse sentir. Una manifestación en total tranquilidad, sin recurrir a la violencia, encuentra solidaridad entre la ciudadanía. Pero cuando los infiltrados arremeten contra la autoridad o la emprenden contra entidades bancarias, generando violencia, pierde apoyo popular. Es ahí cuando la gente de bien no la ve con buenos ojos. Entonces la condenan.
“La Protesta es una parte fundamental de la democracia”
Fotografía tomada de: Periódico Centro polis
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