Las diferencias se solucionan hablando

En un sistema legal en constante evolución como el colombiano y una sociedad que día a día se enfrenta a diversos retos y desafíos en el ámbito de sus controversias, los Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos (MASC) surgen como respuesta y desempeñan un papel crucial en la construcción de caminos prácticos para la transformación social.

…pese a que en Colombia existen cerca de 470 centros de conciliación de carácter público y privado debidamente registrados y avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el sistema tiene grandes desafíos tales como la falta de recursos para apoyar la implementación de los MASC…

Con la clara intención de estimular la cultura de paz, el diálogo y convivencia pacífica entre los ciudadanos además de fomentar la sana comunicación, el objetivo principal de los métodos es restaurar el tejido social que se ha quebrado, de allí que cada parte reconozca el surgimiento del problema y sean estos mismos actores los que propongan soluciones prácticas con intenciones de cumplir lo pactado, naturalmente bajo la orientación y supervisión de un tercero imparcial.

Dicho lo anterior, en Colombia las leyes que respaldan los masc se han convertido en pilares fundamentales para la administración de justicia y la resolución de conflictos. La Ley 23 de 1991 introduce la conciliación extrajudicial como un medio eficaz para resolver controversias. Esta norma abrió las puertas a la desjudicialización de ciertas disputas, alentando a las partes a buscar acuerdos sin recurrir necesariamente al proceso judicial, por su parte la Ley 640 de 2001 amplió y consolidó el ámbito de aplicación de la conciliación, estableciendo pautas precisas para su desarrollo en disputas civiles y comerciales.

El Decreto 1069 de 2015, en su calidad de reglamento para el sector de la justicia y derecho, ha contribuido significativamente a la eficacia y eficiencia de los MASC al establecer procedimientos y prácticas que guían a las partes y a los facilitadores en el proceso de conciliación. Este decreto sin duda ha servido para sistematizar y perfeccionar la aplicación de los MASC, garantizando así su coherencia y uniformidad en todo el territorio colombiano.

Para el año anterior, se expide el Estatuto de Conciliación o Ley 2022 de 2022 el cual fija un solo cuerpo normativo la materia, dentro de las novedades se destaca la figura de la recusación para conciliadores definido en el artículo 33 tomando como punto orientador lo dispuesto en el artículo 140 del Código General del Proceso; igualmente busca incentivar el uso de las nuevas tecnologías de la información a fin de garantizar el acceso a la justicia sin limitaciones ni barreras.

Por consiguiente, los beneficios que ofrece la actualizada normatividad podemos encontrar la reducción de costos; el ahorro de tiempo; la promoción de acuerdos mutuamente satisfactorios y la descongestión judicial. Pero pese a que en Colombia existen cerca de 470 centros de conciliación de carácter público y privado debidamente registrados y avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el sistema tiene grandes retos a demoler tales como la falta de recursos para apoyar la implementación de los MASC de manera óptima y cualificada; la poca capacitación de facilitadores junto con la incipiente perspectiva a los nuevos problemas sociales; la primitiva infraestructura (tecnológica y locativa) para desarrollar audiencias en la cual se garantice la dignidad humana como pilar fundamental del Estado social de derecho; la mínima innovación por parte de los abogados al momento de elevar la solicitud ante un centro especializado en la materia y la falta de recursos para apoyar su ejecución son algunas de las notorias falencias que hoy por hoy aquejan la debida implementación de espacios conciliatorios.

A fin de contrarrestar estos y otros aspectos se hace necesario y se recomienda (i) desarrollar campañas de educación pública que aumenten el conocimiento y la comprensión de lo que implica conciliar, (ii) es urgente en los escenarios de posconflicto que actualmente atraviesa Colombia incentivar campañas de conciliatón en todos las ciudades y municipios del país, especialmente en aquellas áreas rurales dónde el acceso a información y recursos adecuados pueden ser limitado y (iii) es esencial capacitar y apoyar a los abogados junto con los profesionales distintas áreas que sirven como soporte al momento de brindar soluciones [ser, saber, saber hacer y poder hacer] para que se familiaricen con los métodos de conciliación y puedan informar a sus clientes sobre estas alternativas de resolución de conflictos.

Nicolás Enrique Guzmán Cartagena

Magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad del Norte de Barranquilla. Abogado litigante y asesor.

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