A propósito de la expectativa por la designación de quien liderará la Agencia Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente, por parte del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, me permito presentar algunas reflexiones:
La contratación pública puede definirse, de forma general, como la adquisición de bienes, obras y servicios que realizan los gobiernos y entidades del Estado, para el cumplimiento de sus fines, así como para garantizar “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados”, según dispone la Ley 80 de 1993.
En ese sentido, los ciudadanos esperan que las entidades ejecuten procesos de forma eficiente, oportuna y transparente. Gobernar, podría decirse, es una permanente búsqueda de equilibrio entre las necesidades o demandas de la población y las respuestas institucionales. Cada acción se encamina entonces, en impulsar la confianza en el ciclo de la contratación pública.
Colombia, en concordancia con los lineamientos de los organismos y mecanismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, y la Alianza para el Gobierno Abierto, ha dispuesto una serie de normas con la finalidad de mejorar el desempeño gubernamental, a partir de la regulación de buenas prácticas que fomenten la participación ciudadana y el fortalecimiento de la capacidad institucional.
La OCDE recomienda a sus países integrantes aprovechar el sistema de contratación, mediante “el aprovechamiento de las tecnologías digitales para dar soporte a la innovación, a través de la contratación electrónica”. En este sentido, sin lugar a duda, se han logrado importantes avances. Podemos destacar herramientas o plataformas virtuales como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- o la Tienda Virtual del Estado Colombiano –TVEC–.
La crisis de la pandemia del COVID-19, nos permitió entender que la contratación pública es una alternativa compatible con la reactivación, el crecimiento y el desarrollo económico de los territorios. Algunas entidades, como el Distrito de Medellín, hemos dado un paso adelante y actuamos; nuestros procesos de contratación pública se planifican, no solo de forma eficiente, sino también pensando en temas ambientales, innovadores y socialmente responsables.
Sin embargo, existen unos determinantes que limitan la aplicación de estos nuevos modelos de compras públicas en las entidades gubernamentales. Factores coyunturales y estructurales, que impiden una adecuada aplicación del deber funcional de los gobiernos para el adecuado desarrollo de la función administrativa, como lo dispone el artículo 209 de la Constitución Nacional.
En la Colombia profunda, como lo señala el presidente Gustavo Petro, se deben garantizar las capacidades y condiciones mínimas para adelantar los procesos de compras públicas de acuerdo con los lineamientos que se dictan desde el gobierno; con una visión centralista, hoy por hoy, se incorporan nuevas tendencias como el abastecimiento estratégico, la obligatoriedad del uso del SECOP II, incluso para regímenes exceptuados.
Lo importante para abrir el debate es cómo logramos materializar estas políticas en los territorios; definir cómo enfrentar los nuevos desafíos: i) Formación y competencias de funcionarios y contratistas. ii) Dotación de herramientas tecnológicas óptimas. iii) Adecuación de jerarquías y organizaciones para la toma de decisiones. iv) Conocimiento y aplicación de la normatividad vigente. v) Conectividad y acceso a servicios virtuales.
Vale destacar que las distancias no son solo entre entidades públicas, pues de acuerdo a la Encuesta de Tecnologías de a Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE–, en el 2021, 45% de los hogares en las cabeceras urbanas tienen acceso a un dispositivo de escritorio, portátil o tableta, mientras que, en los centros poblados y rural disperso, el porcentaje es solo del 9,7. Además, en relación con servicios de internet, en Bogotá el 81,1 por ciento de hogares cuentan con conexión a internet, en contraste con los departamentos de Vaupés (8,4%), Vichada (9,1%), Guainía (12,16%), Chocó (15,5%) y La Guajira (19,7%). El abismo digital es monumental.
En suma, para un sector muy importante del país, no son pocos los retos que están pendientes. Se requiere simplificar el marco institucional y el sistema de contratación pública, partiendo de una concepción sencilla, clara, dinámica y eficiente, que tenga en cuenta los retos de gestión y administrativos con los que a diario se enfrentan ordenadores del gasto y delegados contractuales.
¿Cómo lograr los cambios administrativos, institucionales y tecnológicos que requiere la contratación pública a través de medios electrónicos en el 96% de los municipios de Colombia que se encuentran clasificados en sexta y quinta categoría? ¿Cuál entidad debe liderar el enfoque integral y estratégico de la política nacional de contratación pública? ¿Cómo se logra la profesionalización de los gestores contractuales, no solo en las múltiples normas que conforman el sistema público de contratación, sino en sus capacidades digitales y nuevas tendencias?
No hay que olvidar que la contratación y la lucha contra la corrupción pasan también por visibilizar y enfrentar los retos que a diario asumen quienes intervienen en los procesos y se encuentran en los lugares más olvidados.
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