En sesiones del Congreso tanto el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como el Gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, han reaccionado a mi propuesta de financiar mediante la banca central un aumento en el Presupuesto General de la Nación para el 2021: sostienen ambos que tal financiación debería ser considerada como medida de última instancia. Comparto entonces algunas reflexiones al respecto.
Lo primero es dejar establecido que nos enfrentamos a una coyuntura de magnitudes que, a pesar de ser ampliamente estudiadas, nuestra sociedad pareciera no dimensionar. No estoy siendo desmesurado en mis apreciaciones: las cifras del contexto en el que la economía colombiana está operando son alarmantes.
El propio Banco de la República ha estimado que la inflación para el 2020 promediaría el 1,5% y en 2021 el 2,5%. Es decir, el año que viene continuaríamos sin cumplir la meta del 3%. Asunto sobre el cual volveré más adelante.
La explicación principal de esta inflación a la baja: tenemos una demanda nacional tan deprimida que está incluso por debajo de la ya también deprimida oferta nacional. Dicho de otro modo, estamos produciendo mucho menos de lo que somos capaces y aun así no alcanzamos a consumir lo que producimos. Esto se traduce en presiones bajistas sobre el nivel generalizado de los precios y una brecha del producto negativa.
Debemos entonces generar demanda y debe ser demanda interna, para lo cual poseemos herramientas más efectivas en el corto plazo. Si la demanda interna no se fortalece, las empresas no venden, no producen, no contratan, no pagan salarios, no tributan, no comercian en los mercados internacionales y la economía se deprime aún más.
Una de esas herramientas es la política monetaria. En Colombia ésta se encuentra en cabeza del Banco de la República y su Junta Directiva, y tiene por objetivo “mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo”. Nótese que también debe velar por estas últimas dos variables, no solo por la inflación.
En materia monetaria, el Banco de la República ha implementado medidas expansivas: desde marzo se han irrigado más de $40 billones a la economía mediante liquidez transitoria y permanente, una considerable reducción de la tasa de interés de 225 puntos (al 2%) y la tasa de encaje (al 2%).
Pero estas medidas no han tenido impacto en la economía real, pues en realidad se diseñaron para apalancar a la banca privada y no a los hogares y las empresas, que lo han clamado a gritos. Lo reconoce el mismo Banco de la República ante el Congreso: “la naturaleza de los choques dificulta la transmisión de las reducciones en la tasa de interés de política a las tasas de interés de los créditos”, proceso que puede tardar hasta un año.
Requerimos entonces de medidas más directas para enfrentar esta crisis sin precedentes que se ha caracterizado por su magnitud y rapidez de impacto.
Por ello la propuesta que sustento desde el 19 de agosto en comisiones económicas conjuntas del Senado consiste en inyectar $100 billones a través de gasto público, y contempla al Banco de la República como su acreedor. Propongo un préstamo a largo plazo, aproximadamente 20 años o más, a una tasa mínima. Adicionalmente, que se le entreguen funciones de primer piso a la banca estatal, para inyectar esa liquidez con créditos a tasas compensadas y sin intermediación de la banca privada. El pago de dicha deuda debe efectuarse a partir de una reforma tributaria que aumente las tarifas del impuesto al patrimonio y la renta de las personas naturales, incluyendo sus dividendos.
Como mencioné en un inicio, en notoria coincidencia con Echavarría, el Ministerio de Hacienda también ha indicado que un préstamo de la banca central sería una medida de última instancia. Por eso les pregunto, ya no en sesiones privadas sino públicamente, ¿qué es para el Gobierno y el Banco de la República una medida de última instancia?
Hablamos de un Presupuesto General de la Nación 2021 que es mucho más que insuficiente frente a la magnitud de la recesión en curso, además de contener una partida denominada “disposición de activos” por $12 billones y Carrasquilla ya está hablando de gravar más productos de la canasta básica para obtener otros $9 billones. ¡Para mí son esas las medidas que deberían considerarse de última instancia! ¿Por qué aparece en el orden de primera instancia obtener deudas caras en moneda externa? ¿Por qué razones el vender empresas rentables del Estado e imponer más medidas regresivas a la población no son medidas de última instancia, y sí lo es una financiación de nuestra banca central? ¿Cuál es el fundamento técnico para establecer una “medida de última instancia”?
La Reserva Federal en EE.UU. ya tiene claro que en las actuales circunstancias la prioridad es aumentar el empleo, restando protagonismo a los propósitos antinflacionarios. En su simposio anual (Jackson Hole, 27 de agosto 2020), Jerome H Powell[1], presidente de la Reserva Federal, indicó que “al llevar a cabo la política monetaria, nos mantendremos muy enfocados en fomentar un mercado laboral lo más fuerte posible para el beneficio de todos los estadounidenses”.
Por mi parte considero que la economía nacional ya se encuentra en un punto crítico. Por eso proponemos un préstamo de nuestra banca central, menos costoso que el endeudamiento externo en curso y menos riesgoso pues sería en moneda nacional y no en dólares. El crédito externo además viene a revaluar la tasa de cambio en detrimento de las exportaciones y nos deja más expuestos.
Frente al debate suscitado ante la propuesta, quiero traer a colación la apreciación del profesor PhD en Economía César Ferrari[2]; quien afirma que “el consumo de los hogares se derrumbó 15,9% […] mientras tanto, el gasto del sector público, que debería haber compensado la reducción del gasto privado, sorprendentemente, creció apenas en un 3%”.
Según el DANE en julio 2020 se destruyeron 4,1 millones de empleos con respecto a julio 2019, junto a una caída del PIB de -15,7% para el segundo trimestre del año. Lo que propongo no implica una inyección de liquidez “adicional”; se refiere a una inyección de liquidez de gasto público que sustituya la caída del gasto privado; esto mermaría los efectos en la inflación porque se trata de una recuperación, no de una potenciación.
Esta pandemia ha profundizado nuestras desigualdades sociales y puede significar el retroceso de décadas en materia socioeconómica. Necesitamos tomar medidas extraordinarias para enfrentar esta crisis e impedir que nos haga retroceder como nación.
En todo caso, en esta hora crucial es sobre el binomio Carrasquilla y Duque que recaen tanto las actuaciones del gobierno como las omisiones. Finalizo citando nuevamente al profesor Ferrari: «Algunos analistas […] dicen que aumentar la deuda pública desmejoraría la calificación de nuestra economía; habría que preguntarles cuál es la calificación de un país en la ruina».
[1] Powell, J. H. (27 de agosto de 2020). federalreserve.gov. Obtenido de https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/powell20200827a.pdf
[2]Ferrari, C. (31 de agosto de 2020). Caída y recuperación de la economía colombiana. Obtenido de Razón Pública: https://razonpublica.com/caida-recuperacion-la-economia-colombiana-2/
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