LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SINDICAL A LA COMPETENCIA DE MERCADO?

Los estudiosos, técnicos e intelectuales impulsores de la reforma educativa en México, se han sumado a esfuerzos denodados junto al Gobierno Federal de la República en turno, bregando por la aprobación de ésta, en aras de incrementar la calidad de la instrucción y la preparación de los docentes. Voces opositoras aducen que la reforma promovida sólo responde a intereses particulares relacionados con los funcionarios públicos, y a una tendencia gradual a la liberalización y conversión privada de la mayoría de las instituciones que pertenecen, y pertenecieron al Estado.

Cuestionando la realidad educativa del país, es necesario hacernos unas cuantas preguntas ¿La calidad de la educación pública en México marca una tendencia de mejora creciente o se conduce a la inversa? ¿Los conductores endógenos del sistema escolar público son profesionalmente aptos para desempeñar eficientemente su labor? ¿Quién se ve más afectado con la reforma propuesta? ¿Qué rol pueden desempeñar los padres, los profesores, y los alumnos?

Nadie se atrevería a negar de la decadencia profesional que sufren las instituciones educativas en la actualidad y su deficiente transmisión del conocimiento, sin embargo, su participación puede resultar interesante si algunas características de estos elementos se incorporan y analizan en un contexto de competencia de mercado. La competencia de mercado requiere de dos situaciones; la primera de ellas es que los consumidores están racionalmente capacitados para elegir y lo hacen en libertad; la segunda los ofertantes se enfrentan a la necesidad de adaptarse a las condiciones de mercado si su deseo es subsistir, por lo tanto, su éxito lo determina su compatibilidad con los clientes en criterios y características inmanentes que posee el producto que ofrecen.

Muchos afirman que darle un giro total a la educación, y buscar la trascendencia que va más allá del “poder” que detenta el Estado en su función motriz de ente educador, y pasar a una competencia particular de mercado, incrementaría los niveles de productividad por alumno, daría pie a una administración autofinanciada, y las dimensiones de las escuelas estarían determinadas por el número de clientes que atraerían y no por simples designios públicos. Lo que se podría traducir en una reducción de costos, mayor calidad y correspondencia de necesidades.

¿Cuál es el escenario que se puede vislumbrar, y qué tipo de instrumentos se pueden utilizar para llevar a cabo esta transformación? Algunos analistas, desde épocas pasadas, han promovido incesantemente el sistema de vales, es decir, montos de dinero que  corresponden a un análisis del de un alumno por escuela, cuya función equilibraría la distribución de las cargas impositivas de cada ciudadano, haciendo de este modelo de financiamiento escolar un medio más eficaz y equitativo, y otorgando libertad efectiva a los padres para elegir qué escuela es la que le conviene a cada niño, lo que implica conferir a éstos últimos mayor poder de jurisdicción y decisión y el debilitamiento del control de la educación de los sindicatos y los profesores. En México, la idiosincrasia no permite enfrentarnos a graves problemas de heterogeneidad racial o cultural, pero sí genera severos  conflictos internos entre alumnos en algunas instituciones. Pero más allá de estas discrepancias, el conflicto entre el dilema “escuela pública y universal o escuela privada y excluyente” se esconde otro denominado “intereses avezados del sindicato con poder partidista” ¿El conflicto entonces se debe a una disputa sindical o a reclamos por la concentración del poder en un único polo sindical, y por ende, un insuficiente apoyo a los profesores que se encuentran del bando rebelde?

Una vertiente interesante del sistema propuesto radica en que automáticamente la evaluación estaría implícita en la selección del personal docente que realizaría cada escuela analizando su perfil y sus necesidades. La crítica al capitalismo es principalmente su característica exhaustivamente selectiva, pero ante el evidente fracaso de la educación pública la crítica al poder sindical es aún más fuerte y penetrante.

Pero no hay garantía para que la estratificación residencial no se dé, incluso con un sistema de vales que como contraparte garantiza la equidad sobre la distribución impositiva, ésta estará muy presente y será palmaria. Está claro que son vicios inherentes al capitalismo ¡No podemos negar las clases sociales! Ni sus estratificaciones y estamentos bajo este modo de vida.

Como una solución pragmática para el Estado se avizora interesante, además de que elevaría el número de alumnos de clase media baja y pobre que asistirían a las escuelas, los padres tomarían las riendas de la educación evaluando la calidad de la enseñanza, obligaría a las escuelas a enfrascarse en una lucha constante por la atracción de los alumnos, y eliminaría la intermediación nociva del sindicato en la selección del personal docente para cada establecimiento escolar autorizado.

Esta es la descripción de un modelo que deja algunas dudas, y algunos huecos por cubrir, pero que en teoría se podría interpretar como la mejor salida al conflicto actual. No obstante, para evitar las distorsiones de mercado, será necesario que el Estado asegure los fondos de infraestructura, y aplique un método más exacto de comprobación de utilización de esos fondos, de otra manera, el mercado podría ser dominado por quien tenga una mayor capacidad financiera, siendo la competencia desleal desde un inicio, y condenatoria para quienes carecen de ellos. El Estado no debe retirarse del mercado, debe regularlo sin excederse, ambos extremos son malos, ni todo el mercado ni todo el Estado.

La salida al conflicto se puede dar de tres formas: la primera de ellas ya descrita mediante el sistema de vales, la segunda es con la canalización de mayores recursos para infraestructura escolar, y la tercera –el camino elegido por los funcionarios-  mediante el control del gobierno federal sin organismos internos de por medio, pero con derechos transitorios de los profesores y el sometimiento a evaluaciones de diagnóstico y oficiales, evitando que aseguren y eternicen los beneficios del Estado, y den oportunidad para reorientar la labor de los docentes, en caso de fallas, por un camino más profesional. O bien, una combinación de las tres lo que resultaría imposible por la carencia de consensos.

La mayor equidad de las cargas fiscales respondería a la primera alternativa, aunque tomándolo así ¿No es la clase media baja y alta la que carga con el mayor peso fiscal en México a través del consumo y la que el mercado en sus diferentes concepciones y determinaciones ha colocado en esa posición? La mayor atención y prioridad a las zonas marginadas del país atendería la segunda; mientras que la disciplina, el control riguroso por el Estado y la exigencia profesional atañen a la tercera opción.

Todas las alternativas requieren acabar con los sindicatos que destruyen los buenos objetivos y minan los presupuestos. Mientras éstos existan, quienes saldrán perdiendo serán los alumnos. En sustitución a los sindicatos, en defensa de los derechos de los trabajadores, el Estado deberá transparentar los procesos administrativos y laborales, y ponerse en marcha a una mayor democracia sin perder su autoridad ni su fin principal que es atender las injusticias, velar por desfavorecidos y  propiciar la igualdad de oportunidades.

Los modelos carecen de universalidad, pero deben adaptarse a las economías subdesarrolladas, siempre hay algo rescatable en cada teoría. La educación no carece de ello y no puede esperar, o el sistema se adapta con un análisis fiscal objetivo o el Estado se inclina a una participación más activa. Los beneficios monetarios del capitalismo deben compensar las injusticias que sufren los desfavorecidos. No hay tiempo para derrochar ni las clases se pueden seguir postergando en algunas zonas por falta de consenso. O acuerdan o nos hundimos.