Lo que ha venido haciendo Quintero Calle, con EPM, y lo que empieza a hacer Petro Urrego, con Ecopetrol, pruebas palmarias son de que la propiedad pública, entendida como propiedad de todos, es una ficción jurídica.
El propietario de un activo – o del conjunto de activos que conforman una empresa – es quien decide lo que puede o no hacerse con ellos. La prueba crucial de que se es propietario de algo es la posibilidad de dejar de serlo, por venta o donación. Este nos es el caso de los supuestos “propietarios” de EPM o de la participación de la Nación en Ecopetrol.
La propiedad de un activo otorga el derecho al flujo de servicios – monetizados o no – que produce tal activo, según sus propiedades físicas. El propietario de una vivienda o de un automotor tiene derecho a los servicios de habitación o transporte asociados, o al ingreso monetario obtenido por la cesión de esos servicios a otra persona.
Además del usufructo de los servicios o del ingreso monetario resultante de su cesión, el propietario tiene la responsabilidad de su mantenimiento y de reposición, so pena de verse en un futuro privado de sus servicios, por deterioro o desaparición del activo. El propietario que no cumpla con esa responsabilidad, tarde o temprano, tendrá una pérdida pecuniaria o de bienestar, que es solo suya y de nadie más.
En las empresas gubernamentales está siempre presente el riego de que la recepción del flujo de ingresos se escinda de las consecuencias de incumplir con la responsabilidad de mantenimiento y reposición, es decir, que recaigan sobre diferentes personas.
Los dueños reales de las empresas gubernamentales, es decir, los políticos que han ganado la última votación, lo son por un período limitado, con frecuencia, solo hasta la próxima, lo cual hace casi irresistible la tentación de maximizar ingreso actual y minimizar las inversiones en mantenimiento y reposición, cuyos efectos nocivos tardan en manifestarse. Todos los arreglos de gobierno corporativo están destinados a impedir que esa tentación se vuelva realidad.
Quintero pateó sin miramientos todos los códigos y prácticas de buen gobierno destinadas a impedir que filibusteros sin escrúpulos como él arrasaran con EPM. Empezó montando una junta y un equipo directivo integrado por personajes sin más merecimiento que su fidelidad absoluta y bien pagada a los dictados del jefe. Luego puso todo su empeño en paralizar Hidroituango, logrando atrasar su terminación, causando enorme perjuicio a las finanzas de EPM y poniendo en riesgo el normal abastecimiento eléctrico del País. Ha sometido a la Empresa a la más ingente extracción de transferencias en toda su historia y ha intervenido, con intención aparentemente dolosa, en la contratación, caso CANACOL, y las inversiones, caso AFINIA.
Si EPM tuviera una acción en el mercado de valores, su precio estaría por el suelo. Pero a falta de acciones están los bonos, cuyo precio se ha derrumbado como consecuencia de la injerencia de Quintero Calle en su manejo. La gráfica 1 muestra el rendimiento de los bonos de EPM que se mueve de forma inversa al de su precio.
Gráfica 1
En Ecopetrol, Petro Urrego avanza decididamente en la ejecución de ese mismo libreto: instaló una junta y un gerente de servilismo asegurado y la ha convertido en la principal fuente de financiación del gasto clientelista y burocrático con el que busca perpetuarse en el poder. Que finalmente Ecopetrol quede destrozada o maltrecha, carece de interés, si ello habrá servido para garantizar su reelección en 2026. En Venezuela, Chávez avanzó en la consolidación de su dictadura explotando sin miramientos los grandes recursos PDVESA, dejándola totalmente marchita, remedo patético de la gran empresa que fue.
La gráfica 2 muestra la acción de Ecopetrol, cuyo precio ha caído estrepitosamente desde la victoria de Petro en las elecciones de junio.
Gráfica 2
La principal condición para el respeto del gobierno corporativo y, en general, el respeto del estado de derecho, es que los elegidos tengan la disposición y la capacidad de hacerlo. Esas disposición y capacidad son como la urbanidad y las buenas maneras, se tienen o no se tienen, por ello es un error esperar que un simio se comporte adecuadamente en una cena de gala. La situación es mucho más grave si, como es claramente el caso de Quintero y Petro, el saqueo de las empresas o de los recursos fiscales es componente fundamental en la estrategia de perpetuarse en el poder.
Probablemente, EPM y Medellín soportarán su Quintero I y Ecopetrol y Colombia su Petro I; pero difícilmente aguanten un Quintero II y un Petro II. Una nueva equivocación de la democracia sería devastadora. En las elecciones locales de 2023 y en las nacionales de 2026, Medellín y Colombia se juegan su futuro.
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