La totalidad de las juventudes colombianas de hoy nacieron bajo el pacto constituyente de 1991. Haré para ellas un recorrido histórico y un testimonio personal, con un ánimo pedagógico y como educador popular, de una época que intentó cerrar el sino trágico de la guerra centenaria que se había inaugurado con la Constitución de 1886.
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De la Constitución radical de 1863 a la Constitución confesional de 1886.
Como preámbulo, se hace necesario recordar que dicha Constitución, la de 1886, impuso un texto que expresó un pensamiento decimonónico, extremadamente conservador, arbitrario y sectario, infligido a los colombianos como revancha a la Constitución de Rionegro de 1863.
El texto Constituyente de los Estados Unidos de Colombia (1863), emanó principios liberales radicales y dictaminó instituciones que pusieron en jaque el poder omnímodo de la iglesia, tales como la Tuición, que obligaba a los jerarcas católicos a reconocer el poder civil por encima de las autoridades canónicas vaticanas.
De idéntica manera, se promulga la ley de Desamortización de manos muertas, que ordenaba que bienes controlados por el clero, que les proveía un desmesurado y nada evangélico poder económico y político, no podían ser vendidos o redimidos, quedaban fuera del comercio y solo podía ser adquiridos por el Estado por lógicas diferentes a las del mercado especulativo. Las manos muertas, hace alusión a tierras, bienes raíces, semovientes, censos y prestamos hipotecarios. El decreto en cuestión, proveniente del gobierno del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, rezaba de la siguiente manera:
Todas las propiedades rústicas i urbanas, derechos i acciones, capitales de censos, usufructos, servidumbres u otros bienes, que tienen o administran como propietarios o que pertenezcan a corporaciones civiles o eclesiásticas i establecimientos de educación, beneficencia o caridad, en el territorio de los Estados Unidos (de Colombia), se adjudican en propiedad a la Nación por el valor correspondiente a la renta neta que en la actualidad producen o pagan, calculada como rédito al 6 por 100 anual; y reconociéndose en renta sobre el Tesoro, al 6 por 100…
En la publicación del Banco de la Republica de 2008, Más allá de la retórica de la reacción, análisis de la desamortización en Colombia, 1861-1888, de autoría de Roberto Luis Jaramillo y Adolfo Meisel Roca, se reconoce esta decisión como la de más alto calado en la historia económica del país, en tanto equivalía al 16% de Producto Interno del Bruto (PIB).
Pascual Bravo Rodríguez, a los 25 años de edad, como presidente del Estado Soberano de Antioquia (1863-1864), y quien fungió como Secretario de la Asamblea Constituyente, puso en ejecución ambos mandatos constitucionales.
Aupados y en connivencia con la iglesia católica, partidarios conservadores se embarcan en una guerra civil contra la constitución de Rionegro. En una celada preparada por sus enemigos, Pascual Bravo es asesinado el 4 de enero de 1964. Entre los más enconados adversarios de Pascual Bravo, se distinguieron Gregorio Gutiérrez González y Pedro Justo Berrío.
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Del Concordato Constitucional al plebiscito de 1957
Con el triunfo de la contrarrevolución conservadora católica, y bajo el gobierno de Rafael Núñez, se redacta la Constitución de 1886, que deshace íntegramente las reformas laicas, progresistas y liberales de 1863.
Como respuesta a la tuición y la desamortización, el país quedó de manera centenaria atado al Concordato firmado entre el Estado Vaticano y la República de Colombia. La iglesia católica fue restituida en su poder económico, político y consagrada como la religión oficial del Estado. La tuición y la desamortización fueron desaparecidas.
La Constitución del 1886 fue combatida por el General Rafel Uribe Uribe, quien estuvo al mando de las tropas liberales en la Guerra de los Mil Días (1899-1901). La guerra se dio por terminada bajo la tutela armada del gobierno norteamericano. El gobierno conservador se quedó con la “victoria”. Se produce un hecho extremadamente vergonzoso: Panamá es separada de Colombia y el gobierno conservador otorgó a perpetuidad el control de 5 kilómetros al lado y lado del Canal.
Uribe Uribe, nacido en el municipio de Valparaiso, Antioquia, siguió siendo perseguido por la prensa y el gobierno conservador. Murió asesinado a golpe de hacha en octubre de 1914. Llevaba consigo un proyecto que presentaría al Congreso en defensa de los derechos de los trabajadores.
Durante toda la primera mitad del siglo XX, Colombia asistió a una convulsionada disputa entre los partidos liberal y conservador. Valga anotar dos momentos disimiles:
En el primero, el gobierno de La Revolución en Marcha, del liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938), que la enunció como el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución.
Es necesario recordar, que en su ánimo por garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad, López Pumarejo dotó a la Universidad Nacional de la Ciudadela Universitaria de Bogotá. Además del reconocimiento de derechos sindicales a los trabajadores y la iniciativa de la reforma Agraria.
El segundo, acontece en el gobierno del medellinense Mariano Ospina Rodríguez (1946-1950): el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, candidato de los sectores populares a la presidencia de la República y el más seguro ganador de la elección, que dio inicio al conocido Bogotazo y a la atroz confrontación fratricida liberal-conservadora, bautizada como La Violencia de los años 50. El Estado desató, en toda su dimensión, el poder para para hacer daño. Cerró el Congreso, los concejos municipales y las diputaciones. En consecuencia, instaló una Asamblea Constituyente de facto, en la que solo participaron representantes del partido conservador nombrados por Ospina.
Sin la presencia de candidato liberal alguno, en 1950 se proclama presidente a Laureano Gómez, extremista de derecha, contertulio del dictador español Francisco Franco, y seguidor de las ideas fascistas de Benito Mussolini. Laureano, se retira a solo un año de gobierno, aquejado por quebrantos de salud. El vacío de poder se llena en medio de acontecimientos tragicómicos que termina con un golpe de Estado, ventilado por la oligarquía al mando de los directorios de los partidos tradicionales, conocido con un golpe de opinión (eufemismo acuñado por la prensa manejada por los partidos). El mando es asumido por el General Rojas Pinilla (1953-1957), quien se define como el pacificador. Su gobierno es calificado como populista, reconocido, entre otras, por la ejecución de obras de ingeniería que le dieron al país visos de modernidad en su infraestructura.
La popularidad de la presidencia de Rojas es vista con malos ojos por los jerarcas de los partidos que le encumbraron como jefe de Estado, y, en consecuencia, es derrocado y el poder transferido, de manera transitoria, a un grupo de generales, denominados históricamente, como los quíntuples.
Menos recordada, es la masacre perpetrada por el ejército el 8 y 9 de junio de 1954 en Bogotá, como respuestas a las manifestaciones universitarias que se sucedieron los mismos días, y que dejaron como saldo trágico, la muerte de 9 universitarios.
Con la firma de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, bajo el auspicio del dictador Francisco Franco, las directivas bipartidistas pactan en Benidorm (España), la salida del gobierno del Rojas, y el regreso a la normalidad institucional a través de una profunda reforma Constitucional, a través del Plebiscito de 1957, votado afirmativamente por más de 4 millones de votantes.
El Plebiscito de 1957 instituye constitucionalmente el Frente Nacional, cuya base se cimento en que, durante 16 años, y por períodos de 4, el partido liberal y el partido conservador asumirían la presidencia de la República. Igualmente, se definió que la dirección del Estado y el conjunto de los puestos burocráticos serían repartidos por mitades entre militantes liberales y militantes conservadores.
La exclusión de cualquier otra tolda electoral se cumplió al pie de la letra, y proscrita su postulación a la presidencia. Así, desde 1958 hasta 1970, gobernaron alternadamente los partidos tradicionales: Alberto Lleras Camargo (liberal, 1958-1962); Guillermo León Valencia (1962-1966); Carlos Lleras Restrepo (liberal, 1966-1970).
Intelectuales e historiadores de reconocida idoneidad, reconocen el Acuerdo del Frente Nacional como afrenta a la democracia. El resquicio para participar de la acción política legal y el mínimo espacio para la oposición, alimentó la llama que dio nacimiento a organizaciones guerrilleras como las FARC (1964), el Ejército Popular de Liberación (1966) y el ELN (1967).
Las elecciones para el último cuatrienio (1970-1974), fueran un palo en la rueda para culminar el acuerdo del Frente Nacional. El 19 de abril de 1970 se llevaron a cabo los comicios. El candidato por la Alianza Popular de Oposición (ANAPO), con el general Rojas Pinilla como candidato ganó las elecciones, pero en una maniobra conocida como el Chocorazo, las autoridades electorales dieron el triunfo al candidato conservador, Misael Pastara Borrero. La indignación cundió, pero echando mano de la declaración del Estado de Sitio y el acuartelamiento de primer grado de las Fuerzas Armadas, el presidente en funciones hizo cumplir la orden que indicó al consejo electoral.
El robo de las elecciones proyectó el nacimiento en armas del Movimiento 19 de Abril (M-19).
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De guerrillas, diálogos y la firma de la paz en los 90.
La década de los años 80 del siglo pasado, estuvo protagonizada por la confrontación armada entre guerrillas y gobiernos de turno. Sin embargo, es clave recordar que hubo varios intentos de resolver la confrontación armada a través de negociaciones, acompañadas por treguas bilaterales y unilaterales.
En las agendas de cada uno de las guerrillas estuvo presente resolver el conflicto mediante diálogo en la negociación, con diferentes matices y profundidades Durante el gobierno del conservador antioqueño Belisario Betancur (1982-1986), las FARC, el EPL, y el M-19, desarrollaron conversaciones, treguas, diálogos nacionales con el gobierno. El final de las mismas, sin acuerdo alguno, elevaron el nivel de la confrontación armada, social y política. El grupo Autodefensa Obrera (ADO), de origen universitario, en el marco de las negociaciones se disolvió como organización.
La Unión Patriótica, organización política legal nacida en el marco de las conversaciones con las FARC, tras su vertiginoso ascenso electoral regional y parlamentario, fue sujeto de exterminio. Mas de 5000 militantes de la UP, fueron asesinados en un genocidio sin precedentes. El Estado se vio obligado ante la evidencia nacional e internacional a reconocer su participación por acción u omisión.
El 10 de enero de1989, marcó un hito en la historia de las paces en Colombia. En el cabildo de Lomas de Ilarco, en el departamento del Tolima, Rafel Pardo Rueda a nombre del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y Carlos Pizarro como comandante general del M-19, sellan el inicio de conversaciones para adelantar una negociación política que tendrá culmen el 9 de marzo de 1990, en el poblado de indígena de Santo Domingo, departamento del Cauca, con la firma de Acuerdo Final en entre el Eme y el Gobierno.
La dejación de las armas por parte de la guerrilla y su incorporación a la vida civil, estuvieron precedidos en su fase final por un acuerdo de la M-19 con partidos políticos (enero 27 de 1990), en los que, ante el desbarajuste político del país, se comprometían a avanzar hacia un proceso constituyente.
El proceso de negociación estuvo antecedido y precedido por acontecimientos cruentos y dramáticos, que estremecían al país.
El 3 mayo de 1989, en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue asesinado a tiros el dirigente de la Unión Patriótica, José Antequera. Con antelación, en octubre de 1987, había sido asesinado el candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal.
El 11 de agosto de 1989, en plena campaña electoral, en una plaza pública del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, fue asesinado el candidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Por el magnicidio fue condenado el general Maza Márquez, quien entonces dirigía el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta del Estado.
El 22 de marzo de 1990, asesinan al candidato presidencial y máximo dirigente de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa.
El 26 de abril de 1990, en calidad de candidato presidencial del M-19, el firmante de los acuerdos de paz con el Gobierno, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado en pleno vuelo de un avión de Avianca, que hacía pocos minutos había partido del aeropuerto de Bogotá.
Se configuró un contexto en el que el Estado fue incapaz de dar seguridad a la dirigencia política; por el contrario, la sospecha, de entonces, sobre la participación de organismos de seguridad o connivencia estatal en magnicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, amenazas y allanamientos ilegales, se comprueba, sumado al narcoterrorismo, que sembraba de bombas las ciudades, volaba las instalaciones del periódico El Espectador, asesinaba a su director, hacia trizas con carrosbomba las instalaciones del DAS…
La indignación ciudadana se convirtió en movilización y propuesta. Y allí, de nuevo, los estudiantes jugaron un papel preponderante.
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– La séptima papeleta y el proceso constituyente: un golpe de audacia
De a poco, sin una dirección precisa, las universidades se fueron convirtiendo en centros de discusión sobre la coyuntura de terror que azotaba al país. Pero más que el análisis académico, nos convocaba la urgente necesidad, y lo sentíamos como obligación generacional, la necesidad de encontrarle salida al momento dramático en que estábamos atrapados.
Pero no estábamos solos. Igual, el movimiento sindical y las organizaciones sociales buscaban darle vuelta de tuerca a la coyuntura. Las organizaciones clásicas de izquierda también intentaban saltar de su retórica y praxis para abonar un camino, una propuesta de nación.
Las conversaciones estudiantiles se volvieron asambleas en universidades públicas y privadas. Con un elemento particular, las dirigencias de los espacios estudiantiles de las universidades privadas participaban sin restricción alguna de las asambleas en las universidades públicas y viceversa. Un elemento adicional, la pertenencia a una militancia de izquierda o a un partido tradicional no obstaba para compartir megáfono, tarima o reunión.
Las conversaciones derivaron rápidamente en la necesidad de copar las calles y las plazas y jjugárnosla en los medios masivos de comunicación. Igual la conversación con diferentes sectores se volvió cotidiana.
De manera bastante rápida, para un escenario particularmente variopinto, multicolor y polifónico, los sectores sociales y el estudiantil, fueron encontrando una propuesta: la necesidad de trascender hacia un nuevo marco constitucional.
La sintonía estudiantil se materializó en una organización sui generis: El Movimiento Estudiantil por la Constituyente; sin vanguardismo, asambleario, autónomo, abierto; con una característica que convocaba y seducía: nadie tenía que dejar de ser para pertenecer; por el contrario, lo más saludable es que cada quien expusiera abiertamente lo que pensaba, sentía, soñaba. No era extraño compartir espacios comunes con miembros de la juventud comunista, con jóvenes del Opus Dei, con juventudes del PST, militantes camilistas y de la teología de la liberación, con jóvenes exguerrilleros del M-19 y militantes de la Juventud Revolucionaria de Colombia; jóvenes liberales y conservadores; pero, en su inmensa mayoría eran juventudes sin partido, sin militancia: estudiantes a secas.
Estando la propuesta básica, nos concentramos, estudiantes y organizaciones sociales y políticas, en definir el instrumento. Y lo hallamos: La séptima papeleta.
Se trataba de deshacer el entuerto del artículo 218 de la Constitución, que había sido votado en el plebiscito del 57, en que engañosamente el constituyente primario renunciaba a su soberanía y se obligaba a no volver a ser preguntado sobre asuntos constitucionales.
Superando la negación institucional estatal y de sectores reaccionarios al cambio que se amparaban en el artículo 218, tomamos la decisión a avanzar hacia un referendo de facto. Se convocó al país para que, en las elecciones del 11 de marzo de 1990, sufragara adicionalmente una papeleta, auto convocándose a una asamblea constituyente.
A pesar de la propaganda oficial y de los medios de comunicación privada, que insistían a diario en la inutilidad jurídica de la séptima papeleta, y de la prohibición a los jurados de votación de contar la misma, en las ciudades en que se escrutó, obtuvo hasta el 80 por ciento de aprobación.
¿De dónde provino la papeleta? De ningún lugar ni personaje específico. Provino de una voluntad genuina y plural de trasformación. Por primera vez millones de personas votamos por una propuesta que brotada de nuestro dolor, de nuestra esperanza, de la voluntad inquebrantable de construir un país del tamaño de nuestros sueños.
Las papeletas no fueron homogéneas ni iguales. Unas fueron fotocopias impresas por los sindicatos; otras repartidas a la entrada de los puestos de votación por los estudiantes de los más diversos matices políticos y partidarios; miles hechas a mano en una hoja de cuaderno por ciudadanos; otras elaboradas por las organizaciones sociales. Miles de personas, descreídos de los partidos votaron la séptima papeleta. La revista Semana de ese entonces, editorializó: Se ha producido una “revolución”
Esa fue una jornada de fiesta democrática real: una insurgencia civil pacífica ciudadana, que se autoconvocó a una democracia constituyente de hecho. La ficción de la política por encima de los vericuetos jurídicos del no se puede, desobediencia civil en las urnas, a la luz del día; a contramano del gobierno que se negaba, mirándolo a los ojos…
Con la Séptima Papeleta, se impuso la audacia…
La Séptima Papeleta, mandató a los poderes instituidos a convocar formalmente a un proceso constituyente.
Consultada por el gobierno nacional sobre la posibilidad de convocar a una constituyente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia manifestó en la sentencia No 59 de mayo 24 de 1990:
El país ha venido reclamando el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico, y ante el fracaso de los órganos del Estado responsables del mismo, ha venido pidiendo la conformación de una Asamblea Constitucional que pueda realizarlo. En las elecciones populares lo manifestó masivamente así en las urnas, a pesar de que no tuvo el apoyo de los grupos políticos, ni del gobierno.
Con esta sentencia, quedó investida de legalidad la convocatoria al plebiscito del 27 mayo de 1990. Más del 90 por ciento de las personas que votaron en elecciones presidenciales el mismo día, votaron afirmativamente por la Asamblea.
Posesionado el presidente Gaviria, los comicios para la elección de los delegatarios se realizaron el 9 diciembre de 1990.
Los resultados electores entregaron el siguiente número de constituyentes por partido:
Partido Liberal, 24 delegatarios; Alianza Democrática M-19, 19 delegatarios; Movimiento de Salvación Nacional, 11 delegatarios; Partido Social Conservador, 9 delegatarios; Unión Patriótica, 2 delegatarios; Movimiento Estudiantil, 1 delegatario; Movimiento Cristiano Evangélico, 1 delegatario; Indígenas, dos delegatarios.
La Asamblea Nacional Constituyente, con una presidencia colegiada conformada por Horacio Serpa Uribe del Partido Liberal, Antonio Navarro Wolff de la Alianza Democrática M-19 y Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación Nacional, se instaló el 4 de febrero de 1991 y proclamó la nueva Carta Política el 4 de julio de 1991
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