No podemos convertir la Paz, el asunto más importante de todos, en un debate de retórica jurídica. Los abogados nos acostumbramos a abstraer a tal punto la realidad que esperamos que ésta responda a la creatividad de nuestras especulaciones.
En este punto tienen razón quienes se oponen al proceso de paz, las transformaciones jurídicas que conlleva la implementación del acuerdo difícilmente resisten un análisis constitucional rigoroso. Con seguridad, si la Corte Constitucional hace un estudio estrictamente formal de las transformaciones institucionales que llegarán a su despacho, declarará inconstitucional el esfuerzo de dos partes en guerra por alcanzar la paz. ¿Suena absurdo no?
Dirán algunos que no puede justificarse todo en nombre de la paz, y tienen razón, no puedo justificar la política económica y social del gobierno. Santos no es el mejor presidente que puede tener Colombia, tampoco creo que haya que aplazar cualquier idea de oposición hasta que se resuelva el tema de la paz. Pero estoy convencido que los efectos humanitarios que tiene acabar la guerra política justifica flexibilizar el ordenamiento jurídico.
El Estado de Derecho ha sido sistemáticamente excepsionado para garantizar la guerra, la historia institucional de nuestro país da cuenta del abuso del estado de excepción como fórmula de gobierno. Tuvimos un presidente que sobornó congresistas para mantenerse en la presidencia 4 años más, sin duda un golpe de estado. No somos la democracia más estable de Latinoamérica, no se escatimaron esfuerzos para fortalecer la guerra, no valen los argumentos institucionales para hundir la paz.
Por otro lado no se puede perder de vista que el paso de los acuerdos por el congreso y por la corte, es un triunfo de la institucionalidad. Que una insurgencia alzada en armas en contra del estado acepte que sus acuerdos políticos sean debatidos, en el seno de ese estado que juró vencer, es una cesión sin precedentes e insisto, un triunfo indiscutible del orden institucional.
La solución política al conflicto, es por supuesto un asunto de la más alta política, pero su oposición no lo es tanto como parece. Los mal llamados enemigos de la paz no son más que una expresión política nostálgica, que está defendiendo con uñas y dientes, el elemento diferenciador de su propuesta política. Sin un enemigo tan indiscutible como el “terrorismo” la mediocridad de sus ideas políticas será puesta en evidencia y
su protagonismo disminuirá paulatinamente.
No creo que cuando asistimos al momento histórico, que puede ser el más significativo de nuestra historia reciente, podamos perder el tiempo discutiendo si la paz tiene enemigos o si las herramientas institucionales que se construyen para lograrla tienen correspondencia formal con la constitución.
Por el contrario, la idea del estado se justifica en la posibilidad de la paz, o mejor en la solución política (institucional) de los conflictos sociales. Decir que solucionar un conflicto armado está en contra del instrumento jurídico que constituye el Estado para tal fin es una leguleyada estúpida, cuya falta de lógica raya con el chiste.
Si los colombianos votamos por la guerra sería una extraña decisión, una enfermiza combinación entre conservatismo y anarquía. Porque que en un estado de derecho salga el pueblo a votar en contra de la paz, que es el fundamento ontológico precisamente del estado, significa que votamos en contra de la idea de estado como lo entendemos . El día siguiente de esa elección habrá que cerrar todas las instituciones.
Posdata: En mi calidad de funcionario público y para efectos disciplinarios y por aquello de que el señor procurador decidió calificar la promoción de la paz como participación en política. Declaro que la función pública se funda en la defensa de la constitución y la ley y considero que estoy haciendo mi trabajo. Dado que la paz no es una propuesta política sino un derecho constitucionalmente consagrado.
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