La revocatoria de Quintero, un propósito democrático

Apoyar el proceso de revocatoria para sacar a Daniel Quintero de la Alcaldía de Medellín, debería ser un objetivo de todo demócrata colombiano. La ciudadanía unida logrará el primer hito de este proceso: entregar las firmas requeridas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para convocar a votaciones y que se defina si la administración actual debe ser o no revocada.

Hay quienes opinan con desdén que es un proceso difícil o incluso imposible, que solo ha sido exitoso en Tasco, un pequeño municipio de Boyacá que en 2018, con 1.609 votos a favor de la revocatoria y 21 en contra, cumplió con los requisitos necesarios para revocar su alcalde.

A los incrédulos, los hechos los invitan a despojarse de temores y dudas y a actuar con la firmeza y la determinación necesarias para proteger la democracia y las libertades que ya en Medellín se desmoronan ante nuestros ojos.

Las prácticas, formas y planteamientos de Daniel Quintero y sus más cercanos colaboradores deben prender las alarmas no solo en Medellín sino en Colombia. Así lo registran ya los medios de comunicación, entidades de control y autoridades políticas nacionales. Sus ínfulas dictatoriales van desde referirse como “pelagatos” a los ciudadanos que se oponen a su gestión hasta estigmatizar a medios de comunicación que investigan y hacen control a su administración. Desde hacer una campaña difamatoria en redes y sin el precedente de una condena en firme, para que los contratistas de EPM en Hidroituango “paguen” (así lo exige en su twitter), hasta realizar un sinfín de nombramientos en la Alcaldía y en la gerencia de las mismas EPM, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley.

Hay que agregar a lo anterior las denuncias y quejas que la Veeduría Todos Por Medellín y algunos ciudadanos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, han radicado con las debidas pruebas y sustentación ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación (Se cuentan por lo menos 6 denuncias), la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial del Vallé de Aburrá, la Contraloría General de Medellín y la Superintendencia de Industria y Comercio.

El último suceso que nos debe llamar a todos a participar en el proceso de revocatoria es el actuar irracional de Daniel Quintero ante el proyecto Hidroituango. Su odio notorio, desde que era candidato a la Alcaldía, por las empresas antioqueñas, lo está materializando en una campaña, como ya se dijo difamatoria, para cambiar a los contratistas de EPM (Empresas de ingeniería con gran trayectoria y experiencia), haciendo caso omiso de las advertencias y cuestionamientos que han realizado desde el Presidente de la República, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y Financiera, hasta el BID, quien ya anunció que si hay cambio de contratistas en Hidroituango, se retiran del proyecto.

Las consecuencias de la nociva obstinación de Quintero, del maltrato a los contratistas y la ausencia de diálogo para buscar consensos, podrían ser devastadoras si tenemos en cuenta que este proyecto suministrará el 17% de la demanda de energía eléctrica del país y que además, el retraso en el inicio de la operación comercial, por el cambio de contratistas, podría desestabilizar las finanzas, no solo de EPM si no del país.

No se puede dejar a un lado tampoco, el enorme riesgo que representa la afinidad de Daniel Quintero con Gustavo Petro, el candidato a la Presidencia que en 2022 pondrá de nuevo en vilo la democracia colombiana y a quien Quintero apoyó decididamente en 2018. Hace apenas unos días, Medellín Imparable, una fundación sin ánimo de lucro, de la que varios de sus miembros han sido contratistas de la administración actual y que realiza una férrea defensa de su gestión en redes, se adhirió al Pacto Histórico. La izquierda extrema conoce bien lo determinante de Antioquia para definir un triunfo en las elecciones presidenciales y está al asedio.

Todo lo anterior reitera que los medios de comunicación, las autoridades competentes, los líderes políticos, académicos, civiles, a nivel nacional, regional y local, deberían rodear el proceso de revocatoria de Daniel Quintero. Todos, sin excepción, somos responsables del destino de nuestro país, de hacer pedagogía a los más jóvenes acerca de los riesgos que afronta la democracia y la necesidad de cerrar filas por el éxito de esta iniciativa ciudadana.

Escribió el maestro Fernando González en su tesis de grado que: “pueblos en que la juventud no piensa, por miedo al error y a la duda, están destinados a ser colonias”. En este caso, el riesgo para Colombia de la indiferencia, de la incredulidad en un proceso democrático, es convertirse en otra colonia del socialismo cubano, como lo es Venezuela, en colonia de un sistema que anula las libertades y que condena en especial a los más jóvenes, a cruzar las fronteras en busca de oportunidades.

O revocamos a Daniel Quintero o Daniel Quintero y sus aliados, revocan la democracia.