La Reforma Tributaria de Petro es un atentado al bolsillo de los colombianos

“Nadie, absolutamente nadie y menos el Estado debe prohibirles a los ciudadanos que consumir y que no, las decisiones son individuales y mientras estas no afecten los derechos de otras personas pueden tomar las que quieran.”


Una de las más resonantes propuestas del presidente de la República desde la campaña electoral es una reforma tributaria. En la campaña dijo que buscaría recaudar $50 billones y una vez electo dijo que esa propuesta podría ser más ambiciosa, esto es, un recaudo de $70 billones. Unas semanas después su MinHacienda, José Antonio Ocampo, reculó de la propuesta del presidente y que la recolección no sería de $70 billones y tampoco de $50 billones sino menos.

Los colombianos ya conocemos que las ideas del nuevo presidente a través de la historia son muy ambiciosas que ilusionan a las personas, pero a la “hora del té” son imposibles de hacerse realidad. Con esa estrategia es que logró la presidencia de Colombia, la MENTIRA.

El objeto principal de la reforma tributaria del presidente Petro es recaudar más recursos y lo piensa hacer a partir del cobro de impuestos a bebidas azucaradas, productos procesados y ultraprocesados y de las ganancias (ingresos) de las personas naturales. Por supuesto hay otras propuestas, pero estás son el fondo de la reforma y lo que más preocupa a los colombianos.

En esta columna me permito desglosar estos tres componentes de la reforma y lo que implica para el bolsillo de los colombianos.

En primer lugar, sobre el impuesto a las bebidas azucaradas el nuevo gobierno defiende esta idea bajo el argumento del cuidado a la salud pública, esto es, si se gravan estos productos el consumo disminuirá trayendo como resultado menores impactos negativos en la salud de las personas en Colombia. Esto es falso.

Este tema tiene muchas opiniones, una de ellas es la que defiende el gobierno nacional, pero que en el fondo NO están contribuyendo en absolutamente nada ni siquiera en la defensa de la salud teniendo en cuenta que países que ya han implementado esta medida no les ha funcionado, entonces, ¿por qué creen y aseguran que en Colombia si funcionará?

Nadie, absolutamente nadie y menos el Estado debe prohibirles a los ciudadanos que consumir y que no, las decisiones son individuales y mientras estas no afecten los derechos de otras personas pueden tomar las que quieran.

Le pregunto al gobierno Petro, ¿en qué afecta el consumo de bebidas azucaradas de una persona a otra como para impedirle consumirlas a través del cobro de impuestos?

Ahora bien, el impuesto a las bebidas azucaradas afectará a las personas más pobres y vulnerables del país toda vez que son productos básicos, de fácil acceso y de precios accesibles; así que el argumento del gobierno de que este impuesto afectará a los productores es falso. Los productores encontrarán otros mercados y suplirán el que pierden (si es que lo pierden) mientras los consumidores, es decir, los ciudadanos son los únicos afectados con esa medida.

En segundo lugar, un impuesto a productos procesados y ultraprocesados bajo el mismo argumento de la protección y defensa a la salud pública es otra mentira conceptual y científica que tiene como fin un interés político a expensas de la ciudadanía. Este gobierno busca gravar la canasta familiar sin decir que lo está haciendo para evitar de pronto un inconformismo social por cuenta de estas propuestas confiscatorias y violatorias de los derechos individuales de los ciudadanos.

Los productos procesados y ultraprocesados que piensan gravar son por ejemplo la leche en polvo para bebés, sopas, pan empacado, carnes procesadas, es decir, hamburguesas, salchichas y embutidos en general, papas fritas, productos en paquete, productos lácteos entre otros. Todos estos productos son casi que indispensables para la vida cotidiana de los colombianos.

Tanto un impuesto a las bebidas azucaradas como uno a los productos procesados y ultraprocesados son un claro ataque al bolsillo y supervivencia de los más vulnerables.

Por último, el impuesto a las personas naturales que ganan, según el MinHacienda, más de $10 millones para que “le cumplan a la sociedad colombiana” no es más que un ataque directo al trabajo y el esfuerzo de los colombianos.

La metodología que se tiene pensada para encontrar a esas personas que ganan más de $10 millones es que TODOS los colombianos declaren renta. Si bien declarar no es pagar si es como si el Estado estuviera a nuestras espaldas para en cualquier momento clavarnos los colmillos impositivos.

En Colombia quien tenga un pregrado y una especialización en cualquier rama del conocimiento no le es difícil alcanzar ingresos de $10 millones, con trabajo duro y dedicado perfectamente los puede ganar, pero para el gobierno Petro esa persona ya es “millonaria” y por ende debe tributar con mayor intensidad. Es inconcebible que el gobierno les imponga a los ciudadanos gravámenes cuando estos solo funcionan para mantener a todo una burocracia ineficaz e innecesaria.

A los colombianos les tiene que quedar claro, primero, que los impuestos son un ROBO, porque los impuestos son una suerte de imposición, es decir, es un acto violento toda vez que nadie por su voluntad los paga, si no los paga tiene que responder ante las autoridades algo que es moralmente un extravío.

Segundo, los impuestos que piensan recaudar NO son para financiar el déficit fiscal, la deuda del GNC o programas y proyectos de carácter social. Si acaso del total del recaudo tributario que piensan recaudar el 10% máximo es para eso, el restante 90% es para financiar toda la burocracia que carcome al Estado y profundiza los problemas sociales.

El gobierno Petro tiene pensado crear nuevos dos ministerios (innecesarios), pagarles mayores salarios a los congresistas, financiar absurdos proyectos y dilapidar recursos públicos, todo esto requiere plata que tiene que salir de impuestos (robo), deuda (impuestos futuros) o imprimiendo masa monetaria (impuesto sobre el poder adquisitivo). De estas tres fuentes de financiación del Estado el presidente Petro las tiene sobre la mesa.

Así las cosas, el proyecto de reforma tributaria que aparenta ser justa y equitativa no lo será porque vulnerará derechos individuales, le quitará poder adquisitivo a los ciudadanos, desincentivará el trabajo, el esfuerzo y el emprendimiento porque ahora el que gana y genera riqueza será castigado con impuestos y en consecuencia profundizará la pobreza.

Adenda: José Antonio Ocampo, MinHacienda designado, también propuso un impuesto del 35% a las ganancias ocasionales, después lo bajó al 20%. En todo caso ese aumento lo que ocasionaría es una disminución en la compraventa de vivienda y en consecuencia parálisis en un sector de la economía además de perjudicar a la clase media y vulnerable.

About the author

Aldumar Forero Orjuela

Nací en Bogotá de una familia de origen campesino. Soy técnico en gestión administrativa y estudiante de ciencias económicas de la Universidad de La Salle, de igual manera cuento con un diplomado en cultura democrática de la Escuela Superior de Administración Pública. Soy un ciudadano que le interesa los temas nacionales, esto es, temas políticos, sociales y económicos, pero también interesado en la coyuntura política internacional.

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