Su antecedente como magistrado de la Corte Constitucional hacía presagiar buenos augurios al frente de la Fiscalía General de la Nación. En especial cabía esperar apego a la Constitución y respeto por las garantías consagradas en ella en favor de los ciudadanos y de todas las personas.
Sin que también tenga ejecutorias dignas de mostrar, con el paso de los días el abogado Eduardo Montealegre fue desnudando ciertas antipáticas conductas imperiales, quizá provenientes de cierto marcado narcisismo derivado de la pregunta matutina que a diario se haría ante el espejo. “Ala, ¿cierto que Napoleón se me parece?”
A María Isabel Rueda, que es tan abogada y periodista como yo, la tienen citada a la Fiscalía para el 15 de diciembre, se sospecha, a responder por la publicación en su columna de El tiempo de algunos pormenores consignados en cierto dossier existente en dicha dependencia sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Montealegre y su férula al parecer desconocen lo que los demás sabemos sobre el respetopor las fuentes periodísticas en las sociedades democráticas, al punto que estas son sagradas, por las que los periodistas somos capaces de ofrendar libertad y vida. El periodista no es una extensión del Estado sino el contralor de sus órganos, aunque en Colombia en los tiempos que padecemos ciertos medios actúen tal cuales porristas de intereses mezquinos, a cambio de eso que se ha dado en llamar“mermelada”.
Puesta ante el inquisidor, María Isabel, como ya lo sugiere, tendría para decir que la valiosa información, que daría con la punta del Iceberg de las autorías intelectuales del asesinato, le fue puesta por debajo de la puerta, como dijo Horacio Serpa en inmoral rueda de prensa, pillado en la bribonada de tener en su poder la indagatoria de Santiago Medina, pieza sumarial para entonces reservada en la fiscalía de Gómez Méndez.
El Fiscal pretender tener éxito en la defensa del ¡chis!, ¡chis!, protector de ciertos validos conmilitones corresponsables del Proceso 8.000 y sus derivaciones. La privación de la luz. Quedamos a la espera de los resultados del raid de la Fiscalía en contra de la periodista y, en cierta forma, en favor del hampa.
De otra parte, me he devanado la sesera hurgando entre códigos viejos y vigentes y no hallo en ninguna parte que esté consignado el “delito de opinión” que le pueda ser indilgado al doctor Álvaro Uribe Vélez, o a cualquiera, como resultado de las frecuentes informaciones veraces que le entrega a los colombianos a través de su cuenta en Twitter que, de otro modo, no serían conocidos por la población y que tienen que ver con las consecuencias del desorden público implantando en conjunto por el presidente y las FARC, con ciertos ejercicios peligrosos de la administración de justicia y la defensa de los valores democráticos.
Tampoco saben el Presidente y el Fiscal que, como resultado de cierto fallo de la Corte Constitucional ahora en Colombia todo el que tenga algo qué decir o qué informar es periodista y legitimado está para hacerlo por cualquier medio de difusión. Es la consecuencia universal de la caída de la tarjeta profesional que acreditaba el oficio periodístico. De esa democrática manera todos terminamos bailando en la misma uña.
Tiro al aire: según las encuestas ha decrecido vertiginosamente el prestigio de la justicia y de la presidencia a extremos para nada deseables. Por conocidos, callo acerca de los responsables.
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