Como nunca había resonado antes, el rechazo al maltrato, a la discriminación, el apoyo a las causas de mujeres y el reconocimiento de quienes han participado en la lucha por una sociedad más igualitaria avanza cada día con más ímpetu. Me siento feliz y dichosa por esto hasta más no poder, a pesar de que aún, en pleno siglo XXI, los casos de feminicidio, abuso y acoso en Colombia siguen atormentándonos. Sólo hasta noviembre del 2019, se registraron en el país 796 asesinatos de los cuales, 531 fueron realizados por compañeros sentimentales en sus propias casas.
Esta cifra eriza y desestabiliza el sentimiento que muchas tenemos de desarrollarnos como seres humanos en una sociedad con tantas dificultades de por sí, agregándole la condición de ser mujeres, y por condición me refiero a los impedimentos culturales, sociales, políticos y, sobre todo, económicos que nuestras abuelas, madres, tías y amigas han padecido y deben padecer.
Quiero dejar en claro que la realidad desigual de millones de mujeres colombianas se intensifica por género, y no por eso cabe en el debate la negación de que los hombres también son víctimas del sistema político y económico del país. Sin embargo, y con el perdón de quienes también pasan situaciones de extrema desigualdad en su día a día, las mujeres son la cara de la pobreza en Colombia. En nosotras recaen las mayores cifras de informalidad laboral, la imposibilidad de jubilación, la condena al cuidado no remunerado de otros, la brecha salarial que nunca se iguala, la dependencia económica y la idea de no poder desenvolvernos solas en el mundo por miedo y zozobra. El tema del aborto, el acoso y los feminicidios deben mantenerse en pie de lucha y en el debate nacional, además de agregarles la cruda realidad laboral y de formación académica, a veces imposibilitada, que debemos cargar más que la de nuestros compañeros hombres.
Haremos un ejercicio de análisis al desenvolvimiento de las mujeres en el sistema económico colombiano, desigual y dependiente del capital extranjero, que impide la generación de riqueza propia y que, a grandes rasgos, afecta la plena realización de los derechos sociales de más del 90% de los colombianos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, cerca del 60% de la población mundial trabaja en la informalidad, situación que demuestra la falta de oportunidad laboral digna para hombres y mujeres que no tendrán la posibilidad de acceder a un sistema de salud y, mucho menos, a una jubilación. En nuestro contexto, las mujeres colombianas son la cara de la informalidad laboral. De la cifra general de venteros ambulantes en el país, 49.03% son mujeres y 45.5% son hombres, cuatro puntos porcentuales que nos ponen en la cima del rebusque y la desigualdad de acceso a los derechos básicos.
Este fenómeno lo pueden evidenciar si se dan un paseo por el centro de Medellín, y además del panorama “pintoresco” y muy turisteable de lo que es nuestra ciudad, la desigualdad social es pan de cada día: mendicidad, rebusque extremo, y una serie de factores evidentes que recaen con muchísima más fuerza en las mujeres.
La pregunta es ¿por qué las mujeres se “resignan” (como he tenido el infortunio de escuchar) a trabajar en la calle y no se ponen a buscar empleo? Según el DANE, de 14 millones de hogares colombianos, 6 millones cuentan con una mujer cabeza de familia, más de la mitad en condición de pobreza, agregándole el tiempo que debe invertirse diario al cuidado de los miembros del hogar que se distribuyen en 7 horas con 14 minutos. Lo anterior hace que se intensifique aún más el estigma de que las mujeres no somos buenas empleadas porque debemos pensar en otras cosas como llegar a servir comidas, cuidar al enfermo, limpiar la casa, criar y tener hijos.
En ese orden de ideas, el porcentaje abismal de mujeres desempleadas es del 12.6%, cinco puntos porcentuales más que los hombres, condenándonos a la pobreza y al rebusque, y si queremos un panorama más desolador, el gobierno de Iván Duque pretende seguir en pie con una reforma laboral y pensional nociva para el pueblo colombiano y para el rostro femenino de las imposibilidades económicas dignas. La precarización del trabajo dada por el Centro Democrático con el proyecto de Ley 212 del 2019, propone la reducción de la jornada laboral al pagar por horas, intensificando los índices de informalidad y precarizando el derecho legítimo al trabajo.
Como lo seguiremos insistiendo diferentes colectivos y organizaciones sociales, la necesidad de movilización de mujeres debe ser constante en la exigencia por una igualdad económica de condiciones y su mejoramiento, dignas y sin aires de precarización, asunto que se enmarca protagónicamente en el pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro. Confiamos que la lucha por la soberanía nacional, que implica desentendernos de las imposiciones económicas y regresivas de la OCDE y el capital extranjero, contra el paquetazo de reformas de Duque, en pro de la defensa de la vida y la paz deben ser orientadas, también, por más del 90% de las mujeres del país. Involucrarnos en la lucha social por un territorio digno de su población e indigno de su gobierno nos llama ahora mismo.
Si llegaron hasta el final de este texto, el abrebocas de la situación de las mujeres a nivel laboral se empeorará si la movilización pacífica y creativa no se toma todos los espacios en pro de la exigencia por condiciones más dignas para los y las colombianas en general. Mujeres, nos vemos en las calles.
