Ellas necesitan contar con una representación en estos escenarios que les garantice, de alguna forma, la inclusión de sus intereses en el debate público.
Hemos crecido con la idea de que la meritocracia es la mejor forma de gobierno ya que el único factor que debe primar en la elección de funcionarios públicos son sus capacidades y aptitudes para desempeñarse eficazmente en el cargo. El tema resulta insustancial en la medida en que es un entendido de la sociedad pensar que sólo los mejores deben ocupar los más altos cargos de nuestras administraciones públicas y órganos constitucionales. No obstante, y como de costumbre, en los últimos días se ha encendido un nuevo debate relacionado con la paridad de género como norma de elección de los magistrados en las altas cortes colombianas. En resumidas, uno de los temas que se buscaba en la discusión de la cámara de representantes era establecer una participación del 50/50 entre hombres y mujeres como principio fundamental en las convocatorias públicas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Siendo desconocedor del tema y respetando a quienes han dedicado su vida a la investigación en temas de género, debo reconocer que no encontraba problemas en aceptar como regla fundamental la meritocracia en los procesos de elección de funcionarios de estos estamentos. En ese sentido, cuando escuchaba al senador Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, apoyar dicha idea, pensaba en que probablemente tenía razón en considerar que el criterio de elección de magistrados no debería ser su género sino las capacidades y trayectoria -mérito- que este o esta demuestre para desempeñar su cargo. Bajo esta lógica podrían acceder tanto hombres como mujeres a ocupar altos cargos, valorando únicamente cuán idóneo y competente fuese en su ejercicio. Definitivamente no encontraba razón para estar en desacuerdo y no entendía cómo ni porqué alguien lo estaría.
Por tanto, debido al cruce de argumentos que defienden cada posición y siendo responsable en no sentar una posición apresuradamente, me dispuse a hacer un ejercicio más profundo de las problemáticas; allí encontré cifras realmente dicientes. Algunas de ellas las expondré acá: según el estudio “Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia” realizado por el DANE a finales del 2020, las tasas de desempleo son más altas para las mujeres que para los hombres en cualquier nivel educativo, dejando a su paso una dependencia económica en la cual el 34% de las mujeres con básica secundaria no cuentan con ingresos propios, 22 puntos porcentuales más que los hombres (12%). Por su parte, a las mujeres se les dificulta mayormente volver a recuperar su empleo después de la maternidad, lo cual es una clara expresión del menor nivel de contratación por asuntos de género. La posibilidad de obtener un empleo se reduce debido a que se vincula a la mujer con oficios del hogar y ello, según prototipos, afectaría su desempeño en el cargo que ocupe; pues vale la pena expresar que una mujer dedica 30% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que para los hombres sólo representa el 14%. La opresión histórica de la que han sido víctimas consolidó una serie de prejuicios y estereotipos que les hacen más espinoso el camino para cumplir con sus aspiraciones personales y profesionales.
Las mujeres representan cerca del 52% de la población colombiana, sin embargo, a pesar de ser el grupo poblacional mayoritario, sólo el 12% de los municipios del país es dirigido por una mujer bajo el cargo de alcaldesa; es decir, 132 de 1099, dejando en evidencia dos opciones: o las mujeres no aspiran a este tipo de cargos o culturalmente hemos condicionado a la mujer a otro tipo de labores y por ende no las elegimos. El congreso en definitiva no es la excepción; pues sólo el 19% de este está representado por mujeres, aportando a una mirada “masculinocéntrica” y reduciendo las diversas perspectivas que puede aportar la mujer al debate público y la legislación nacional.
La continua desigualdad a la que están expuestas las mujeres justifica sus frecuentes luchas por alcanzar una representatividad en los altos cargos de la administración pública y los órganos constitucionales. Ellas necesitan contar con una representación en estos escenarios que les garantice, de alguna forma, la inclusión de sus intereses en el debate público, además de su visión en el diseño de políticas públicas y la destinación de recursos bajo una perspectiva de género. Entre sus argumentos, el senador Vallejo destaca que la paridad no resuelve el problema. Pues claro que no lo resuelve, es una problemática estructural, pero si esperamos que cada colombiano reconozca el valor, la importancia y la contribución de la mujer a la construcción de democracia, podrán pasar muchos años.
El hecho de exponer a las mujeres en este tipo de espacios enviará un contundente mensaje a las futuras generaciones con respecto a la posibilidad que tienen de aspirar a ser magistradas, congresistas, alcaldesas o incluso presidentas. La incidencia que tendría en las ambiciones de millones de niñas y jóvenes son incalculables, pues al ver el ejemplo de alguien que logró con esfuerzo y tesón ocupar un cargo decisorio, las motivará a ser líderes no sólo en sus territorios sino en el país. Carecer de dicha representatividad dejará la consigna de que les es mucho más complejo llegar allí, evitando si quiera emprender el camino.
En últimas, la meritocracia se ha quedado corta en las pretensiones sociales y políticas de las mujeres; es un sistema que ignora el difícil recorrido que deben pasar y la deuda histórica que como sociedad tenemos frente a ellas. No culpo a quienes aún permanecen en esa orilla, pues yo genuinamente lo estaba, desconociendo que la meritocracia también discrimina.
Bien Andrés…