«La mejor victoria es vencer sin combatir» (Sun Tzu)
Fuente: www.notiminuto.com
La situación de Venezuela está planteada bajo dos escenarios aparentemente contrapuestos. Ante la terrible crisis política, económica y social que padece el país, la única vía que parece posible para evitar una catástrofe mayor es la salida del gobierno del presidente Maduro. A simple vista podría definirse la situación como un enfrentamiento entre Gobierno, versus oposición venezolana.
Si la naturaleza humana fuera pura lógica, podría concluirse que bastaría con apostar a la balanza opositora para lograr sustituir a un gobierno que actúa como una plaga capaz de destruir todo a su alrededor, pero ¿será suficiente con manifestarse abiertamente opositor para enfrentarse al gobierno y vencerlo?, ¿será el enfrentamiento directo la mejor estrategia para lograr los objetivos propuestos? Y de ser así, ¿cuáles serían esos objetivos?
Aun cuando deseable, no existe en el país una masa homogénea que represente exclusivamente a estos dos grupos en discordia. Ni del lado del gobierno, ni del lado de la oposición. Si la hubiera, la práctica pareciera demostrar lo contrario.
En Venezuela se han vivido momentos álgidos, cuando de defender los valores democráticos se ha tratado. Uno de esos momentos de más crispamiento político, fue el de la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de un proyecto de reforma constitucional en el año 2007, sugerida por el entonces Presidente Hugo Chávez. Miembros de la oposición venezolana, juristas y hasta expertos internacionales señalaban la impertinencia de aceptar tamaña propuesta, la cual impediría preservar uno de los principios fundamentales del sistema democrático, como es el de la alternabilidad en el ejercicio del poder. En diciembre de ese año fue presentada la solicitud de reforma al pueblo venezolano, siendo rechazada con un 51% de los votos. Derrotada la propuesta, el gobernante venezolano aprendería una de las lecciones que mayor utilidad le resultaría en su vida política, y es que cuando se quiere solicitar cambios de trascendencia política, se hace necesario incluir a los detractores de aquellos como beneficiarios de los mismos.
De allí, que 2 años después, a pesar de existir la prohibición constitucional de presentar nuevamente la misma oferta a referéndum consultivo, el mandatario logra blindar un nuevo referéndum en donde además de la reelección indefinida de la presidencia de la Republica, incluye a todos los cargos de elección popular en el país. La respuesta no se hizo esperar, y el 15 de febrero de 2009, se convierte Hugo Chávez en el primer presidente latinoamericano, elegido democráticamente, con posibilidades de presentarse como candidato presidencial para siempre. De igual forma, Venezuela seria incluida como el primer país en donde los titulares de los cargos de elección popular, pueden optar a la reelección indefinida, por decisión de 6.310.482 de votantes (55%).
Otro ejemplo gráfico, es el de los consejos comunales. En el 2006, el Presidente Chávez creó los consejos comunales como una figura en la cual se delegarían la ejecución de proyectos de las comunidades. Poco a poco se le fueron incluyendo facultades, que constitucional y legalmente le estaban conferidas a los municipios. En el año 2007, en la misma solicitud de reforma constitucional a la que hemos hecho referencia, la cual culmino en el rechazo a las propuestas del mandatario, se incluyó a los consejos comunales.
Importantes sectores de la vida social venezolana, y expertos juristas, señalaron entonces la flagrante violación que representaba a la Constitución de la Republica (CRBV), los consejos comunales, que habían sido rechazados en el referido referéndum, y que pretendían sustituir a los municipios, reconocidos constitucionalmente como “la unidad política primaria de la organización nacional” (Art. 168 CRBV).
A pesar de esto, los consejos comunales no solo fueron instaurados, sino que han ampliado su acción a prácticamente todas las áreas de participación del Estado, llegándose a la promulgación de una Ley Orgánica del Consejo Comunal, la cual incluye al “Estado Comunal”, al cual se le ha dotado hasta de división de poderes (justicia comunal, parlamento comunal, consejo ejecutivo). Incluso el actual gobierno ha sugerido que se agregue el “poder electoral”. Estos consejos comunales no solo se convirtieron en espacios legítimos de participación de afectos al oficialismo, sino que los propios sectores de la oposición vinieron adaptándose a aquellos, organizando o formando parte de los consejos comunales ya existentes. Todo esto a efecto de lograr mantener una cuota de participación, la cual depende del tutelaje del Poder Ejecutivo.
La actualidad política del país ha propiciado un apoyo mayoritario a sectores opositores al gobierno bolivariano. Esto lo hemos visto con el triunfo, en las elecciones parlamentarias de 2015, de una mayoría de diputados contrarios a las políticas del gobierno nacional. Muchas expectativas han sido creadas con este abrumador apoyo, las cuales han llevado al enfrentamiento de los demás poderes públicos, todos abiertamente dominados por el gobierno nacional, en contra del poder legislativo nacional. Hemos visto como prácticamente todas las decisiones dictadas por la Asamblea Nacional (A.N.), entiéndase en su función colegisladora, han sido anuladas bajo el argumento de ser inconstitucionales, por el Máximo Tribunal de Justicia del país. La última de ellas ha sido la Ley de Amnistía, ofrecida por los legisladores como un mecanismo para buscar la tan anhelada paz social.
El tema de la Asamblea Nacional amerita una serie de consideraciones que muy probablemente resulten antipáticas para algunos lectores. No por eso deben mantenerse en silencio.
Para nadie es un secreto que la mejor herramienta que ha encontrado el presidente de la Republica para defender sus intereses, y hacer nugatorias las leyes dictadas por la actual A.N., ha sido la de utilizar a la justicia en contra de aquella.
Siendo la mayoría de los diputados del legislativo nacional críticos del socialismo del siglo XXI, como ideología gubernamental, no resulta nada extraño que intentaran legislar en base a los principios constitucionales que ellos mismos han tratado de hacer valer frente al poder nacional, por el cual incluso algunos venezolanos están pagando prisión. A pesar de tales circunstancias, bueno es tomar en cuenta que de las facultades otorgadas por la Constitución de la Republica, ninguna de ellas hace referencia a la función de terminar con los gobiernos, ni a la de emplazar a estos a fijar la fecha del fin de sus mandatos. Esto no significa que la A.N. deba permanecer ciega, sorda y muda frente a lo que acontece en el país, pero así como es absolutamente criticable la ausencia de independencia de los demás poderes públicos en Venezuela, y su sumisión cobarde ante los designios del jefe de Estado, resulta igualmente peligroso para la gobernabilidad democrática que un poder legislativo -cualquiera que éste sea- pretenda ejercer funciones otorgadas a otros poderes públicos constitucionalmente, como las de gobernar, o sustituir a las acciones que le corresponden exclusivamente a la sociedad civil en su conjunto.
Mensajes retadores de parte de las autoridades de la A.N. frente a los demás poderes del Estado, muy particularmente al poder ejecutivo, en donde se hace mención a un plazo determinado para defenestrar del palacio presidencial a quien ocupa, así sea indignamente, la presidencia de la Republica, más que fortalecer las acciones de ese Poder Legislativo, lo colocan en una posición de enfrentamiento permanente, que como hemos visto hasta ahora, pocos réditos ha facilitado para la causa democrática. Sin mencionar el desgaste que significa la permanente beligerancia, y el riesgo que se corre al pretender suplir el liderazgo de los ciudadanos. En esta última situación, estos pueden entender que no son ellos, sino los diputados a la A.N., quienes tienen la última palabra a la hora de la salida del presidente de la Republica del poder. Esto sin incluir la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, cuando otros ofrecen resultados más allá de los constitucionalmente permitidos, y por lo tanto no pueden cumplirlos.
Esta situación, en donde la A.N. se coloca como el órgano promotor de la salida del gobierno, la hemos visto en el pasado en manos de los jóvenes estudiantes. Estos, si bien empezaron llenos de ánimo por el apoyo popular, al final del camino terminaron llevando prácticamente a sus espaldas el peso de enfrentarse a un gobierno que no tuvo escrúpulos para ordenar el uso de la violencia en su contra. De hecho algunos de ellos fueron asesinados, y otros se encuentran detrás de las rejas.
La participación activa del órgano legislativo ha sido tal, que ha recorrido instancias internacionales. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sugerido insistentemente que sea la A.N. quien solicite al organismo multilateral la aplicación de la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA). A pesar de esta loable intervención de quien ha manifestado interés por la causa democrática, valdría la pena preguntarse si existe claridad respecto a las circunstancias que rodean la aplicación de este instrumento jurídico, así como a su viabilidad para su aplicación, y la solución de la crisis del país. De allí que valga la pena recordar que para la recepción de la comisión que deba acudir al país para verificar la situación, se requiere (Art. 18 CDIA) el consentimiento del gobierno nacional. Como nos ha demostrado la experiencia, resulta poco menos que probable que el gobierno acceda a recibir a algún emisario que pretenda visitar al país a constatar una situación, que a juicio de aquel es poco menos que perfecta. Yendo más allá, para la suspensión del país miembro se requiere “el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros” (Art.21 CDIA), circunstancia altamente improbable en la actualidad dentro de la Organización, en donde el único cambio político que se ha producido en uno de los países miembros, es el de Argentina.
En cuanto a las consecuencias de la aplicación del referido instrumento, (“la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional… constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”, Art.19), valdría analizar si el efecto producido, con ocasión de la suspensión del país en el organismo hemisférico, no resultaría más bien beneficioso para el gobierno venezolano. Este, aparte de que se vería liberado de participar en las Comisiones y Grupos de Trabajo del organismo, se sentirá menos agobiado de seguir contribuyendo con su obligación de pagar su cuota anual de 1.775.200 dólares, de la cual-según corte de cuenta del pasado 11 de abril- adeuda 6 millones 974.749 dólares al organismo.
Existen dos principios en los cuales descansa la filosofía de Sun Tzu, mencionado como parte del título del presente artículo. El arte de la guerra se basa en el engaño: cuando se es capaz de atacar se ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se muevan, hay que aparentar inactividad. Si el enemigo está cerca, ha de hacérsele creer que se está lejos, evitarle durante un tiempo cuando el otro es más fuerte. Atacar al enemigo cuando no esté preparado, y aparecer cuando no lo espere. Su estrategia es someter al enemigo sin luchar, estas son las claves de la victoria.
Amenazar, anunciar públicamente las acciones a tomar en contra del oficialismo, pretender sustituir a líderes y partidos políticos, o mimetizarse con las acciones de estos, no resultan lo más aconsejable. Aun cuando la Asamblea Nacional fuera el órgano competente para enfrentarse al Gobierno Nacional, no existe peor estrategia que la falta de ésta.
Abogada, ex embajadora de Venezuela ante la OEA
Magister en Seguridad y Defensa
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