Salen, a todas luces tarde y no sé si bien, 55 sociedades científicas y médicas, que representan a 170.000 profesionales, a expresar su malestar con la «política» (con toda, como si fuera una, algo que como profesional de las ciencias sociales me sorprende), reprochando su gestión de la pandemia. Establecen algo que parece irreprochable de entrada: que «las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político». ¿Quién va a discutir algo de entrada tan de sentido común?
«ojalá hubieran salido con una sola voz cada vez que la medicina se convertía en una mercancía, cada vez que se privatizaba, se precarizaba, se encarecía para los ciudadanos o veía sus listas de espera alargarse»
Ojalá hubieran salido en febrero o marzo, ojalá, y no es asunto pequeño, estuvieran todos de acuerdo en cuáles son las respuestas adecuadas, ojalá se hubieran dirigido con contundencia a sus colegas que ocupaban y ocupan en las comunidades autónomas, en el gobierno y en el Estado central responsabilidades médicas y sanitarias (porque vienen prácticamente todos del ámbito de la salud) y ojalá hubieran salido con una sola voz cada vez que la medicina se convertía en una mercancía, cada vez que se privatizaba, se precarizaba, se encarecía para los ciudadanos o veía sus listas de espera alargarse.
Ojalá hubieran salido en defensa de sus colegas más precarizados cada vez que se quebraba eso que saben esos 170.000 profesionales: que la salud de una población es preventiva, que tiene que ver con las condiciones sociales de vida –empleo, vivienda, ocio, cultura, angustia- y se solventa mejor con una sanidad pública. Porque no recuerdo un grito angustiado de todo el colectivo cuando, por ejemplo en Madrid o en Valencia, se empezó a privatizar la sanidad y una parte no pequeña de esos 170.000 profesionales fue llevado a trabajar en la salud desde espacios privados.
Llevo un par de décadas lamentando que la Universidad esté casi siempre fuera de los debates sociales, lo que no es sino una señal del envejecimiento de estas instituciones esenciales para la marcha de nuestras sociedades.
Detrás del caos nada productivo del COVID-19 hay dos asuntos de fondo: uno, la privatización del conocimiento. Desde el momento en que el conocimiento se convierte en una mercancía, se pone al servicio de lo que produce beneficios al que invierte dinero en salud –que con frecuencia son fondos buitre que invierten en un hospital o una residencia de ancianos como podrían hacerlo en una fábrica de salchichas-. Por eso siempre nos hemos resistido a que la investigación en las universidades públicas dependa de las empresas. Porque puede haber beneficios derivados, pero si invierten es porque van a multiplicar su dinero.
«que cuiden las condiciones de vida generales de la ciudadanía, que pidan más inversión en universidades, en ciencia e investigación, que le paren los pies a las farmacéuticas, que se nieguen a aplicar una vacuna contra el COVID que no esté garantizado a toda la ciudadanía«
En segundo lugar, la conversión de la salud en una mercancía, algo que se ha hecho privatizando hospitales, privatizando la gestión de hospitales públicos, entregando servicios sanitarios a los capitales que abandonaron el ladrillo –por eso los Florentino Pérez aparecen en todos estos negocios-, introduciendo el copago, pagando salarios de miseria a los Médicos Internos Residentes, cerrando camas de urgencias o abandonando la atención primaria. Y, con la misma fuerza, cada vez que se retiraban fondos para investigar en ciencia aunque no se produjeran beneficios inmediatos ¿No tenían estos 170.000 profesionales que estar más concienciados con estos asuntos?
Bienvenida sea su protesta. Ahora les pido que hagan autocrítica, que protesten airados por la desmercantilización de la medicina, que apuesten por lo público, que cuiden las condiciones de vida generales de la ciudadanía, que pidan más inversión en universidades, en ciencia e investigación, que le paren los pies a las farmacéuticas, que se nieguen a aplicar una vacuna contra el COVID que no esté garantizado a toda la ciudadanía, que recuerden el juramento hipocrático y recuerden que es incompatible con convertir la salud en una mercancía.
Me quedo con el hospital de Médico de familia antes que con el del Doctor House: lo público siempre es más útil contra enfermedades como el COVID-19.
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