“En el mejor de los casos, sería un mal necesario, algo incómodo que se debe hacer, pero no una proeza para presumir. ¿Cuántos países desarrollados presumen del tamaño de sus prisiones y la dureza con la que tratan a sus presos?»
La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró alcanzar una de sus metas más importantes: volverse viral en las redes sociales y hacer que todo el mundo hable de él. Lo logró con la inauguración espectacular y cinematográfica de su megacárcel, «la prisión más grande de América», El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y el traslado de sus primeros 2.000 presos. Para mí, admitir que vive en un país particularmente violento y que durante su presidencia se ha convertido en el país con más presos per cápita y, por ende, necesita una prisión enorme donde encerrarlos no tiene mucho mérito. En el mejor de los casos, sería un mal necesario, algo incómodo que se debe hacer, pero no una proeza para alardear. ¿Cuántos países desarrollados presumen del tamaño de sus prisiones y la dureza con la que tratan a sus presos?
De todos modos, al gran showman que es Bukele le salió bien su espectáculo. En los últimos días, ha adoptado la figura del hombre fuerte, el caudillo, el macho alfa, que puede guiar a un país de bárbaros hacia la prosperidad a cualquier costo. Un personaje conocido ya en Latinoamérica. Un nuevo Uribe, Fujimori, Somoza, Trujillo o, si se quiere, Videla o Pinochet
Obviamente, no tardaron en llegar las críticas sobre los derechos humanos, el modelo de justicia y los tratados internacionales que, de no cumplirse, podrían acarrear sanciones al país. Sin embargo, creo que estos debates terminan desviándose hacia temas como la ética y los fundamentos básicos de la justicia, discusiones sin duda alguna fundamentales, pero bastante abstractas y que no suelen llevar a ningún acuerdo. Creo que se puede criticar la megacárcel de Bukele enfocándose únicamente en el proyecto en sí.
Supongamos el caso de otro presidente, Gustavo Petro en Colombia. Él decide cumplir una promesa de campaña y construir una línea férrea que conecte la costa con el interior. Meses antes de culminar su mandato y buscando una reelección (ilegalmente), logra inaugurar la primera línea férrea que va de Bogotá a Cartagena, una obra de última tecnología con un tren eléctrico. Resulta que, para lograr su construcción, Petro tuvo que mantener en secreto todo el proceso; desde la compra de predios hasta los contratos de ejecución, no se sabe nada sobre su costo ni cómo se financió. Además, el tren va a cobrar un flete por su uso, pero no se sabe a ciencia cierta cómo se va a administrar ese dinero. Tú puedes pensar que el tren es una solución a muchos problemas, puedes admirar a Petro como líder y considerar que un medio de transporte eléctrico y eficiente es una causa noble, y aun así ese secretismo alrededor de su construcción puede llevarte a pensar que algo no anda del todo bien.
Bueno, ese tren es la megacárcel de Bukele. Se construyó en un tiempo récord de siete meses, durante un estado de excepción en el país, en el que el gobierno no tuvo que rendirle cuentas a nadie sobre el costo de la prisión, los contratos que se firmaron y, aun hoy, lo que sabemos sobre su operación y administración depende únicamente de lo que el gobierno decida contar. También se ha anunciado que los presos (o, mejor dicho, sus familias) van a pagar por su alimentación e implementos de aseo, alrededor de 175 dólares por preso, lo que equivale a unos 7 millones de dólares cuando se completen los 40 mil cupos que tiene la cárcel. De nuevo, no se sabe quién va a administrar esos recursos; tampoco se sabe, si los presos van a estar tan aislados como se promete, cómo se va a garantizar que reciban los bienes por los que sus familias van a estar pagando.
Según Transparencia Internacional, El Salvador ocupa el lugar 116 en un listado de 180 en el ranking de percepción de la corrupción. Esto lo posiciona como uno de los países más corruptos de América Latina. Para ponerlo en perspectiva, Colombia ocupa el puesto 92.
Así que tú podrás tener tus razones para creer que un criminal merece ser tratado de la peor forma posible por el estado, puedes creer que es mejor el castigo continuo y desmesurado que la reinserción social. Sin embargo, no podrás al menos sospechar que el proyecto megalomaníaco y propagandístico de Bukele tiene escrito en cada ladrillo la palabra corrupción.
El segundo punto para tener sospechas sobre los beneficios de esta megacárcel es el ya mencionado estado de excepción. Como ya dije, el total secretismo y la falta de transparencia en su construcción se lograron gracias a este estado de excepción y es así como se está llenando esta cárcel también. El estado de excepción se inició en marzo del año pasado y se ha renovado cada treinta días. Cada vez que se renueva, el gobierno lanza una nueva cifra de capturados gracias a los poderes especiales que ahora poseen. Estos poderes implican un perjuicio del derecho a la defensa y el debido proceso. Durante los primeros seis meses del estado de excepción, se detuvieron a más de 52 mil personas sin órdenes de captura ni garantías. Hubo durante esos meses más de 3 mil denuncias por abusos de poder. Hoy, las denuncias llegan a más de 7 mil. El presidente Bukele tiene la rama judicial, la rama legislativa y varios órganos de control trabajando para él.
Bajo estas condiciones, es muy probable, por simple estadística y falta de vigilancia, que una buena porción de los dos mil presos que llegaron a la megacárcel y los otros 38 mil que faltan para llenarla sean inocentes o criminales menores muy lejos de la imagen de pandilleros y terroristas que pretende dar el gobierno. Además, en un futuro no muy distante, este tipo de cárceles podrían funcionar como herramienta de opresión e intimidación contra todo aquel que se oponga al régimen. Ya en el pasado, el presidente ha utilizado la persecución legal y política contra periodistas y opositores. Hoy, tiene la opción de condenarlos al suplicio de un presidio como este y solo necesita acusarlos de fomentar el terrorismo o de tener nexos con los líderes de las pandillas.
De nuevo, es posible que creas que los criminales merecen recibir un castigo severo, pero para justificar la existencia de una cárcel que opera en estas condiciones, es importante considerar la posibilidad muy real de que los peores tratos que se les den a los peores criminales también sean proporcionados a personas inocentes, opositores honestos o delincuentes menores que no suponen una amenaza real para la sociedad.
Por último, volvamos al estado de excepción, una paradoja. Sólo puede seguir existiendo (y parece que así será) porque las condiciones que lo permitieron en primer lugar siguen vigentes. El gobierno debe asegurarse de que la criminalidad, la violencia y el terrorismo sigan siendo un problema real y grave, mientras que, al mismo tiempo, tiene que garantizar que su plan funciona, que se haya mejorado la seguridad, que se hayan reducido los homicidios, etc. En otras palabras, El Salvador tiene que estar en el peor momento y al mismo tiempo en el mejor momento de su historia.
Incluso si crees que los criminales merecen el peor de los tratos posibles, arrebatarles cualquier rasgo de humanidad y torturarlos si es necesario, porque ellos han torturado, deshumanizado y matado a sus víctimas, ver estas cárceles como la única alternativa realista también implica justificar que esos mismos criminales sigan existiendo. Ningún estado de excepción los puede eliminar por completo, porque eso eliminaría el estado de excepción en sí mismo y, con ello, los poderes especiales del gobierno. El gobierno tiene incentivos para mantener el crimen, para mantener el poder casi absoluto, para hacer videos propagandísticos en Twitter, para controlar la información, para seguir haciendo negocios poco transparentes con el dinero público sin ser cuestionados, para ser reelegidos. Como van las cosas para el gobierno, no tendría sentido desincentivar la inserción en pandillas de los jóvenes o cambiar las condiciones materiales que hacen de la criminalidad la opción más rentable. El estado ideal para aquellos en el poder es que sigan existiendo pandilleros y terroristas, jóvenes que se unan a la mara desde los doce años y cometan todo tipo de crímenes terribles para que, desde los veinte o treinta años, se pudran en una megacárcel. De esta manera, los Bukele de hoy y del futuro podrán seguir acumulando poder y dinero de la hacienda pública, de la familia de los presos, de la mano de obra esclava que en algún momento institucionalizarán.
Las políticas de reinserción social o de prevención son menos llamativas e incluso más impopulares que el populismo punitivo al estilo de Bukele, pero tienen la ventaja de generar menos incentivos para mantener el estado de cosas tan perverso como siempre.
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