Prometo que cada semana me hago el firme propósito de escribir sobre las posibles soluciones a los enormes problemas que nos aquejan y, en todo caso, sobre asuntos distintos a Petro y lo que dice. Pero no hay manera. Son tan serios los escándalos que surgen cada semana y tan graves sus declaraciones, que sería irresponsable no referirse a ellos.
La impudicia de esta semana es la constatación de que el gobierno montó una operación sistemática de saqueo de recursos públicos con el objetivo principal, pero no exclusivo, de sobornar a congresistas claves para la aprobación de sus proyectos y para controlar los probables juicios contra Petro. De la entrevista dada a Semana por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se deduce a) que hubo reuniones reservadas de funcionarios del más alto nivel, a la primera de las cuales López llama cónclave, en que se planeó y decidió la entrega de dineros públicos a «un número importante de congresistas», b) que en esas reuniones participaron varios ministros, entre ellos el de Interior, y el entonces Director del Departamento Administrativo de Presidencia, c) que el mecanismo para acceder a ese presupuesto era hacer contratos amañados, como los de los carrotanques, de los cuales se sacaba el dinero para los sobornos, d) que uno de los propósitos de las coimas era el de comprar congresistas para que aprobaran los proyectos del gobierno y para asegurar el control de los juicios contra Petro en el Congreso, e) que, sin embargo, la operación de corrupción tenía objetivos que iban «mucho más allá» de conseguir la aprobación de esos proyectos en el Congreso, objetivos que están por conocerse, f) que entre los que se vendieron están, entre otros parlamentarios, los presidentes del Senado y la Cámara, y también Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones, g) que López recibió y cumplió órdenes con esos objetivos y que tiene pruebas de ello, y h) que está esperando el acuerdo de principio de oportunidad con la Fiscalía y la citación de la Corte Suprema de Justicia para ratificar sus denuncias, individualizar a los otros implicados y entregar las pruebas contra los responsables, y que necesita protección para que no lo maten.
Salvo quizás la financiación a Samper por los narcos, no se me ocurre peor escándalo que este. No es la típica mermelada. Es el saqueo organizado desde el más alto nivel del gobierno con el propósito de controlar el Congreso, de conseguir la aprobación de las reformas de Petro y de cubrirle sus espaldas. El beneficiario principal de toda la operación es Petro y son sus funcionarios, escogidos y nombrados por él, quienes la ejecutaron. No es creíble, por tanto, no solo que Petro no supiera lo que sus más altos funcionarios, entre ellos el MinInterior, el más importante de los Ministros, y su director del DAPRE, su mano derecha, ordenaron y ejecutaron, sino que la orden inicial y definitiva no hubiera sido dada por él mismo.
En otro país ya hubieran renunciado los salpicados y el Presidente porque, como mínimo, es el responsable de elegir y nombrar semejantes bandidos, y es el beneficiario de sus actividades criminales. Pero acá no pareciera pasar nada. Fue impactante que, el mismo día en que se conocía la denuncia de López, se aprobara en tercer debate la reforma pensional. Demuestra que la operación ha sido exitosa y que la gangrena es profunda en el parlamento. Y que son tantos los escándalos y tanta la corrupción que venimos sufriendo que la mayoría está anestesiada y no reacciona con la indispensable indignación y rabia que esta peste corrupta demanda.
Por cierto, ¿qué está esperando la sala penal de la Suprema para hacer las investigaciones de oficio sobre los aforados involucrados? ¿Y la Fiscalía para acordar principios de oportunidad con López y con Sneyder Pinilla, su segundo, quien también está dispuesto a hablar? Este es el momento en que sabremos si la nueva Fiscal es de bolsillo, como muchos han advertido, o si es capaz de cumplir con su tarea de manera independiente y sin prevaricar. Está tarde en demostrarlo.
Y como si no fuera suficiente, Petro remató la semana sosteniendo que el pacto de Santos con las Farc «es un documento del pueblo, con legitimidad que va más allá de la Constitución» y que «yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una asamblea nacional constituyente». Pues no, como tantas otras veces, Petro miente y manipula: el acuerdo con las Farc no es un «documento del pueblo», de hecho fue rechazado en un plebiscito por la mayoría de este, ni tiene más legitimidad que la Carta del 91, resultado de un acuerdo democrático entre las más importantes corrientes políticas del país y no un pacto entre una guerrilla que no se representaba sino a sí misma, como se probó en las elecciones posteriores, y un gobierno que buscaba el Nobel a cualquier precio. Y no, nada hay en ese pacto, ni una sola frase, que permita citar a una constituyente, mucho menos sin ley del Congreso. Si Petro lo hace estaría violando la Constitución y dando un golpe de estado, un autogolpe. Por muy tentado que se sienta, él no quiere seguir el destino de Pedro Castillo. Es muy cobarde para eso.
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