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La mano que firma: los contratos del alcalde de Itagüí 

A diferencia de las grandes capitales, los pequeños municipios como Itagüí gozan de algo que envidiarían Medellín y Bogotá, por ejemplo: impunidad y poco o nulo control político por parte del Concejo y de los medios de comunicación.

Itagüí es uno de los municipios más ricos de Antioquia, y a ras de Envigado, y después de Medellín, es el que más aporta al PIB departamental: tenemos la Fábrica de Licores de Antioquia y cientos de empresas y fábricas que operan en el municipio. Imaginen ustedes el infierno de dinero que maneja Itagüí: más de 1 billón de pesos para este cuatrienio específicamente.

El actual alcalde del municipio es José Fernando Escobar, que aparenta ser un tipo serio, aunque no juega serio en las contrataciones. Escobar fue elegido bajo las banderas del Partido Conservador, igual que sus anteriores jefes (Carlos Andrés Trujillo y Leon Mario Bedoya). Ya durante la administración Bedoya firmó dudosos contratos (ver Los contratos de José Fernando) y hoy lo vuelve a hacer, pero ya en calidad de alcalde, no de Secretario de Infraestructura.

El 16 de marzo del 2020, y con un tiempo de ejecución de 276 días, la alcaldía celebró un contrato con Agencia i (publicidad y diseño) para la “Prestación de Servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría de Comunicaciones para la generación y producción de contenidos, gestión de la comunicación pública y comunitaria, creación de campañas y difusión de la información de la administración municipal”. El valor del contrato es por 780.000.000 (ver).

Ese contrato fue firmado bajo la figura de contratación directa, permitida por la Ley 1150 de 2007. Entre varias de las acepciones para contratar de esta manera, están: 1) La urgencia manifiesta (algo relacionado con la covid, por ejemplo); 2) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado (algo que solo una empresa hace, por ejemplo); 3)  Cuando es para arrendamiento o adquisición de inmuebles; 4) Cuando es contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia; 5) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. Quizá este contrato entre bajo esta última acepción, ¿pero acaso no puede haber más empresas que presten iguales o mejores servicios? Esta agencia ha venido trabajando con la alcaldía desde la administración de Trujillo. Desde entonces, al parecer tienen los contratos amarrados… por miles de millones de pesos. Contratista eterno.

El propietario y representante legal de Agencia i es Edisson Montoya Urrego, cercano a la Secretaria de Comunicaciones, Luz Adriana Henao, y al esposo de ésta, un exaspirante al concejo por el Movimiento de la T (del exalcalde y hoy senador Trujillo) (ver).

En redes sociales ya han denunciado que Henao hace parte de la nómina de la empresa de Urrego (ver). Lo curioso: a los pocos minutos de publicada la denuncia en video (ver), al ingresar a la página oficial de la empresa, en el equipo de trabajo no está ella; luego, al enviar un correo electrónico preguntando por ella, informan que “no trabaja en nuestra empresa” (no que no ha trabajado). Hoy, días después, resulta curioso que solo hay unos muñequitos en donde antes estaba el equipo de trabajo (ver). Se esfumaron los integrantes del equipo.  Las preguntas: ¿la Secretaria de Comunicaciones es empleada o copropietaria de Agencia i, cuya empresa firmó contrato con la alcaldía y en beneficio de la cartera que ella representa? ¿Agencia i es la única empresa que hace labores de publicidad y creación de contenidos? ¿Se tiene que tener afinidad política con la administración para poder contratar con ella?

Por otra parte, y en beneficio también de la cartera de Henao, la alcaldía firmó dos contratos con Estrella Grupo Empresarial S.A.: uno del 17 de febrero 313 días, por valor 900 millones de pesos (ver); y el otro, del 16 de abril (en plena pandemia), por 200 millones de pesos (ver); 1.100 millones de pesos en total. Un infierno de dinero que cualquier cartera de un municipio pequeño envidiaría para solo dos de sus contratos. El primer contrato es para la “prestación de servicios de apoyo a la gestión para la promoción y difusión de noticias, proyectos, campañas, estrategias y actividades propias de la administración municipal a través de diferentes medios y canales de comunicación masiva”. Algo estrechamente relacionado con las labores de una Secretaría de Comunicaciones. La pregunta: ¿no es un monto bastante alto para difundir noticias y crear proyectos, campañas, estrategias y actividades de la administración? ¿Por qué el primer contrato se firmó también mediante contratación directa? ¿Qué ameritaba una contratación directa en ese caso?

El segundo contrato es para la “prestación de servicios para apoyar y acompañar a la secretaría de comunicaciones del municipio de Itagüí en la estructuración y divulgación de campañas y estrategias comunicativas institucionales y de medios, a través de canales de comunicación masiva, como medida para conjurar la calamidad pública declarada por medio del decreto no. 407 del 13 de marzo de 2020”. Este contrato se relaciona directa y expresamente con la Secretaría de Comunicaciones y tal vez se ha estado materializando en las Caravanas por la Vida, como el alcalde las ha denominado. Las preguntas: ¿por qué otro contrato con la misma empresa? ¿Por qué gastar dinero en conciertos móviles cuando la gente de las veredas claman ayudas? ¿Acaso la atención y divulgación de cuestiones del virus, no deben estar dentro del objeto del primer contrato, que es “proyectos, campañas, estrategias y actividades propias de la administración municipal”? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Comunicaciones, si todo lo hace Agencia i, Estrella y quién sabe quiénes más?

A raíz del contrato anterior, en repetidas ocasiones la administración de Escobar ha salido en caravana con el Tránsito Municipal, la Policía Nacional y una banda de funcionarios a recorrer diferentes barrios, junto con algunos artistas en tarima móvil, como los Cantores de Chipuco. No pienso cuestionar la legalidad o no de este último contrato, pero sí su notable impertinencia en tiempos en los que la austeridad debe primar.

Dicho sea de paso, llama la atención que durante todas estas caravanas es recurrente la presencia y la mención de diferentes concejales del Partido de Gobierno (Partido Conservador). ¿Por qué tienen que estar allí haciendo proselitismo político? ¿Qué tienen que hacer allí Daniel Restrepo Carmona (Ver foto 1/ver foto 2) y Alejandro Otálvaro Arenas (ver foto)? ¿Por qué tienen que agradecer en tarima al concejal Jorge Iván Restrepo? ¿Están aprovechando este momento para abonar el terreno electoral de otro candidato del Partido Conservador para las próximas elecciones?

Los municipios ricos como Itagüí tienen la maldición de que sus dirigentes no están en la lupa de nadie, y eso bien lo saben disfrutar.