José Antonio Bernal es un productor del norte del Cauca que me escribe pidiendo mi intervención “para que se respete la propiedad rural privada en el norte del Cauca”. Hago público su nombre porque, en su desesperación, dirigió similares solicitudes al ministro de Defensa, el director de la Policía y el presidente de Asocaña, entre otros.
¿Quién está agrediendo el derecho de José Antonio a la propiedad de la tierra?, ¿las disidencias de las Farc, el Epl, los pelusos?, todos ellos presentes en la región, todos narcotraficantes tras el control territorial para sus actividades delictivas.
Si así fuera, esta sería una denuncia fácil. Pero no son ellos los que presionan violentamente a José Antonio para que termine vendiendo su hacienda a menosprecio. Es la dirigencia indígena del Consejo Regional Indígena de Cauca, CRIC, y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
La cosa es más compleja, porque en este país lleno de estereotipos mediáticos, culturales y políticos, no se puede hablar mal de los indígenas. Ellos son pacíficos, no usan armas sino bastones; eran dueños de toda la tierra antes de que llegaran los conquistadores, sus “territorios ancestrales”, que todos los colombianos les han robado durante siglos, pero que les siguen perteneciendo.
Dentro de esa cosmovisión, legitiman su proceso de “liberación de la madre tierra”. En esas estaban, según el CRIC, los “comuneros” que, en octubre de 2017, recorrían la Hacienda Miraflores en Corinto, cuando el ejército, según ellos, les disparó sin fórmula de juicio.
¿Qué hacían en un predio privado, por fuera de los más de 80 resguardos del Cauca con más de 600.000 hectáreas? ¿En qué consiste la liberación de la tierra? José Antonio lo ha vivido. Desde hace años destruyen jarillones e inutilizan reservorios, y meten furtivamente cerca de cien reses robadas, para destruir plantaciones y lo que encuentren a su paso.
En julio de 2012, humillaron a 100 militares en el cerro Berlín, atacándolos con piedras y palos, y sacándolos arrastrados y a empellones. En septiembre de 2017, cerca de 100 “liberadores de la tierra” incendiaron cultivos y enfrentaron a la tropa con artefactos explosivos. En enero de 2018, en Corinto, la agredieron con insultos y le pusieron un cuchillo al cuello a un soldado, obligando a sus compañeros a dar tiros disuasivos y al retiro humillante. Ante cualquier inconformidad, la carretera Panamericana es bloqueada con actos violentos.
La Constitución de 1991 les garantizó muchos derechos, pero parece que ningún deber. José Antonio se pregunta si están eximidos de cumplir la ley fuera de sus resguardos; se pregunta quién los defenderá si no lo hace la fuerza pública. Por eso me pide intervenir ante el presidente Duque y sus ministros, para que alguien los proteja de la liberación de la madre tierra.
