La controversia suscitada en torno a la intención de ajustar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz reaviva un debate que Colombia debió afrontar hace tiempo. Se trata de una reflexión necesaria para determinar el verdadero costo de la JEP, evaluar sus resultados concretos y definir los límites del compromiso fiscal del Estado con una jurisdicción que, al igual que cualquier institución pública, está obligada a rendir cuentas.
La propuesta de trasladar $100.000 millones de su presupuesto hacia la justicia ordinaria ha provocado una reacción inmediata. Para 2027, la JEP solicitó $947.642 millones, mientras el proyecto presupuestal contempla $821.803 millones. Su presidente, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre una posible “asfixia económica” y diferentes sectores han presentado el ajuste como una amenaza contra la justicia transicional y los derechos de las víctimas. Pero reducir el presupuesto de una institución no significa necesariamente acabarla. Mucho menos debería considerarse sacrilegio preguntar cuánto cuesta, qué resultados ha producido y qué recursos necesita realmente para cumplir las funciones que constitucionalmente le corresponden.
La JEP no puede convertirse en una institución intocable. Una entidad financiada con recursos públicos tiene la obligación de demostrar permanentemente la relación entre el dinero recibido, las tareas desarrolladas y los resultados alcanzados. La justicia transicional no queda exenta de ese deber por haber surgido del imperfecto Acuerdo de La Habana. Tampoco adquiere inmunidad frente a la crítica porque sus defensores consideren que cuestionarla equivale a cuestionar la paz. Ese argumento ya está agotado.
Se puede defender la paz y exigir justicia. Se puede reconocer la obligación del Estado de cumplir los acuerdos y simultáneamente exigir eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Se puede respaldar los derechos de las víctimas y cuestionar la proporcionalidad de determinadas sanciones. Y, sobre todo, se puede exigir que quienes cometieron secuestros, homicidios, reclutamiento de menores y otros crímenes graves respondan efectivamente ante sus víctimas y ante Colombia. Ahí está la discusión verdaderamente importante. Durante años se construyó alrededor de la JEP una especie de blindaje discursivo en el que cuestionarla era atacar la paz; discutir sus decisiones era desconocer a las víctimas; revisar sus recursos era pretender destruir el Acuerdo.
No. La JEP no es la paz. Es una institución creada como parte de un sistema transicional para contribuir a ella. Precisamente porque recibió una responsabilidad histórica extraordinaria debe estar sometida a un escrutinio igualmente extraordinario. Y las preguntas son elementales. ¿Cuánto ha costado hasta ahora? ¿Qué resultados concretos ha entregado? ¿Cuántas de sus decisiones han significado reparación efectiva para las víctimas? ¿Qué porcentaje de sus recursos se destina directamente al cumplimiento de su misión y cuánto corresponde a funcionamiento? ¿Qué actividades resultarían realmente afectadas por una reducción presupuestal? ¿Cuánto necesita para terminar su mandato? ¿Cuándo y cómo debe terminarlo? Preguntar no es perseguir. Fiscalizar no es destruir. Exigir resultados no es atacar la paz.
Resulta imposible ignorar el malestar expresado por víctimas de las antiguas FARC frente a algunas decisiones de la jurisdicción y, particularmente, frente a sanciones que consideran insuficientes ante la gravedad de los crímenes padecidos. Ese reclamo merece ser escuchado. El centro moral de cualquier sistema de justicia transicional deberían ser las víctimas, no la tranquilidad de los victimarios ni la supervivencia burocrática de las instituciones creadas alrededor del proceso. El imperfecto Acuerdo de La Habana tomó una decisión excepcional que fue sustituir las penas propias del sistema penal ordinario por un esquema transicional que concede tratamientos diferenciados a quienes aporten verdad plena, reconozcan responsabilidad, reparen a las víctimas y cumplan las sanciones establecidas.
Precisamente porque los beneficios son extraordinarios, las obligaciones también deberían serlo. No basta con comparecer. No basta con pronunciar palabras cuidadosamente elaboradas. No basta con reconocer responsabilidades genéricas. No basta con invocar permanentemente el espíritu del Acuerdo. Colombia tiene derecho a exigir verdad exhaustiva, reconocimiento inequívoco, reparación efectiva y cumplimiento riguroso de las sanciones. Y cuando esas condiciones no se satisfacen, el país también tiene derecho a preguntarse si el modelo está cumpliendo aquello que prometió.
Hay una realidad difícil de ignorar. Mientras se debate si reducir recursos a la JEP constituye una amenaza para la paz, millones de ciudadanos padecen una justicia ordinaria congestionada. Procesos que tardan años, despachos desbordados y personas que descubren que obtener una decisión judicial puede convertirse en una carrera de resistencia. Frente a esa realidad, discutir la distribución de los recursos públicos no solamente es legítimo sino que es necesario. El presupuesto público no pertenece a las instituciones. Pertenece a los colombianos. Por eso trasladar recursos hacia la justicia ordinaria puede debatirse, modificarse o rechazarse en el Congreso. Lo que no debería hacerse es convertir cualquier intento de revisar el presupuesto de la JEP en una amenaza contra el orden constitucional o en una agresión automática contra la paz.
Juan Manuel Santos Calderón continúa defendiendo el modelo surgido del imperfecto Acuerdo de La Habana. Quienes lo respaldan recuerdan que permitió la dejación de armas de las FARC y creó mecanismos extraordinarios de verdad, justicia y reparación. Quienes lo cuestionan consideran que las concesiones fueron excesivas y que algunas sanciones resultan insuficientes frente a la gravedad de los delitos cometidos. Ese debate seguirá acompañando a Colombia durante mucho tiempo. Pero debería existir un punto de encuentro y es que ningún acuerdo puede convertir a las víctimas en actores secundarios de la justicia creada precisamente en su nombre.
Los antiguos integrantes de las FARC que se acogieron al sistema recibieron beneficios jurídicos extraordinarios. Algunos de sus dirigentes pudieron incluso pasar de la clandestinidad y las armas a ocupar espacios de representación política. Eso fue parte del precio institucional que Colombia decidió asumir para terminar el conflicto con esa organización. Pero beneficio no significa impunidad. Reconciliación no significa amnesia. Justicia restaurativa no puede significar justicia decorativa. Y paz jamás debería significar silencio. Por eso la controversia sobre los $100.000 millones puede terminar siendo saludable si obliga al país a formular la pregunta que durante demasiado tiempo algunos han preferido evitar, ¿Qué justicia recibió Colombia a cambio del enorme esfuerzo político, institucional y económico realizado desde el imperfecto Acuerdo de La Habana?
Que la JEP responda. Que muestre resultados. Que justifique cada peso. Que escuche a todas las víctimas, también a aquellas que cuestionan sus decisiones. Y que quienes cometieron los crímenes más graves entiendan que haber dejado las armas no borró lo que hicieron con ellas. Porque Colombia puede perdonar cuando exista verdad, reconocimiento y reparación. Lo que no tiene obligación de hacer es olvidar. Los acuerdos pueden cerrar una guerra, pero no pueden reescribir la historia.
La paz puede ofrecer una segunda oportunidad, pero jamás debería convertirse en una puerta trasera para escapar de la responsabilidad. Y si después de tantos años, tantos recursos y tantas concesiones todavía resulta incómodo exigir cuentas, entonces el problema no es que Colombia esté pidiendo mano firme y justicia. El inconveniente es que durante mucho tiempo algunos sectores ideológicos pretendieron que el colectivo ciudadano se conformara con poco y celebrara con las migajas que se tenían de ella.
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