Estamos muy cerca de elecciones presidenciales. He pensado de muchas maneras escribir una columna sobre los candidatos que encabezan las encuestas. Aunque todo parece indicar que uno de ellos será el próximo presidente de Colombia, ninguno merece una columna. Están inflados con humo. Cepeda dice que no va a debates. Y tiene razón, por fuera de su litigio con Uribe, carece de agenda. En la segunda pregunta exigirá un corto circuito. Y dirá que fue culpa del narco-paramilitarismo estructural. El tigre de bengala: tenor y mercachifle. Su candidatura es un capricho de niño rico que juega a dos bandos. Los bandidos que ahora critica a cambio de votos, son los mismos que su oficina jurídica defenderá a cambio de millones. Es la mayor contradicción de la temporada. ¿Y Paloma? Paloma mensajera. Maquinaria típica y unos votos más. Por fuera de las preferencias electorales, hay un tema que sí merece mi atención. Y me gustaría ampliar el debate porque creo que la democracia y la institucionalidad electoral lo ameritan: ¿es necesaria la segunda vuelta?
Primero en elecciones presidenciales, luego en Bogotá, y sucederá en los casos de municipios o distritos con más de un millón de habitantes que vayan a las urnas a elegir a su alcalde. Eso sí, hay una diferencia en los requisitos exigidos en las elecciones presidenciales y de las alcaldías. En uno y otro caso la pregunta es: ¿Para qué segunda vuelta? ¿Qué busca el constituyente con esta doble jornada electoral? ¿Es necesaria?
Le he pedido a colegas, expertos en el tema, a quienes admiro y aprovecho el momento para expresar mi sentida gratitud, que me ofrezcan los argumentos necesarios para hallar razón en la defensa de la segunda vuelta; y siento que puede resumirse su defensa en dos grandes puntos: (i) asegurar un respaldo significativo de votos al proceso electoral en favor del candidato vencedor, que revista de legitimidad el proceso. (ii) Asegurarle un margen amplio de gobernabilidad al vencedor. Dado que cumplir con los umbrales electorales requeridos[1], es harto complejo, se requiere llegar a la segunda vuelta con la sumatoria de alianzas y apoyos, forzados-necesarios-oportunistas, de las fuerzas políticas circundantes para sacar adelante una agenda de gobierno. Mi posición es esta: ese recoveco constitucional es innecesario y la reforma que la revoque tiene soporte en los principios constitucionales de economía, celeridad e igualdad, del artículo 209 Superior.
¿Segunda vuelta para que haya legitimidad al proceso electoral? Me gusta pensar en Max Weber para hablar de legitimidad. En Economía y sociedad, se explican los tres estadios que definen las razones por la cuales el gobernante es obedecido. Weber clasifica su hallazgo en tres causas, que además representan su evolución: (i) hay un legado histórico que allana su camino al poder, como ocurre en las monarquías -tradición-; (ii) el gobernante es un líder que agrupa en su persona el sentir de un pueblo, como ocurre en América latina -carisma- y, (iii) se accede al poder conforme a las reglas del juego democrático y electoral -racional-.
La legitimidad no alude solo al respaldo masivo que pueda reclamarse en la urnas sino a la transparencia del proceso electoral. Confundimos legitimidad con mayorías; y ello no debe ser así. La acepción weberiana de legitimidad separa a la persona de la institución. Y está bien recalcarlo, máxime en el contexto latinoamericano en el que gobierno y gobernante suelen hacerse inescindibles. Separar el cargo de la persona y hacer énfasis en la transparencia del proceso electoral debe ser más importante que aglutinar fuerzas alrededor del gobernante. Una segunda vuelta relativiza las fuerzas electorales. Parece un juego de ruleta. Un escenario electoral legítimo no debe dar margen para guardarse las cartas o esperar alianzas estratégicas. Un escenario electoral merece publicidad, planes de gobierno ciertos y sujetos a debate. Merece definir verdaderos grupos de poder. Considero que el voto, como conquista sublime de súbditos que se hicieron ciudadanos merece asegurar el valor que le corresponde tanto en la historia como en la jornada electoral. En aquellos espectros democráticos donde el voto es libre, quien no participe, deberá asumir las consecuencias de su ausencia en las urnas. La decisión está en manos no solo del pueblo como una categoría abstracta sino de quien hace uso de sus derechos. Los derechos deben ajustarse, recíprocamente, conforme a deberes. Ausentarse del deber de ir a las urnas no puede suspender el poder de decisión a quienes sí asistieron. Instalar umbrales en este escenario electoral erosiona la democracia misma. La legitimidad en elecciones territoriales no ha sido puesta en duda. La legitimidad del proceso se debe corresponder con la libertad de la que dispone cada quien para expresar su voluntad política en una única jornada electoral. La conquista del sufragio ya es válida, legítima y suficiente en sí misma. No reclama una segunda vuelta para validarse.
¿Segunda vuelta para que haya gobernabilidad? Argumentan mis colegas, defensores de la segunda vuelta, que el proceso asegura la gobernabilidad del vencedor. Para la segunda vuelta, todas las apuestas opacas y tibias tendrán que tomar partido. Agrupada la segunda vuelta en dos grandes fuerzas, es necesario que los demás contendores decidan como jugar sus cartas en favor de uno solo de los dos contendores que van a la ronda final. Este argumento amerita un reproche. La gobernabilidad no debemos buscarla en la figura personalista de los candidatos presidenciales quemados sino en el Congreso, erigido previamente. Ahí reposa la interlocución valedera que permite transitar las iniciativas a la Ley. El gobierno debe la gobernabilidad en diálogo con el legislativo; esencia de la República. Y esta perspectiva puede confirmarse en el espíritu que orientó el estatuto de oposición, pues asegura una curul en el Congreso a la fórmula presidencial que sigue en votos a los ganadores.
Mi apuesta es por un escenario electoral idéntico al que ocurre en elecciones territoriales de gobernadores y tantas alcaldías. Considero que la modificación de esta regla constitucional tiene asistencia en el desarrollo de varios principios constitucionales Abolir la segunda vuelta desarrolla el principio de economía. Lo que se destina en financiación de campañas, logística de la jornada electoral y reposición de votos supera los 12.000.000.000 de pesos. Desarrolla el principio de celeridad. Desde el anuncio que haga la Registraduría al final de la jornada electoral, habrá presidente electo (tres semanas adicionales de ventaja en el empalme). El escrutinio será clave solo para precisar topes de reposición. Desarrolla el principio de igualdad. Jornada electoral conforme las mismas reglas que operan en elecciones territoriales.
Si no gana el voto en blanco, será presidente, gobernador o alcalde electo el candidato que haya obtenido la votación más alta. Y listo. Así debe ser. Sin segunda oportunidad para los abstencionistas o medias tintas. La jornada electoral, en una sola ronda, debe ser respetada y debe hacerse respetar.
[1] En elecciones presidenciales será vencedor en primera vuelta el candidato que tenga una votación igual o superior a la mitad más uno del total de votos válidos. En elecciones a alcaldía será vencedor quien obtenga una votación igual o superior al 40% del total de votos válidos y una diferencia de diez puntos porcentuales con su inmediato seguidor.
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