Recientemente se ha hablado mucho acerca de líderes sociales y comunitarios. Infortunadamente, esto no se ha dado a razón de los roles que estos ejercen en sus territorios sino por los asesinatos sistemáticos en contra de los mismos que desde hace dos años se vienen dando en Colombia. Según el Centro Nacional de Consultoría y el CODHES, desde enero de 2016 a junio de 2018 han asesinado a 311 personas por liderar iniciativas sociales en las periferias del país. El 45% de los líderes asesinados eran comunitarios. Un caso reciente es el de José Fernando Oquendo Jaramillo, quien era miembro de una junta de acción comunal en la vereda El Torrente del municipio de Ituango, Antioquia. Su homicidio ocurrió el pasado 6 de julio. Respecto a esta grave situación de vulneración de derechos humanos, resulta fundamental destacar la importancia de los liderazgos comunitarios en la respuesta a demandas ciudadanas y en tiempos de construcción de paz territorial.
El Estado colombiano históricamente se ha caracterizado por tener –en palabras de Fernán González- una presencia diferenciada en los territorios, aspecto influido por nuestra dificultosa geografía nacional y que conlleva a la debilidad de las instituciones políticas en los órdenes intermedio y local. Esto, en el marco del conflicto armado también se evidencia en el dominio de actores ilegales sobre la población civil en zonas apartadas de Colombia. Como existe un Estado que no se manifiesta en las regiones alejadas del centro y que por consiguiente no responde a las problemáticas públicas que afectan a las comunidades vulnerables, son las organizaciones comunitarias y las juntas de acción comunal las que en muchas ocasiones terminan por asumir las responsabilidades que escapan del radio de acción de las entidades estatales.
Víctor Barrera del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia, menciona el ejemplo del municipio de La Macarena, Meta, donde las juntas de acción comunal constituidas en 131 de sus 189 veredas han logrado asignar derechos de propiedad sobre la tierra, recaudar fondos para la construcción de vías terciarias y la formalización de mecanismos pacíficos de solución de conflictos. Todo esto gracias al liderazgo comunitario y a las organizaciones de base. Lo anterior, surgió como respuesta a las precarias condiciones institucionales del gobierno territorial, y además agrega Barrera que en muchas áreas rurales perciben exclusión por parte de los tomadores de decisión en el casco urbano (administración y concejo municipales). Un ejemplo distinto al de La Macarena es el corregimiento de Palmor en la Sierra Nevada de Santa Marta, que estando bajo la jurisdicción de Ciénaga, ha logrado –en parte- salir adelante gracias al trabajo comunitario de los líderes asentados en la zona.
Es a partir de lo anteriormente expuesto que se hace necesario resaltar la labor de los líderes comunitarios del país e instar a las administraciones y las dirigencias políticas locales a que fortalezcan los lazos de cooperación con estos actores de la sociedad civil en vez de capturarlos e instrumentalizarlos para fines electorales. El liderazgo comunitario le permitirá al Estado –siguiendo al CINEP- construirse “de abajo hacia arriba”, y será esa la máxima expresión de construcción de paz territorial.
[…] que la componen ha sido uno de los obstáculos al momento de construir Estado-Nación (léase La importancia del liderazgo comunitario), cuestión que es evidente en la planificación de proyectos y diseño de políticas públicas, a […]