“La educación no debe ser un negocio, ni político, ni privado”
En los próximos días se define de manera concreta si el Congreso de la República, aprueba en su totalidad el proyecto de ley 274 de 2024 – 224 de 2023, por medio de la cual se establece la educación como un derecho fundamental, cuya iniciativa termina de ser clave para el gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que fue una de sus propuestas en campaña presidencial, sumado a una necesidad que debe tener una solución ante la precariedad del sistema educativo desde hace décadas y el fundamento jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional, resulta imperioso su implementación, sin embargo, sin tener claro el presupuesto para su entrada en vigor ¿Resultaría inconstitucional para su aprobación?.
Teniendo en cuenta que, al tratarse de una ley estatutaria, debe aprobarse antes del 20 de junio, cuyo proyecto ha tenido objeciones, adicionalmente, algunos expertos advierten que su trámite sería inconstitucional ante la ausencia de la evaluación del impacto fiscal por el Ministerio de Hacienda, para garantizar la cobertura de los niños, niñas y adolescentes en su calidad educativa.
La polarización pone en riesgo un proyecto que beneficiaría a todo un país, especialmente para garantizar una cobertura para la niñez y universitarios, no obstante, el compromiso político ha estado abierto a otras alternativas, sin menoscabar que sería crucial para Colombia tener una educación de calidad para mejorar en aspectos sustanciales, como por ejemplo la paz, convivencia entre las personas y el aporte en los territorios con mayor desigualdad social.
La ley estatutaria de educación ayudaría de manera clara, concreta a todo un país, un acuerdo nacional encaminado para la paz estable y duradera, fortaleciendo la educación rural y reconociendo a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional, acogiendo a personas desplazadas, víctimas del conflicto armado, discapacitados y privadas de la libertad.
La aprobación del proyecto de ley representaría un cambio histórico para Colombia, enfocando su estándar en el respeto de los derechos humanos, acoplando ítems internacionales para mejorar la dignidad de cada habitante en el territorio nacional, una enmienda con el fin de cumplir el mandato de la Constitución Política de Colombia, dejando atrás una eventual constituyente.
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