“pareciera que en Colombia aún estuviera vigente aquel decreto de guerra a muerte que declaró Simón Bolívar aquel 15 de junio de 1813”
El viernes 9 de marzo de 1990 el gobierno de Virgilio Barco firmó un pacto de paz con el grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19), fue el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina. Colombia estaba atravesando la última etapa de un periodo de violencia provocada por la guerra entre los carteles del narcotráfico y el estado, una guerra que provocó más de 20.000 muertes, pero que poco tiempo después se iría debilitando con la caída y captura de los capos de los carteles del narcotráfico. El pacto firmado entre el gobierno y el M-19 dio como resultado la derogación de la constitución política que regía a Colombia desde aquel 5 de agosto de 1886, para reemplazarla por la constitución de 1991, con la idea de hacer de Colombia un país más democrático.
Esa carta magna fue promulgada el 4 de julio de 1991 durante el gobierno del presidente César Gaviria, y se sentía en el ambiente nacional una sensación de paz y progreso para el país. Mas sin embargo en la última década del siglo XX la violencia en Colombia se recrudeció llegando a limites que podrían igualar o superar la magnitud de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores en los años cincuenta. Las convivir que en 1994 fueron creadas por el presidente César Gaviria, junto con su ministro de defensa Rafael Pardo, mediante el decreto ley 356 de 1994, el cual dicto las condiciones para regular nuevos “servicios especiales de seguridad privada” en forma remunerada, que operarían en zonas de combate, donde el orden público no fuera controlado, beneficiando especialmente a los grandes hacendados, ganaderos y terratenientes que se veían amenazados por la presencia, los abusos y las extorciones de los grupos guerrilleros que el estado no era capaz de controlar. Las convivir fueron reglamentadas por el presidente Ernesto Samper, y fueron defendidas y abanderadas desde 1995 por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. El 27 de abril de 1995, una resolución de la superintendencia de vigilancia y seguridad decidió que estas instituciones se llamarían convivir. Sus miembros podrían llevar armas y equipos de comunicación que hasta el momento solo usaban las fuerzas militares. Pero en 1997, la corte constitucional estableció que solamente podrían usar armas de uso civil, lo que no fue de mucho agrado para los integrantes de estos grupos. Por esta decisión que limitaba sus objetivos de combatir en igualdad de condiciones a los grupos guerrilleros, buena parte de quienes las dirigían, terminaron como comandantes de las autodefensas unidas de Colombia.
De esta forma las autodefensas unidas de Colombia, el paramilitarismo propiamente, fue tomándose el control a sangre y fuego de gran parte del territorio nacional, haciendo presencia en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, magdalena, Nariño, Santander, sucre, Tolima, valle del cauca, cauca, chocó, meta, Casanare, norte de Santander, la ciudad de Bogotá y la frontera con Venezuela. Su ideología ultraderechista tenía como objetivos combatir a los grupos guerrilleros, grupos políticos de izquierda, periodistas, sindicalistas, y opositores al gobierno y a los intereses de grandes grupos económicos. Pero sin duda alguna, sus acciones criminales de rebelión, terrorismo, secuestro, homicidio, extorsión, masacres, robo de tierra, desaparición y desplazamiento forzado, uso de armas no permitidas, reclutamiento de menores y su forma de financiación: el narcotráfico, causaron un desangre y un terror que sacrifico a gran parte del pueblo colombiano.
Fue el paramilitarismo, el que, a sangre y fuego, impidió que se cumpliera y se pusiera en práctica la constitución política de 1991. Fue el paramilitarismo el que impidió que en Colombia se instaurara una democracia. Fue el que impidió la democratización de las tierras para que los campesinos las cultivaran. Fue el paramilitarismo el que elimino a una parte grande de la sociedad que pidió a gritos una democracia para Colombia, fue el paramilitarismo el que se encargó de la mano de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a modificar a su gusto y a pisotear aquel acuerdo sobre lo fundamental que iba a hacer de Colombia, una verdadera democracia, y un país en paz.
Hoy, a cuatro años de que el gobierno colombiano firmara por segunda vez exitosamente, un acuerdo de paz, entre una guerrilla y el estado colombiano, se repite la historia: según el informe trimestral del consejo de seguridad de la ONU en Colombia, estableció que, desde la firma del acuerdo de paz, se han registrado 297 ataques contra excombatientes de las farc, entre ellos 224 homicidios, 53 atentados y 20 desapariciones. Durante lo corrido del 2020, a pesar de la pandemia del covid-19, se han registrado 42 masacres, y otros 13 casos están siendo verificados. Tan solo este año, 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, entre ellos 9 indígenas y 5 mujeres. varias de las áreas donde ocurrieron estos crímenes fueron objeto de alertas tempranas por parte de la defensoría del pueblo, pero es claro, que estamos en las manos de un gobierno cómplice que se niega a cumplir lo pactado en la Habana, al igual que se niega a poner en práctica el cumplimiento de la constitución de 1991.
Pareciera que en Colombia aún estuviera vigente aquel decreto de guerra a muerte que declaró Simón Bolívar aquel 15 de junio de 1813. Colombia hoy repite la historia violenta que ha venido repitiendo hace más de dos siglos, hoy se nos niega nuevamente la posibilidad de construir una sociedad en paz, esta horrible noche parece que no va a cesar.
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