Si algo me avergüenza de la historia reciente de Colombia, es el papel de garantes que desempeñaron Cuba y Venezuela en los diálogos de paz del Gobierno Santos con las FARC.
Un hecho histórico, no por el Nobel de Paz en el que desencadenó dicho proceso y que para mí perdió toda credibilidad, sino por el mensaje y repercusiones que para las juventudes colombianas y latinoamericanas conllevó normalizar el socialismo y el narcotráfico como motor de éste.
Recuerdo que me pregunté qué sentirían ante esa decisión los millones de migrantes de esos dos países que prefirieron perderlo todo y huir a continuar viviendo en el infierno de la represión y la extinción de las libertades individuales. Me cuestioné qué sentirían los jóvenes cubanos y venezolanos que hoy, incluso, todavía sufren los estragos de esas dictaduras; muchos de ellos torturados, con hambre y sin el derecho a elegir qué leer o qué estudiar con libertad.
Jamás comprenderé como algunos colombianos apoyaron un proceso de paz auspiciado por la dictadura cubana y el narco Estado venezolano. Los cimientos para construir una verdadera paz, con justicia, reparación y no repetición, por supuesto, deben ser la democracia y la libertad en su mayor expresión, sin dubitativos, sin debilidades. Prueba de ello es la herencia que ese Proceso de Paz nos ha dejado.
Cuando Santos llegó al poder recibió de manos del Gobierno del Expresidente Uribe, un país con menos de 50.000 hectáreas de cultivos de coca. A medidos de 2018, finalizando sus dos periodos presidenciales, durante los cuales se negoció y firmó la paz con las FARC, la Oficina para la Política Antidrogas de la Casa Blanca reportó una cifra récord de 209.000 hectáreas de coca.
Hace poco conocimos que durante el último año las disidencias de las FARC, duplicaron sus miembros armados; otra herencia que resalto, así como la impunidad reinante en la JEP, las curules regaladas a las FARC o el reciente anuncio de los Estados Unidos de una recompensa de 10 millones de dólares por los ex cabecillas de las FARC Jesús Santrich, quien alcanzó a posesionarse en el Congreso de la República e Iván Márquez, ambos jefes del grupo que se hace llamar “Segunda Marquetalia”, que según informan tiene como sede de operaciones al territorio venezolano.
Sin embargo y como inicié esta columna, el peor legado que pienso dejó el Proceso de Paz con las FARC y la escogencia que el Gobierno Santos hizo de Cuba y Venezuela como países garantes fue la normalización del socialismo castrista a los ojos de las nuevas generaciones. Un socialismo que se benefició de su papel de garante para progresar en sus ansias de toma del poder en Latino América y que como ha quedado demostrado con la herencia del proceso de paz, beneficia con impunidad a delincuentes, con un nefasto mensaje de que el crimen es premiado.
Somos los jóvenes los llamados a luchar y oponernos a esa miserable tergiversación de las dictaduras; los jóvenes que defendemos la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. La complicidad con esos socialismos fracasados es la complicidad con la extinción de esos mismos derechos que defendemos y cuya conquista es tal vez el más importante tesoro que tenemos los ciudadanos de los tiempos modernos.
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