“Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estar pasándose al bando de los criminales”.
Álvaro Gómez Hurtado (1919 – 1985)
La justicia en Colombia sigue siendo una alucinación, sólo castiga a los de a pie, culpables o no, mientras criminales de alcurnia tienen comprada la impunidad. Existe una relación directa de proporcionalidad entre delincuencia e inoperancia de la justicia, a mayor gravedad del delito mayor impunidad; cuanto más sea el monto de una defraudación más improbable es la sanción, y nula recuperación de los caudales. En el caso del homicidio opera igual, quien mate a un parroquiano es susceptible de ser juzgado, si mata por docenas o centenas, la justicia se inclina ante él. Estas premisas macondianas se constatan en los crímenes masivos en la llamada “Escombrera”, comuna trece de Medellín.
Allá se dio la mayor operación contrainsurgente urbana, donde el Estado obró en concubinato con paramilitares, se dice que se llamó Orión como cortesía al pandillero del mismo nombre que proyectó combinar fuerzas legales con ilegales, para superar el empantanamiento de la oficialidad, incapaz de derrotar a milicianos parapetados en las lomas. También fue contra la sociedad civil, prescindiendo del Principio de Distinción, entre combatientes y civiles, donde la mayor violencia se dirigió contra la ciudadanía. Igualmente, el gobierno de Álvaro Uribe, violó el Código Penal en el operativo, y no por error: recurrió a cuadrillas paramilitares, a la matanza de civiles, al ametrallamiento indiscriminado de barrios, a los allanamientos sin orden, a la detención arbitraria, a la tortura, a la desaparición forzada, al descuartizamiento de detenidos… para, finalmente, dejar a las pandillas paraestatales el control sobre la comunidad, con apoyo de las “fuerzas del orden”. De tal repertorio surge La Escombrera como la fosa común más grande de Colombia.
Obra de los mismos realizadores de los “falsos positivos”; de los hornos crematorios clandestinos en la frontera con Venezuela; de quienes alimentaban con humanos, vivos o muertos, a caimanes; de ciudadanos picados y empacados como chorizos, que fueron distribuidos en tiendas de Medellín. Para nombrar formas de disponer cadáveres, porque en cuanto a asesinar el repertorio de técnicas asquerosas es extenso, hasta devenir la motosierra (para desmembrar gente viva) en símbolo.
El propósito es combatir la insurgencia por “métodos indirectos”, como recomendaba Richard Nixon en “Un camino a la paz”; si la consigna que guiaba el actuar de las guerrillas era la de Ho Chi Min, de moverse entre las masas como el pez en el agua, se trataba de “quitarle el agua al pez”, en términos de la ultraderecha colombiana. Ese es su sentido, sin lastimerías de huerfanitos, ni heroísmos terratenientes: argucias para romantizar el paramilitarismo. El proyecto está diseñado para exterminar al campesinado colombiano e importar alimentos, de ser necesario. En lo urbano, igual puede recurrirse al genocidio (“Si usted no sirve para matar, sirve para que lo maten”) para obtener el control de un territorio: importa la tierra, estorba la gente.
Fueron diferentes los sicarios, pero son los mismos determinadores. Siguen en impunidad, no sólo eludiendo la justicia, sino nombrando jueces, magistrados, fiscales, dictando los códigos penales… El país de la infamia.
Los impulsores del proyecto paramilitar travestidos de “estadistas” tomaron el gobierno, el control del narcotráfico, y de todas las actividades ilegales, incluida la corrupción administrativa: miles de millones de pesos de la salud terminaron siendo botín de paras; el paramilitarismo es un aparato que ha despojado más de ocho millones de hectáreas. También es un mecanismo productor de votos. El principio del Derecho Romano de buscar al beneficiario (cui bono) puede nombrar a los determinadores de esa cruzada de terror, al mirar en manos de quién están las tierras robadas: Políticos de extrema derecha, ganaderos (¿redundancia?), y hasta grupos empresariales.
Recurrir a la desaparición forzada disminuye las estadísticas de homicidios, difiere el conocimiento de los crímenes, mientras se despliega un aparataje de negación que articula la institucionalidad, los medios de comunicación (monopolizados por consorcios económicos), con la misma administración de justicia. Veintidós años después de los crímenes de Orión, esa misma coalición se obstina en negar hechos confirmados hasta por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Porque, a la par de la maquinaria asesina, se despliega la campaña de impunidad que arranca con los gobiernos municipales de Sergio Fajardo y su monaguillo Alonso Salazar, coautores de la “Donbernabilidad”, que autorizan cubrir con escombros las evidencias del genocidio, seguidos por Aníbal Gaviria, y alias Fico. Ello desmiente la existencia del centro político en Colombia: es la misma derecha criminal vestida de bluyines.
Por esa combinación mafiosa, política, institucional, y empresarial, el fenómeno paramilitar es de difícil erradicación. Requiere de un concurso de fuerzas, que acaso no estén todas en la República, ya cooptada por tal poder mafioso que ha tenido en su nómina al fiscal general, a la Procuraduría, a entes de control, a jueces y a magistrados. Existen magistrados que emiten sentencias de dudosa juridicidad atornillados en las cortes. Al presente, sólo un tribunal internacional podría juzgar a poderes atrincherados en entes gubernamentales, varios alcaldes; los medios de comunicación del GEA, y del Grupo Santodomingo; y hasta en las altas cortes.
En La Escombrera de Medellín quedaron sepultados la separación de poderes, el Derecho, y los valores democráticos. La Constitución de la República de Colombia fue sustituida por un plan de asalto. También señala el lugar que tiene el Estado para la ciudadanía colombiana, el del escombro, cascotes, desecho. No es otra cosa la colombianidad para la extrema derecha.
Sólo ha habido una potencia capaz de confrontar la criminalidad mafiosa y el terrorismo de Estado: La fuerza del amor, que transforma la debilidad en brío: las Mujeres Caminantes por la Verdad, bajo el lema “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”, hoy hacen que la tierra hable (24 de ellas murieron sin vislumbrar los resultados que hoy emergen), y ponen al expresidente Uribe a la defensiva. Es la tenacidad de los familiares de los desaparecidos, tal como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, la que procura restaurar la verdad y la justicia en la comuna Trece de Medellín. También fue necesario que se creara un tribunal de justicia transicional, la JEP, para que hubiese los resultados que durante décadas un poder judicial servil a los victimarios denegó a las víctimas.
“El amor es el mejor guía en el laberinto de la vida”.
Germán Rojas Niño (7 de marzo de 1945 – 18 de enero de 2011). In memoriam.
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