El Proyecto de Ley 022 de 2023, presentado como una reforma educativa, es en realidad una amenaza a la autonomía de las instituciones educativas en Colombia, evidenciando un preocupante afán por centralizar el poder estatal en la educación.
La izquierda que prometió justicia,
hoy se ahoga en la corrupción que juró erradicar
Inició la legislatura y con ella emerge el Proyecto de Ley 022 de 2023, cuya bandera es la promoción del acceso y la calidad en la educación colombiana en todos sus niveles. Presentado por el senador Julio Alberto Elías Vidal, este proyecto se envuelve en la estética de la reforma y la equidad, prometiendo transformar la educación pública y privada. Sin embargo, saliéndonos de esa estética progresista y profundizando en el proyecto, se evidencian intereses maquiavélicos: una estructura legal que, lejos de sus promesas altruistas, perfila una estrategia de control gubernamental que amenaza con desmantelar la autonomía de las instituciones educativas y encadenarlas a la voluntad de un Estado cada vez más omnipresente.
Julio Alberto Elías Vidal, un nombre que resuena con ecos de controversia y corrupción, no solo por su vinculación familiar con el notorio Bernardo ‘Ñoño’ Elías, sino por su propio ascenso político sombreado por el espectro de la manipulación y el clientelismo. Este análisis no solo enfrenta la posible estatización disfrazada detrás de este proyecto de ley, sino que expone la hipocresía de una izquierda que, mientras vocifera contra la corrupción en plazas públicas, en los recintos cerrados del Congreso se abraza con aquellos que ha denunciado. Hoy demuestran que denunciaban la corrupción, pero salieron igual o más corruptos, lo que antes atacaban hoy lo defienden, en este gobierno se teje una red de contradicciones y doble moral que esta columna texto busca descifrar y denunciar.
Artículos 1 y 2: La Camisa de Fuerza Financiera
Estos artículos pretenden vestirse con el ropaje de la equidad y la justicia social en la educación. Sin embargo, al descender a los detalles, lo que realmente proponen es una restricción draconiana de las remuneraciones y de la autonomía en la gestión de tarifas por parte de las instituciones educativas privadas. Este intento de estandarización forzada, bajo el disfraz de equidad, no es más que un atentado a la libertad de las instituciones de autogobernarse. El establecimiento de un techo a las remuneraciones del personal directivo y administrativo es una intromisión estatal que pretende homogeneizar la educación, eliminando incentivos para atraer talento de calidad y socavando la diversidad y competitividad que caracterizan a un sistema educativo saludable. Este enfoque regresivo es cercano a políticas totalitarias, donde el Estado se convierte en el árbitro omnipotente de la economía educativa, es un ataque al libre mercado.
Artículo 3: El Yugo de la Centralización
El artículo 3 profundiza la tendencia autoritaria del proyecto al prohibir cualquier incremento en las tarifas de matrícula que exceda el índice de inflación, a menos que se cuente con una autorización estatal previa. Esta medida, aunque envuelta en la retórica de protección al consumidor, es otro golpe a la autonomía universitaria, relegando las universidades a meros operadores de políticas gubernamentales y dependientes de la benevolencia de burócratas para su operación financiera. Los mismos que hoy tienen salarios desproporcionales y exagerados, se negaron a bajarlos y ahora quieren regular los de la educación privada, ¡el mundo al revés!
Este nivel de control estatal es un retroceso en términos de libertad académica y pone en jaque la calidad educativa, al sujetar la innovación y la mejora continua a la aprobación de un aparato estatal lento y burocrático.
Artículos 4 y 5: La Fiscalización Absoluta
Finalmente, los artículos 4 y 5 establecen un régimen de fiscalización y penalización que podría interpretarse como un intento de subyugar completamente las finanzas educativas al control gubernamental. Al prohibir recargos por pagos tardíos de matrículas y al imponer sanciones a las instituciones que no acaten la nueva normativa, el gobierno se posiciona como un ente supervisor omnipresente y punitivo. Lejos de fomentar la equidad, estas medidas podrían estrangular financieramente a las instituciones educativas, especialmente a las pequeñas y medianas, que dependen de su flexibilidad administrativa para sobrevivir. Este enfoque autoritario no solo es preocupante por su potencial para centralizar aún más el control del Estado en la educación, sino por la señal que envía a la sociedad: la subordinación completa del sector educativo a la política gubernamental es ahora la norma, no la excepción.
Estas políticas, promovidas por figuras como Julio Alberto Elías Vidal, cuyos vínculos de su familia con la corrupción son bien conocidos, revelan no un desprecio por la autonomía y la libertad académica, pero, además, un afán desmedido por parte del gobierno actual por controlar y estatizar funciones vitales de la sociedad, siguiendo un patrón de intervencionismo que amenaza con desmantelar las bases mismas de la libertad educativa en Colombia.
Pero ¿quién es el ponente del proyecto?
En el epicentro de este proyecto legislativo sobre educación se encuentra Julio Alberto Elías Vidal, un personaje que encarna la contradicción palpable entre el discurso del Pacto Histórico y las maniobras políticas en la práctica. Hermano de Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, notorio por su condena en el caso Odebrecht, Julio Alberto no solo sigue la estela de una herencia política manchada por la corrupción, sino que revela cómo la izquierda colombiana, tradicionalmente paladín contra la corrupción, se acomoda con figuras impregnadas de escándalos para avanzar en su agenda. ¡El problema no era lo que se hacía antes, era que no lo hacían ellos!.
Esta izquierda, que en campañas pasadas atacaba sin piedad a políticos como Armando Benedetti, hoy lo defiende a ultranza. Defendían a Olmedo López y ahora lo atacan sin Piedad; vilipendiaban a Roy Barreras, y actualmente es uno de sus aliados claves. En este juego de voltear la chaqueta que define la política colombiana, la figura de Julio Alberto Elías Vidal no es una excepción sino una confirmación de una norma: la de pactar con aquellos que una vez fueron objeto de su repudio, recordemos la campaña de desprestigio en su contra, cuando todos mendigaban votos con mentiras y populismo.
Esta capacidad camaleónica para abrazar a quienes antes eran adversarios evidencia un pragmatismo político de la más baja calaña y una alarmante falta de principios. Es dentro de este contexto de manipulación y oportunismo donde se debe analizar el Proyecto de Ley 022 de 2023. Promovido por alguien que se estrena en el Senado no por un legado de logros personales o por un respaldo popular contundente, sino por una sucesión de circunstancias y reemplazos que lo favorecieron, se posesionó en octubre de 2022 gracias a una renuncia milagrosa; y a otrora en la Cámara, heredó la curul de su corrupto hermano. Este proyecto debe ser examinado por sus méritos legales y por el linaje de su liderazgo.
El senador Elías, al alinearse con la actual administración, muestra que la izquierda puede flexibilizar sorprendentemente sus estándares éticos cuando se trata de consolidar su poder. Promueve proyectos que pretenden reformar la educación, pero ¿pueden los ciudadanos confiar en la integridad de estas reformas cuando son dirigidas por quienes tienen un pasado sombreado por prácticas corruptas? Este es el dilema que los colombianos deben considerar: si la verdadera reforma es posible a manos de quienes históricamente han demostrado valores y éticas tan maleables; o mejor aún, a manos de quienes, con salarios exagerados, buscan prohibir lo mismo en las universidades privadas.
Ante este panorama de manipulación y doble moral, ¿hasta cuándo los ciudadanos permitirán que sus instituciones educativas se conviertan en rines de un juego político? ¿Seremos testigos pasivos de la erosión de nuestra autonomía y libertad académica, o nos levantaremos en defensa de un sistema educativo que fomente la diversidad de pensamiento y la innovación independiente? La hora de actuar es ahora: cuestionar y exigir transparencia y coherencia a nuestros legisladores.
Que la discusión y el debate sean nuestras herramientas para forjar un futuro donde la educación sea verdaderamente por y para el pueblo, no un mero instrumento en manos de quienes buscan perpetuar sus propios poderes.
¡Hasta que la hipocresía se hizo costumbre!
Fuente: Proyecto de Ley 022 de 2023
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