Contrario a lo que podría pensarse, el tráfico ilegal de droga y la drogadicción han aumentado en estos tiempos de pandemia. Ni las cuarentenas, ni el cierre de aeropuertos y de terminales de transporte han sido impedimento para quienes negocian con la vida y la salud pública en el mundo.
Este momento atípico de la humanidad ha afectado la salud mental de muchas personas, y ni que decir de quienes han padecido problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en su informe anual, se prevé un aumento en el consumo y tráfico ilegal, en la pospandemia, lo que requiere acciones rápidas y oportunas por parte de los gobiernos, la familia y la sociedad en general.
Gran parte de la cotidianidad, en los distintos territorios de las ciudades colombianas, está atravesada por el microtráfico, una actividad ilegal que por lo demás, y no menos importante, utiliza niños, niñas y adolescente para el expendio, distribución y consumo de sustancias ilegales.
Esta problemática, que se comporta como un monstruo de siete cabezas, se traduce en violencia intrafamiliar, exclusión social, deserción escolar, e inseguridad ciudadana.
Y por supuesto, trunca sueños, metas, y el futuro de nuestra niñez y nuestra juventud, porque los expone a la delincuencia, los introduce en la ilegalidad, los hace presa fácil para cooptarlos en las bandas delincuenciales y los induce al consumo de drogas.
No siendo poco, el aumento del desempleo, por causa del COVID-19 y la falta de oportunidades, pondrá en mayor riesgo a los más pobres y desfavorecidos; e incluso se presagia el crecimiento de la pobreza, lo que traerá consigo trastornos emocionales y mentales, y hábitos nocivos de consumo de sustancias psicoactivas para muchas otras personas.
Pese a que no existen evidencias definitivas que faciliten identificar los efectos de la pandemia en los consumidores de droga, es claro que quienes se encontraban en procesos de recuperación y rehabilitación podrán experimentar retrocesos en sus tratamientos.
Nos corresponde como sociedad adoptar una mirada social distinta, que incluya la prevención, al igual que ofrezca otras alternativas para mejorar la calidad de vida de esta población, a través de la creación y el fortalecimiento de redes sostenibles en el tiempo, programas de rehabilitación, inserción social, laboral y familiar.
Es momento de avanzar en estrategias que propicien la reducción del daño, de hacer de los servicios de drogas, servicios esenciales para estas poblaciones, tal como se hace en los países del primer mundo.
Esta es una tarea que requiere la voluntad política del Estado. En el 2020 lideré la aprobación de la política pública de Salud Mental y Drogadicción, en el Concejo de Medellín, es momento de actuar y aplicar medidas de impacto como las propuestas.
Así como hay múltiples impactos, también se requiere abordar esta problemática desde una óptica diferenciadora, territorial, de curso de vida y de género, tanto en las comunidades terapéuticas, programas de atención y centros de acogida, como en general en la atención a la población consumidora de drogas.
La mirada que hoy tenemos sobre el consumo de sustancias psicoactivas solo favorece el microtráfico, y el narcotráfico. Por el contrario evidencia una escasa e inadecuada atención a una problemática que daña la salud emocional y física de millones de personas; y que por supuesto destruye familias enteras.
La exclusión no es la solución, la solución está en enfrentar la problemática y atenderla sin miramientos moralistas, pero sí respetuosos de los derechos y la dignidad humana.
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