Ni Duque está desconectado con la ciudadanía ni su gobierno está en crisis. Lo que está pasando es aún más profundo.
La vigilancia tecnológica bien hecha tiene como resultado una verdad evidente: las bases de la sociedad están cambiando de manera irreversible. La familia, el trabajo y el estado indefectiblemente se están modificando de forma, modos y estructura.
No son coincidencia los levantamientos populares en el resto de América Latina, en Asia, en EEUU, y en Europa al mismo tiempo. Lo que está en crisis no es un gobierno, es la forma de relacionamiento entre la ciudadanía y el «estado».
Sin rodeos: lo que está en crisis es la democracia representativa.
Ya no es sostenible el diseño actual de estado corporativo donde los políticos y sus elecciones dan la apariencia de democracia para encubrir los intereses económicos particulares con que gobiernan grupos de poder específicos. La proliferación de medios de comunicación ha democratizado la opinión, horizontalizado «la (post) verdad», y han hecho imposible la monopolización de la manipulación de masas a través de medios masivos centralizados con sus periodistas a contrato.
En general, los indignados quieren cambiar al mayordomo de la finca por solo hacerle caso a los dueños de la finca. En este escenario las masas le echan la culpa de los males del estado nacional a una sola persona que no la tiene. Lo anterior desgasta infructuosamente a ambos: los gobiernos de turno y los indignados.
Hoy las personas quieren participar directamente de las decisiones. Es decir no solo opinar o votar para que luego no les cumplan, sino decidir directamente.
La democratización de las comunicaciones, la facilidad para comunicarse, la rapidez para establecer redes de opinión y la apertura y proliferación de plataformas de acción política exigen un nuevo diseño institucional de la participación que esté a la altura de las circunstancias.
El primer paso para salir de la crisis es reconocer el desgaste de la democracia representativa y el fortalecimiento de la democracia participativa. El segundo paso es establecer mecanismos digitales alimentados con canales análogos por los cuales las masas puedan redirigir su energía y sus demandas legítimas dentro de lógicas institucionales.
La reconfiguración de las formas democráticas más que un nuevo pacto social por escrito exige un nuevo diseño de la decisión participativa respecto a decisiones prácticas. El problema se soluciona de fondo si las masas directas también tienen un espacio decisorio dentro del poder.
Lo anterior abre camino a una nueva ciudadanía digital que quiere no solo elegir al mayordomo de la finca, sino dirigir directamente al «gobernante» respecto a ciertas acciones específicas so pena de exigir cambiarlo si no cumple con sus exigencias.
La democracia directa no es garantía de racionalidad y pertinencia. El Brexit y la consulta anticorrupción son sólo dos ejemplos. Por eso en el mediano plazo la discusión debe girar en torno a cuáles decisiones se siguen tomando con los mecanismos tradicionales, cuáles a partir de nuevos mecanismos digitales de democracia directa, y cuáles a partir de algoritmos decisionales descentralizados.