La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirar la visa a los magistrados Antonio Lizarazo y Diana Fajardo de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño de la Corte Suprema, trajo a colación la inquietud por injerencia del país del norte en las decisiones de las altas cortes, sobre eso se ha opinado e informado hasta la saciedad, pero no podemos dejar de lado que este episodio también llama la atención sobre la independencia y eficiencia en el trabajo de nuestras Cortes.
Colombia, a pesar de sus complejos y sangrientos conflictos internos tanto en la región como en el contexto mundial, es uno de los países con mayor vida institucional con casi ya 200 años de régimen democrático, escapando así de gobiernos dictatoriales y regímenes militares que tanto daño e inestabilidad han causado a países vecinos.
Con la nueva Constitución la Justicia como poder público subió de status, pero también comenzaron nuevos problemas derivados en parte de su renovado vigor institucional y de sus nuevas funciones electorales. De ahí que no son pocas las dudas sobre decisiones y fallos controversiales de las altas cortes en las últimas dos décadas. Dos grandes ejemplos de muchos son los fallos de la Corte Constitucional en temas económicos y sociales, que han impactado de manera clara la sociedad colombiana, como los relativos a las pensiones y a los derechos fundamentales amparados por la Constitución, y el otro ejemplo es la Corte Suprema de Justicia que se echó al hombro la judicialización de la política y como todo proceso complejo de esta índole, ha dejado y sigue dejando profundas heridas, interrogantes y cuestionamientos.
En Antioquia -por ejemplo- procesos hasta cierto punto conexos se dirigieron contra políticos con una trayectoria consolidada y en ascenso, como es el caso de Luis Alfredo Ramos Botero, cuyo proceso en la Corte cobró impulso cuando anunció su aspiración a la presidencia; el de Oscar Suárez Mira, a quien la Corte le abrió proceso por enriquecimiento ilícito -cuando ya el tema había sido desatado a su favor en proceso anterior- cuando anunció su aspiración a la Gobernación de su departamento, y el de Óscar Arboleda Palacio, a quien la dilación interminable de las actuaciones ante la Corte Suprema terminó minando su salud, tragedia que tambien afectó a otro destacado antioqueño como Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, ambos fallecidos sin resolución de sus procesos.
La vigencia interminable de los procesos en la Corte sin decisión definitiva, no sólo afectó aspiraciones y carreras políticas, también acabó con la salud y la vida de valiosos Antioqueños.
Los términos de la Corte no solo se han vuelto eternos si no antijurídicos, inciertos y en ocasiones hasta absurdos, porque para algunos las actuaciones avanzan según los calendarios electorales. Hay investigaciones en las nuevas salas que ya completan más de un año de creadas sin decisiones de fondo, y las explicaciones de los magistrados no atienden el interés superior de la administración de justicia, aludiendo a altas cargas de trabajo, o decretando reiteradas suspensiones de términos, como si esas situaciones estuvieran por encima de los derechos fundamentales de los procesados y sus familias, quienes deben padecer el dolor personal y moral que generan estas dilaciones.
En cualquier caso, si existen delitos con pruebas concretas, se deben emitir los fallos, pero el sistema no puede contribuir a dilatar procesos afectando la vida personal y la confianza en las instituciones que lastima la credibilidad en nuestros sistema democrático.
Las Cortes (así como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) se volvió mediática, pero sólo para anunciar capturas, llamados a indagatoria o medidas de aseguramiento, luego de los anuncios y las filtraciones selectivas de audios y piezas procesales, los expedientes pierden interés y se acumulan en los despachos por varios años sin resolución de fondo.
Se volvieron más mediáticas las capturas de políticos que de reconocidos líderes del crimen organizado y la Corte, que antes se pronunciaba por autos y sentencias, ya era común que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la sala penal salieran en ruedas de prensa hablando sobre investigaciones y procesos.
La afectación de la imagen del poder judicial en el país es evidente y se suma al los recientes problemas de poder ejecutivo y legislativo para responder a las necesidades de los ciudadanos. Pero el poder judicial es piedra angular de las democracias y de la estabilidad institucional, por eso las nuevas salas y la actual Sala Plena –cuyos integrantes ya poco o nada tiene que ver con los cuestionados integrantes del “Cartel de la Toga”- tienen la enorme responsabilidad de rescatar la credibilidad, la juridicidad, la confianza y la estabilidad de la rama. Importante labor teniendo en cuenta los cuestionamientos de la opinión pública sobre actuaciones contaminadas de política, corrupción y malas prácticas judiciales, así llamo la atención sobre el reiterado irrespeto a los términos que ya ha hecho carrera en la Corte Suprema de Justicia y principalmente en la sala de casación penal.
Los colombianos nos merecemos de las Cortes, decisiones serias, jurídicas, oportunas, con el profesionalismo que debe caracterizar a estas instituciones, y no solo producir determinaciones influenciadas por medios de comunicación, intereses políticos y económicos, solo así dichas Cortes retomarán el liderazgo, en el contexto moral e institucional del país que tanto lo necesita.
