Opinión

La consulta insulsa

Bastante rimbombante fue la aprobación de la llamada “Consulta Anticorrupción” para el próximo 26 de agosto, ya que luego de haberse escogido presidente el 17 de junio pasado, muchos colombianos tienen los ojos puestos en ese próximo llamado a urnas.

Ahora, hay que señalar que si bien a simple vista es una consulta anclada a la mejor de las causas, porque en últimas esta simboliza el imaginario de desgaste existente en la ciudadanía en relación a cierta clase de política nefasta con la que cuenta Colombia, también es adecuado entrar a observar el pragmatismo real que representa y los intereses que hay detrás de ella.

En cuanto al pragmatismo, es adecuado comenzar mencionando que la sustancia de los 7 puntos es en su mayoría poco novedoso para el marco jurídico nacional. De hecho, se podría establecer a simple vista que solamente 2 de las 7 preguntas tendrían algún grado de novedad, que son la que alude a los salarios de altos funcionarios como la que va dirigida al tope de tres periodos para las elecciones de las corporaciones populares. La mala noticia es que estas dos medidas involucran por una parte reformas de índole constitucional, algo que desborda los “dientes” de la consulta, y además no garantizan de manera directa atacar la corrupción.

Y es que la consulta tiene una serie de limitaciones claras en cuanto a su poder vinculante, para ser más precisos, por más que se le diga “si” a los 7 mandatos de la consulta, el congreso debatirá tales asuntos para darles trámite. En este escenario pueden surgir diversas posturas, algo que puede ocasionar varios resultados jurídicos.  

Ahora, los otros 5 puntos de la consulta es fácil encontrarlos ya dentro de nuestro sistema de leyes. Solo falta echarle un ojo a la Ley 190 de 1995, la Ley 80 de 1993, la Ley 1882 de 2018, la Ley 1474 de 2011, por citar ejemplos. En otros términos, la consulta no tiene el peso suficiente para atacar realmente la corrupción, sea por el peso factico que conlleva y porque es básicamente repetitiva en el plano normativo.

De otro lado, es innegable que el interés de esta consulta se encarna en personalismos claramente marcados, inocultable es que representa las aspiraciones políticas de ciertas figuras públicas, como es el caso de la ex senadora Claudia López, quien fue recientemente candidata vicepresidencial y tiempo atrás aspirante presidencial, y que según comentarios provenientes de varios círculos políticos está altamente interesada en ser alcaldesa de Bogotá.

Es así como se puede interpretar que toda la recolección de firmas, la figuración en la opinión pública y general toda la participación mediática que se decanta de la “Consulta Anticorrupción”, le sirvió a López en su momento para su frustrado anhelo presidencial, pero seguramente le dará un mayor redito en su futura aspiración al mayor cargo de la ciudad de Bogotá. El cálculo político es simple, la consulta le va permitir a Claudia López saciar sus intereses electorales de cara al futuro cercano al continuar teniendo vigencia política durante un tiempo importante.

En otros términos, esta consulta es una politización de las nobles y más importantes causas, como es la lucha contra la corrupción. Me atrevería a decir que en parte es un manoseo a los mecanismos de participación, al igual, que representa un juego con el inconformismo ciudadano y la impotencia que sienten los colombianos al ver como la corrupción desangra el erario público.

En definitiva, esta consulta no causará mayor efecto real tanto a nivel jurídico como político. Por ello, es más relevante otro tipo de acciones contra los corruptos, como castigarlos en las urnas, hacer el escarnio público necesario a los ladrones de cuello blanco, movilizarse contra todos esos que literalmente se roban al Estado, convertir a los ciudadanos en verdaderos veedores del gasto, exigir cuentas claras al accionar de los partidos políticos, velar por el oportuno cumplimiento de las herramientas jurídicas contra la corrupción, entre muchas más que se pueden hacer para obtener resultados tangibles y que no necesariamente van a costar cerca de 300 000 millones ni que mucho menos estarán sujetas a determinados intereses de políticos de turno.