“La cleptocracia que se vive en Colombia actualmente es un sistema diseñado para robar. Los políticos de turno adaptados a este cuestionado sistema parecen disfrutar de cada peso que se roban de las arcas del Estado y no lo peor de ello es que no les pasa nada”
La cleptocracia en Colombia es un tema inevitable como lo ha sido la violencia y el narcotráfico. No es un secreto que nuestro país es uno de los mas violentos del hemisferio occidental y uno de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, pero este modo de corrupción también es un problema latente e ineludible.
Colombia es una gran olla a presión donde se cocinan problemas como: un conflicto armado con las guerrillas más antiguas del mundo, constantes casos de violación de Derechos Humanos, asesinatos consecutivos de líderes sociales, auge de grupos paramilitares y de Bacrim (Bandas criminales) y como si fuera poco, la cleptocracia, derivada del proceso de corrupción en el Estado colombiano.
El Canal de televisión colombiano Canal 1, en una de sus redacciones digitales (16 de enero de 2020) hace alusión a un estudio realizado por U.N. News (medio de comunicación estadounidense) , que ubica a Colombia en el primer lugar en la lista de los países más corruptos del mundo. Este flagelo, en nuestro país, no parece dar tregua, pues muchos gobiernos, consecutivamente, en nuestra nación se han visto involucrados en casos alarmantes de corrupción, problema que me ha conllevado a considerar que la honradez no parece ser el valor o imperativo categórico por excelencia de los políticos que han estado administrado el Estado colombiano sino que todo lo contrario, al Estado no lo han administrado hombres honrados o íntegros sino una banda de ladrones.
La cleptocracia que se vive en Colombia actualmente es un sistema diseñado para robar. Los políticos de turno adaptados a este inescrupuloso régimen parecen disfrutar de cada peso que se roban de las arcas del Estado y lo peor de ello es que a tales sujetos no les pasa absolutamente nada. Es, como si los órganos de control pertenecientes al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) creadas con el fin de velar por el buen uso de los recursos públicos, se hicieran de la vista corta en algunos casos y procesos de corrupción presentados en los gobiernos de turno.
Debido a mi preocupación me surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué ha pasado en el casos de los fondos perdidos en los sobrecostos en la remodelación de la refinería de hidrocarburos de Cartagena (REFICAR)?, ¿en el caso de corrupción con Agro Ingreso Seguro?, ¿en el caso de corrupción del Carrusel de la contratación en Bogotá?, o ¿en el caso de la perdida de los setenta mil millones de pesos en el ministerio de las TIC? Hasta el momento solo sabemos, según el reporte de la Procuraduría General de la Nación, que las perdidas monetarias por la corrupción en el sobre costo de la Refinería de Cartagena ascienden a más de 8.000 millones de dólares convirtiéndose éste en el caso de corrupción más grande en la historia del país. Para el caso de Agro Ingreso Seguro, otra olla podrida en Colombia, fue una línea de créditos FINAGRO o del Gobierno colombiano para entregar prestamos con bajas tasas de interés a agricultores colombianos. Este programa fue diseñado y ejecutado por el entonces Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez. En este programa, la Procuraduría General de la Nación encontró varias irregularidades, entre las cuales figuran: contratación sin los debidos estudios, irregularidades en los métodos de contratación, actos de corrupción, beneficios indebido para algunas familias terratenientes del país, falta de supervisión de los programas, detrimentos del erario publico y para el colmo, un aumento indebido de los recursos destinados al programa de gobierno.
Este caso, ha sido uno de los escándalos de corrupción más sonados, después de REFICAR. El caso salpicó a familias del Magdalena y del Valle del Cauca, e inclusive, a personajes como fue el caso de la familia de la ex señorita Colombia Valerie Domínguez quien recibió un subsidio por la suma de 2.200.000.000 millones de pesos para el año de 2009, según la Revista Cambio de Colombia.
Delimitándonos en estos dos casos de corrupción, de los innumerables que se han presentado a lo largo y ancho de este país, podemos entender que la cleptocracia y la cleptopolítica existente en Colombia no tienen límites ni pudor. En este último caso que hemos analizado por ejemplo, podemos observar la corrupción latente de la política en Colombia. Es inaudito que nuestros políticos (aquellos que supuestamente nos representan ante el Estado colombiano) se presten para tal infamia; desbancar el Estado para beneficiar a unos pocos económicamente. Cuanta razón tiene Juan Jacobo Rousseau quien en su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, sostiene que “los antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y de virtudes; los nuestros solo hablan de comercio y de dinero”.
A demás del conflicto armado, del narcotráfico, entre otros vejámenes más, podríamos asegurar que la cleptopolítica es el verdadero cáncer que padece el Estado colombiano. Si bien este flagelo tiene sus antecedentes desde las sociedades antiguas con los babilonios, los hebreos, los griegos y romanos, actualmente podemos consentir y estar en común acuerdo todos los autores que estamos trabajando este tema en especifico que la corrupción es el látigo que lacera el cuerpo del Estado moderno-contemporáneo.
Muchos de los casos de corrupción que se han destapado en Colombia al principio se muestran como una causa de buena intención. Uno de ellos fue el programa de gobierno ya mencionado (Agro Ingreso Seguro) y otro es el controversial PAE (Plan de Alimentación Escolar) que desde el 2015 la Contraloría General de la Nación ha hecho publicas múltiples pruebas que dejan en evidencia la corrupción en este programa cuya finalidad por parte del gobierno del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos era el de patrocinar la alimentación en todo el país de los estudiantes pertenecientes a los estratos sociales 1, 2 y 3 de la nación. Fueron casi 2.060 auditorias que se realizaron durante casi cuatro años que dejaron un total de 4.250 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de 21,68 billones de pesos. En este proceso están en inmiscuidos muchos gobernadores del país, como son los casos de Rosa Cotes gobernadora del Departamento del Magdalena a quien se le implica un proceso por la pérdida de 1.744 millones. Al igual que Cotes también está Camilo Ernesto Romero gobernador del Departamento de Nariño implicado en un proceso fiscal por la pérdida de 470 millones de pesos y al igual que estos dos personajes se encuentran muchos políticos y funcionarios públicos. La finalidad de este programa era alimentar a los niños más pobres del país pero terminó alimentando la codicia de estos individuos y es que Carlos Alberto Brioschi autor de la obra Breve Historia de la Corrupción sostiene que “La convivencia entre buenos propósitos y acciones poco virtuosas es un síntoma tradicional de una sociedad corrupta”.
En los casos anteriores se puede apreciar una desproporción existente en la moralidad de los administradores del Estado colombiano. Estos casos arrojan un récord en los mayores procesos de corrupción de alto nivel en toda Latinoamérica, eso, sin mencionar el Caso Odebrecht donde también se ven salpicados importantes políticos de casi todas las casas políticas tradicionales del país.
Para culminar, me gustaría dejarte este interrogante: ¿Te gusta que te roben? Pues a ciencia cierta creo que a nadie le gustaría que le robaran y menos de la manera tan descarada y obvia como lo han estado haciendo los políticos cleptómanos colombiano, quienes haciendo uso de sus facultades viciadas utilizan las arcas del Estado como su billetera personal. ¿Cuánto dinero se roban los corruptos anualmente en Colombia? el medio informativo Portafolio realizó un cálculo el 25 de agosto de 2018 y según este medio en Colombia anualmente se están robando 50 billones de pesos, dinero que serviría para solucionar más de la mitad de los problemas existentes en el país.
La cleptopolítica en Colombia no tiene límites y hasta el momento todos los esfuerzos realizados por las instituciones de control y vigilancia del Estado parecen ser inútiles. Son como medicamentos paliativos para calmar el dolor en un enfermo de cáncer terminal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hasta el momento, levantar nuestra voz de protesta en contra de la cleptopolítica colombiana.
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