Las encuestas han esclavizado a la opinión, pues en lugar de registrar la actividad democrática del país, se han convertido en sus determinadoras.
Medir las preferencias políticas resulta fundamental, en especial para entender la relación de la ciudadanía con el Estado, con quienes nos gobiernan y las políticas públicas que proponen. Los números y las estadísticas —lo que los gringos ahora llaman el “Big Data”—, son el nuevo factor que determina cualquier estudio serio e importante que se haga sobre cualquier materia. Por ello Mark Zuckerberg, el precoz creador de Facebook, está en problemas con el Congreso norteamericano y el Parlamento Europeo por traficar con los datos, preferencias y demás emociones que quedan registradas por los usuarios en su enorme plataforma.
Sí, debemos medirlo todo, pero a qué costo y de qué manera. La proliferación de encuestas y formas de medición, así como la cantidad de gente que ahora se presta para contratarlas —muchos con propósitos inescrupulosos— ha generado dependencia de la opinión de estos mecanismos. La elección presidencial del día de hoy es muestra de esta profunda complejidad y será recordada por muchas generaciones, por el momento histórico que marca, pero también porque es la primera vez que los votantes colombianos tenemos conciencia de ser reos de las encuestas.
Como correctamente ha señalado el encuestador César Caballero, las encuestas no son un medio para predecir el futuro, son una fotografía de cómo podrían resultar las cosas si las elecciones se adelantaran al día de su publicación. Aun así, son las encuestas las que han determinado el voto de gran parte —por no decir toda— de la opinión. El primer damnificado, Germán Vargas Lleras, quien desde hace unos meses aparentemente perdió apoyo de la opinión por el supuesto crecimiento de Petro, envió a muchos de sus seguidores a las oscuras huestes del Centro Democrático, asustados con la probabilidad del triunfo del exalcalde. Sergio Fajardo y Humberto de la Calle han sufrido lo suyo también, pues, a pesar de representar opciones deseadas por gran parte de la opinión, según las encuestas, han perdido votos por cuenta de quienes nos seguimos resistiendo a que vuelva a reinar el uribismo, con su máquina de abusos, corrupción, ilegalidades y amenazas a la institucionalidad, o quienes se creen el cuento de que Petro nos volverá Venezuela.
Lo peor de este poder que ahora tienen las encuestas es que en Colombia y el mundo se han equivocado, dando por ganadora a Hillary Clinton, al Sí en nuestro plebiscito, a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, al cristiano Alvarado en Costa Rica; todos ellos certeros perdedores. El encuestador de inocultable uribismo Martín Orozco atribuyó el error de las encuestas en el plebiscito de octubre de 2016 a la firma del acuerdo de paz en Cartagena “donde la opinión pública pudo ver, en un televisor, la demostración de que el grupo que se estaba desmovilizando no iba a tener penas así fueran mínimas”. ¡Qué tal! Si estos son los que miden…
Aunque las encuestas sirven para medir el voto de opinión, resulta imposible calcular todas las otras formas con las que lamentablemente se llenan las urnas. El “voto de estructura”, que no es más que una forma elegante de referirse a la compra de votos, es imposible medir por encuestas, pues es una práctica común pero silenciosa, que además ocurre muy poco antes del voto. El mundo de la ilegalidad es muy difícil de medir. Agréguese que los encuestadores adelantan una actividad poderosísima sin ningún control: quiénes los financian, cuáles son sus cuentas, qué preferencias políticas tienen; esas preguntas no las han respondido, pero de algunos de ellos se conocen sus militancias partidistas y empresariales.
Ojalá que luego de esta elección de hoy nos liberemos del terrible calabozo de las encuestas, que tanto se prestan para favorecer a los inescrupulosos y que trafican con el importantísimo bien que hoy celebramos: nuestra democracia.
Adenda. Aunque sea discutible la decisión de los magistrados de la JEP de suspender la extradición de Santrich, en lo que sí tienen razón es en exigir a la Fiscalía que entregue las pruebas contra el exguerrillero. Justicia secreta no hay.
