La Resolución 3100 del Ministerio de Salud ha sido objeto de debate y preocupación en el gremio odontológico. Sus intenciones son legítimas y pretenden asegurar que los estándares de habilitación no afecten la continuidad y estabilidad de su trabajo, sin afectar las condiciones mínimas de atención ni restringir el acceso de las personas con discapacidad a la atención de este importante servicio de salud.
Buscan los odontólogos concertar modificaciones a la Resolución 3100, que estén acordes con las características y contextos de su práctica de odontología independiente. Es importante mantener el principio de proporcionalidad y efectividad en la exigencia de estos estándares de habilitación, que sean coherentes con la realidad de la práctica odontológica privada y no se exijan criterios inalcanzables para el sector.
Hay una falacia de la falsa disyuntiva que se encuentra en el espíritu de la normatividad, según la cual los consultorios odontológicos privados no cuentan con determinadas condiciones de infraestructura y, por lo tanto, se vulneraría el derecho a la salud de la población en situación de discapacidad. Ciertamente, es responsabilidad del Estado ser garante del derecho a la salud y la accesibilidad de todas las personas, incluyendo aquellas en situación de discapacidad, a través de redes integrales e integradas de servicios de salud con atención diferencial para esta población. Por lo tanto, es necesario contar no solo con una infraestructura adecuada, sino también con un talento humano en salud con formación y competencias para atender a esta población de manera integral.
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El gremio de los odontólogos hace a mi consideración, un justo reclamo y por ello es necesario que se aplace la autoevaluación y las visitas de verificación de condiciones de habilitación hasta que se llegue a una concertación para modificar la Resolución 3100 de 2019. De esta manera, se podrían evitar malentendidos y malinterpretaciones que puedan generar incertidumbres innecesarias entre los profesionales de la odontología.
Que los procesos de referencia y contrarreferencia que los profesionales independientes han organizado en sus consultorios sean tan claros y válidos para el Ministerio de Salud como para darle cumplimiento a una normatividad que si no se tiene presente, perjudicaría a un gran número de odontólogos en el país.
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