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Justicia injusta

Un pilar fundamental de cualquier estado que se denomine democrático es la independencia de su sistema judicial.


Luego de haber pagado alrededor de 43 millones de pesos a la alcaldía mayor de Bogotá por los daños causados a una estación de Transmilenio durante el Paro Nacional del 2019, el Tribunal de Bogotá condenó a Daneidy Barrera “Epa Colombia” a cinco años de cárcel, le imputaron delitos como daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación en servicio de transporte público.

La noticia causó revuelo en algunos sectores puesto que había reconocido su error, pidió disculpas públicas, asumió los gastos y creo una empresa para generar empleo, sin embargo, al parecer esto no fue suficiente para algunos que apelaron a la multa impuesta y llegaron hasta las últimas instancias. Este nuevo caso en la justicia colombiana abre de nuevo el debate sobre si nuestro sistema judicial está privilegiando a una clase e ignora y oprime a otra.

Si bien, después de la condena debe haber un proceso de reintegración y resocialización a la vida civil, pero cuando la acusada avanza en su proceso de resocialización de manera exitosa, reconociendo errores y buscando formas de reparación y no repetición ¿Por qué esta pena tan desproporcionada? Y peor aún ¿Por qué la justicia colombiana no ha actuado en casos como el de Andrés Escobar? Quien, siendo civil disparó abiertamente a manifestantes en las protestas de mayo. Aunque muchos pretendan decir que es exageración, nuestro sistema penal es clasista, elitista y sirve a la clase burgués.

En el paro nacional una de las tantas cosas que pedía la gente era que se acabara la corrupción y la injusticia social, ¿Qué visión creen que se llevan los marchantes al ver que la justicia actúa en unos casos y otros no? ¿En serio algunos creen que se puede tener alguna legitimidad ante un sistema así?

En un Estado Social de Derecho, las decisiones judiciales deben respetarse y acatarse, pero en un país como el nuestro, donde la justicia está politizada y privilegia a una clase social, no puede hablarse de respeto a la justicia y de paso a la institucionalidad. Es triste, que en un país tan polarizado como el nuestro, la justicia cada día que pasa pierde legitimidad y credibilidad, cuando callan ante hechos bochornosos como lo es que a la ministra de las TICS se le embolaten 70 mil millones de pesos y que no pase absolutamente nada.

Una reforma estructural es lo que necesita nuestro sistema judicial, un sistema incluyente, fuerte, que no excluya ni privilegie a nadie, que llegue a todos esos lugares de la Colombia olvidada y que no solo sea para actuar con retaliaciones a quien sea un obstáculo para el poder, porque sin duda alguna un pilar fundamental de cualquier estado que se denomine democrático es la independencia de su sistema judicial.